En los últimos días, un conjunto de designaciones, entre las que hay militares de la dictadura, retirados y defensores de genocidas que integran la AFI, el ministerio de Seguridad y el gobierno de Jujuy, profundizan la política del macrismo a favor de la reconciliación, la teoría de los dos demonios y en defensa de los asesinos de los 30 mil desaparecidos.
Gloria Pagés @Gloria_Pages
Martes 26 de enero de 2016
Grave ya es poco. Hubo reuniones con organizaciones de defensores de los genocidas, declaraciones y foros que hemos denunciado y que los organismos de derechos humanos también hemos repudiado porque no vamos a retroceder un paso en la lucha contra la impunidad.
Macri y Cambiemos vinieron a intentar imponer un vuelta a la búsqueda de reconciliación con los genocidas y sus mentores. Hablamos ahora de funcionarios nacionales y provinciales con cargos de relevancia en carteras nada menos que ligadas a la “seguridad” que se pronuncian abiertamente contra los juicios a los genocidas y que tuvieron activa participación en su defensa, y también un ex militar que fue parte de la dictadura en Jujuy. Vuelven también militares retirados a cumplir funciones de inteligencia.
Defensor de genocidas, mano derecha de Bullrich
El Ministerio de Seguridad tiene nuevo jefe de Gabinete: es el abogado Pablo Noceti, integrante de un estudio de abogados que defendió a Galtieri durante el Juicio a las Juntas. Estos abogados, Alfredo Battaglia y Luis Fernando Velasco, son miembros de la Corporación de Abogados Católicos, hablan de los genocidas sujetos a juicios de lesa humanidad como “instrumentos de revancha y de represalia política”, como indica en su edición de ayer el diario Página12.
Noceti, el flamante jefe de gabinete de Bullrich, fue también uno de los defensores de Fabio Iriart, el responsable máximo de la dictadura en La Pampa y ex comandante de la subzona militar 14, quien fue condenado por 31 privaciones ilegales de la libertad y 26 casos de tormentos. Fue también abogado de del coronel Néstor Omar Greppi, ex secretario general durante la dictadura del gobierno de La Pampa, y del ex policía Eduardo Angel Cruz, alias Cramer, que actuó en el circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo. Entre sus escritos de defensa a estos represores, Noceti se manifiesta contra la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, contra la nulidad de las leyes de impunidad y con planteos como que los delitos cometidos durante la dictadura eran “cosa juzgada” y en su condena “impera la legalización de una venganza”.
En Jujuy el jefe de Seguridad, milico de la dictadura
Se trata de Guillermo Siri, secretario de Seguridad de Jujuy, Guillermo Siri, quien supervisó y coordinó la detención de Milagro Sala. El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza denunció a Siri como el jefe de Regimiento 20 de infantería Cazadores de los Andes de Jujuy, quien también los “Consejos de guerra” de la zubzona 33 (Mendoza, San Juan y San Luis) comandada por Luciano Benjamín Menéndez, a quien le correspondía “el juzgamiento de las conductas subversivas y adjudicar las penas a los aprehendidos”.
Este genocida formó parte recientemente de la Fiesta del inicio de la Zafra en Ledesma junto al gobernador Morales. Nada menos que con Pedro Blaquier, el empresario (aún impune) responsable junto a los genocidas más de treinta desapariciones.
AFI: vuelven militares para cumplir tareas de inteligencia
Esta área del Estado, clave en lo que respecta a inteligencia y el espionaje vuelve a estar plagada de “uniformes”, indica ayer también Página12. Es que militares retirados, comisarios y subcomisarios retirados de la Federal y la Bonaerense fueron contratados en el último mes para reforzar la tan mentada “lucha contra el narcotráfico”, eufemismo que el macrismo utiliza para aumentar el poder represivo de las fuerzas de seguridad y hacer intervenir a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, como denunció la diputada nacional Myriam Bregman, medida no sólo inconstitucional sino que viola toda la normativa en la materia, que ya se había empezado a quebrar con el gobierno anterior.
En el caso de la AFI, según relata el periodista se trata de uniformados de íntima relación con el “Fino” Palacios, acusado de espionaje ilegal. Y afirma también que “esos hombres que provienen del Ejército y la Federal, cuentan con antecedentes en inteligencia más bien política. Es decir, en espiar las posibles marchas, cortes de rutas o acciones de las organizaciones sociales”.
El escándalo que un mes atrás causó la designación de Carlos Manfroni también el ministerio de Patricia Bulrrich, logró tirar para atrás su designación. Es necesario expresar de manera enérgica el repudio a estos nombramientos y a esta política abiertamente defensora de los genocidas, y sus voceros. Con la lucha de años logramos que las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fueran anuladas y se abrieran otra vez los juicios a los militares de la dictadura, aunque con innumerables limitaciones, parcialidades y lentitud en los procesos, y de que los civiles han quedado absolutamente impunes, además de cientos de genocidas que siguen siendo parte de las fuerzas de seguridad. La pelea contra la impunidad de ayer y de hoy sigue siendo en las calles, y hoy es necesario profundizarla ante la política del gobierno de querer reconciliarnos e imponer la teoría de los dos demonios.
