Verónica Zaldívar @verodivar
Miércoles 11 de noviembre de 2015
Noche de martes. El intendente electo de Merlo, Gustavo Menéndez del Frente para la Victoria, se pasea por todos los canales ensayando explicaciones de por qué una toma de terrenos abandonados que lleva 20 días se convirtió en noticia esta semana. Su discurso es más moderado que el de horas previas, cuando él y el actual jefe comunal Raúl Othacehe, también peronista, se acusaron mutuamente de haber incentivado la toma para perjudicar al otro.
El cacique Othacehe gobernó el distrito como un feudo por más de dos décadas. Parte de la herencia que deja el “Vasco” es la de miles de vecinos viviendo en la más completa precariedad en decenas de asentamientos y barrios informales. Esta herencia en gran parte fue construida durante el kirchnerismo, por lo cual nada hace pensar que vaya a haber alguna mejora significativa con el cambio de intendente.
Mucha tierra, pocos dueños, viviendas insuficientes
El déficit habitacional es un problema acuciante en Argentina, y en particular en la provincia de Buenos Aires. Sólo en ésta última se habían contabilizado 1.048 asentamientos informales en el informe realizado por la ONG Techo en 2013 (el 57% del total a nivel país) considerando asentamiento al “conjunto de ocho o más familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a al menos dos servicios básicos, como agua corriente, energía eléctrica con medidor domiciliario o red cloacal"[i]. En ese momento se calculaba que alrededor de 325.837 familias vivían en estas condiciones en toda la provincia, concentrándose una gran parte en el conurbano.
¿Qué implica en concreto vivir en uno de estos barrios? Básicamente vivir en condiciones donde la salud y la propia vida peligran constantemente, ya que las pésimas condiciones de infraestructura significan la carencia de servicios básicos como agua potable o cloacas (con el consiguiente riesgo de enfermedades), además de estar más expuestos a sufrir brutales consecuencias ante precipitaciones abundantes y otros fenómenos climáticos que para estos barrios significan inundaciones y destrucción de casas. Esto quedó claro en las importantes inundaciones de este año, las del 2014 y sobre todo las de 2012, donde gran parte de los muertos residían en zonas con estas características. También son más frecuentes los incendios y derrumbes respecto a los barrios “formales”.
Ante esta situación, la tibia respuesta gubernamental viene siendo lanzar programas de créditos para vivienda o reformas en un número muy escaso y con condiciones que muy pocos pueden cumplimentar, prácticamente inalcanzables para sectores de trabajadores como los que se ven obligados a tomar un terreno porque no llegan a pagar un alquiler. Según un informe de 2012 de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas, para ese entonces se había concretado la insuficiente cantidad de 177.782 “soluciones habitacionales”, término que incluye créditos para reformas, es decir que oculta la verdadera cantidad de viviendas nuevas efectivamente realizadas a través de ellos, que es ridícula en proporción a la cantidad de habitantes de la provincia.
Merlo no escapa a esta realidad, y en el mismo informe Techo contabiliza casi 30 asentamientos en ese partido, en los que residen 8.512 familias. Al tope del bochornoso record en cantidad de personas viviendo en estas condiciones en el conurbano se encuentran localidades vecinas de Merlo: La Matanza con 26.700 familias y Moreno con 9.900, acompañadas con Quilmes en la zona sur con 35.000 familias en barrios precarios. El Gran La Plata es otra de las zonas más golpeadas por la crisis habitacional en la provincia.
Merlo se caracteriza por tener un gran porcentaje de tierras rurales, como el mismo intendente electo Menéndez reconoció en un debate previo a las elecciones, donde dijo que rondaban el 50%. Es el caso del gigantesco predio en estado de abandono y desuso que sirvió para que miles de personas comenzaran a asentarse los últimos 20 días, lo cual el mencionado Menéndez se encargó de denunciar para devolverlo a quienes ostentan el título de propiedad pero no lo utilizan.
Leyes que regulan la escasez
Los planes habitacionales ejecutados durante el kirchnerismo no apuntaron a resolver los problemas de raíz ni se concentraron en los 3 millones de personas que sufren la crisis habitacional de forma más acuciante, es decir quienes tienen más dificultades a la hora de pagar un alquiler y les resulta imposible acceder a un crédito hipotecario, además de vivir en condiciones paupérrimas. Tanto PROCREAR como otros programas apuntaron a sectores medios de la población, y la forma en que fueron implementados terminó llevando a un aumento en los valores de los terrenos urbanos disponibles y en las viviendas existentes para la venta.
Hace menos de diez días el gobierno impulsó la aprobación de una Ley de Regularización Dominial en Diputados, que debe tratarse aun en la Cámara de Senadores. Esta ley habilitaría a las provincias que adscriban a otorgar títulos de propiedad a quienes no los tengan y cumplan ciertos requisitos, como habitar su casa desde antes de enero de 2015.
Más allá de que de implementarse esto redundaría en algo positivo como es la posesión del título a un sector de familias que no lo tienen actualmente, el problema que presenta es que no viene de la mano de una serie de medidas urgentes para garantizar la sensible mejoría de las condiciones de vida en los barrios informales, sumado a que se abre la puerta a que esas propiedades pasen a ser objeto codiciado por los especuladores inmobiliarios y terminen vendiéndose las viviendas para darle un uso más “redituable” en términos del capital inmobiliario a las zonas ya “formalizadas”. Esto es especialmente preocupante en varias áreas que por su ubicación estratégica están hace rato en la mira de los desarrolladores urbanos, que se ven impedidos actualmente de usarlas para su beneficio.
El crecimiento de villas y asentamientos corrió paralelo al incremento de la cantidad de barrios cerrados y countries, y ambos tipos de concentración urbana tienen una relación inversamente proporcional entre cantidad de habitantes y metros cuadrados ocupados. Esto es especialmente notorio en la provincia de Buenos Aires, donde se propició la instalación de innumerables emprendimientos que en muchos casos ocuparon zonas que previamente servían para la absorción o desagote del agua de las precipitaciones, motivo por el cual las zonas (pobres) aledañas se volvieron cada vez más inundables. El poder político no fue ajeno a estos procesos, sino que hay funcionarios de los distintos gobiernos o gente de su entorno involucrada directamente en estos redituables negocios.
En lo que a políticas públicas de vivienda se refiere, los déficits no pueden ocultarse con la creación de nuevos organismos gubernamentales o la formulación de leyes que en muchos casos luego no se aplican, como ocurrió con la de Acceso Justo al Hábitat en la Provincia de Buenos Aires; ni ésta ni las que le siguieron y precedieron tocaron los intereses de los grandes terratenientes como la Iglesia o los grandes desarrolladores urbanos, que posee tierras que le son negadas a los millones que no pueden acceder a un techo propio. En el abandono a su suerte de millones de personas es que debe buscarse el origen de cada nueva toma de tierras o viviendas, donde quienes arriesgan todo por encontrar un techo son quienes saben que poco les queda por perder.
[i] https://.mapaasentamientos.com.ar
