En entrevista, el Ministro de Hacienda se mostró preocupado por los efectos que podría tener en la macroeconomía las consecuencias de los incendios forestales, y salió en defensa de las empresas de dicho sector, descartando su responsabilidad, y sin cuestionar al polémico Decreto 701.
Jueves 2 de febrero de 2017
Rodrigo Valdés, ministro de Hacienda, se refirió en entrevista con el medio La Tercera sobre los efectos macroeconómicos que podrían tener los incendios forestales que hoy afectan gravemente a la zona centro-sur del país.
“Es pronto para saber el impacto macroeconómico de esto, pero sin duda vamos a tener ciertos efectos, que vamos a amortiguar con las distintas líneas de ayuda que tenemos”, manifestó Valdés, afirmando que en enero podría generarse un nivel más bajo en la producción. Ante la interrogante sobre qué sucederá con los empleos de las zonas afectadas, el ministro de Hacienda aseguró que existen mecanismos para “amortiguar” los efectos, dejando entrever la posibilidad que igual haya personas que queden sin empleo tras la catástrofe.
En palabras de Valdés, “la situación es lo suficientemente grave como para que se refleje en las cifras”, sin embargo, aseguró que existen “Fondos Soberanos” con “recursos significativos” y “saldos de caja” disponibles. Si existen estos fondos utilizables por el Estado chileno, los que supuestamente darían respuesta, ¿por qué aún hay personas sin soluciones desde el terremoto del 27F o, más actual, desde los incendios ocurridos en Valparaíso, muchas de ellas sin siquiera vivienda?
El ministro de Hacienda también tuvo tiempo para referirse a las empresas forestales. Según él, “no hay indicios de que las forestales tengan una responsabilidad particular en esto”, defendiendo un sector que durante años ha sido cuestionado por comunidades locales, por el pueblo Mapuche y por ambientalistas que denuncian el rol de estas empresas en la destrucción del bosque nativo y las masivas plantaciones de pinos y eucaliptos que objetivamente han propiciado la presencia e intensidad de los incendios forestales.
Sumado a lo anterior, Valdés hace oídos sordos a la exigencia de poner fin al Decreto 701, heredado de la Dictadura y mantenido por los gobiernos posteriores, asegurando erróneamente que “hace algunos años dejamos de tener el Decreto de Ley 701”. ¿En qué momento se supone que esta normativa dejó de regir?
Es más, durante el segundo gobierno de Bachelet, en el 2014, se anunció la prórroga (aplazamiento) del DL 701 bajo el argumento de que este incita a las plantaciones de árboles, por lo tanto, ayuda a “generar más aire limpio”. Dos años después, el Gobierno retrocede en su decisión debido al cuestionado caso que involucró a la familia Matte y su negocio forestal CMPC, conocido por la “colusión del papel confort”. Es así como se anuncia “un nuevo proyecto” que dejaría fuera a empresas grandes como la mencionada, y Celulosa Arauco (grupo Angelini), sin embargo, dicha iniciativa aún se encuentra paralizada en el Congreso y el DL 701 continúa igual de vigente.
Claramente, el gobierno no pretende cuestionar el feroz negocio de las empresas forestales, menos la participación activa del Estado chileno en subsidiar a familias de la burguesía como los Matte y Angelini, a costa de la destrucción del bosque nativo del país y el fortalecimiento de plantaciones de pino y eucaliptos que tanto han afectado a las zonas en cuestión.
En estas situaciones es cuando se demuestra que los gobiernos de los empresarios y de políticos corruptos- tanto de la Nueva Mayoría y de la Derecha- no buscan dar salidas de fondo en pos del pueblo trabajador y el medio ambiente. Al contrario, hacen oídos sordos a los cuestionamientos que van en dirección a las empresas y sus multimillonarios negocios; menos van a cuestionar las herencias de la Dictadura, como es el DL 701.
Sólo la clase trabajadora, las comunidades locales, y el pueblo Mapuche podrán dar respuesta ante esta grave problemática. Es urgente exigir que sean las empresas forestales las que se hagan cargo íntegramente de esta catástrofe, destinando todos los recursos necesarios para responder ante las necesidades de las personas afectadas, sin que el Estado siga subsidiando este negocio.
Por otra parte, las grandes empresas forestales, como CMPC y Celulosa Arauco, deben ser expropiadas y estatizadas bajo control y administración de trabajadores y comunidades, no se puede seguir permitiendo el negocio forestal a costa de la destrucción del medio ambiente y el saqueo de los recursos naturales del país. A su vez, se debe poner término al DL 701 de la Dictadura que sólo beneficia a las grandes forestales y normaliza tamaña destrucción.
En esta sintonía es que se está convocando a una movilización, este jueves 2 de febrero, “contra las forestales, el monocultivo y el Decreto de Fuerza de Ley 701”, en Plaza Italia a las 19.00 horas.
