En la tarde de ayer distintas agrupaciones socioambientales se concentraron en Plaza Independencia y se manifestaron contra la privatización por decreto de más 12.000 hectáreas de terreno cordillerano.
Domingo 13 de febrero de 2022 13:41
El 23 de diciembre a través del decreto 2.138/2021, Rodolfo Suárez gobernador de Mendoza, le otorgó 12.315 ha a la empresa Azufre S.A. para llevar a cabo un proyecto y la realización de un centro de ski exclusivo. La noticia generó un gran repudio en la sociedad mendocina ya que gran parte de la superficie en cuestión está cubierta por glaciares, vertientes y humedales. Una fuente de agua dulce fundamental para las futuras generaciones, más aún teniendo en cuenta la emergencia hidrica en curso, como lo explica Federico Soria en su informe.
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El motivo de la concentración fue generar conciencia sobre la gravedad de esta privatización, recolectar firmas y comenzar a tomar acciones que logren frenar esta nueva avanzada inmobiliaria. Participaron Viernes por el Futuro, distintas Asambleas por el Agua, Hydrion, Jóvenes por el Clima y la Juventud del PTS.
En Malargüe también militantes ambientales y políticos, pobladores rurales, artistas y habitantes, se manifestaron y marcharon por el centro de ese departamento contra la decisión del gobierno provincial y la omisión del gobierno nacional. Incluso el ministro nacional de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas está en conocimiento de la entrega de estas más de 12.000 hectarias desde diciembre pasado, cuando viajó a la provincia para analizar con Rodolfo Suárez la agenda de "reactivación productiva de Mendoza", es un dato imporante ya que él como otros funcionarios nacionales, tienen la facultad (y la obligación) de rechazar o no la asignación precaria que hizo la provincia de estas tierras.
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La entrega de bienes naturales estratégicos y riquezas a grandes terratenientes privados amigos del poder y al extractivismo no es una política propia del gobierno de Mendoza. Si no que es un fenómeno que avanza en todo el país, como está evidenciado en la Patagonia y en cada lugar donde el pueblo trabajador no puede vacacionar porque el acceso está restringido.
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Otro ejemplo es el caso de Joe Lewis que se apropió de un lago, limitando todos los accesos y haciendo caso omiso a las leyes. Lo que demuestra una gran complicidad del Gobierno nacional y su responsabilidad política. Así lo denunció Carolina Alvarez "el gobierno del Frente de Todos es responsable de que la Ley de Humedales haya perdido estado parlamentario, si tuviésemos esa Ley, Suárez no podría entregar los humedales altoandinos".
