El pasado 13 de diciembre se realizó en Montevideo un escrache al domicilio particular del general retirado Pedro Barneix, ubicado en el residencial barrio de Pocitos. Organizado por la Plenaria Memoria y Justicia y otras organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, el evento reunió a más de doscientas personas que marcharon por los alrededores del barrio alertando a los vecinos que “al lado de su casa hay un milico asesino”.
Miércoles 17 de diciembre de 2014
Este represor fue uno de los responsables de la tortura y muerte de Aldo “Chiquito” Perrini, popularmente conocido como “el heladero de Carmelo”, detenido el 26 de febrero de 1974 en Carmelo, y trasladado al Batallón de Infantería N° 4 de Colonia, donde murió el 3 de marzo de ese mismo año. A causa de la revocación de una sentencia, la Suprema Corte de Justicia ha permitido que este criminal evite ser encarcelado y siga gozando de libertad.
Durante su primera presidencia, Vázquez le solicitó información a Barneix, quien junto con el Gral. Díaz elaboraron un informe acerca de los desaparecidos en la última dictadura, donde afirmaban que no existían ya los restos de los desaparecidos, versión refutada posteriormente con la aparición de los restos de varios compañeros como Ubagesner Chávez Sosa o Julio Castro.
A la acción de la justicia uruguaya se suma la complicidad de los grandes partidos del régimen, que desde el Pacto del Club Naval a la actualidad, han venido manteniendo los obstáculos legales que impiden el juzgamiento de los militares, como la Ley de Caducidad. Y que solo se haya permitido juzgar a unos pocos militares emblemáticos, y que encima cuentan con el privilegio de residir en la cárcel vip de Domingo Arena.
Por estos días se ha abierto una polémica a partir de una serie de declaraciones del actual ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, quien ha sido ratificado para continuar en el cargo bajo el futuro gobierno de Vázquez. En varios medios, planteó que los integrantes de las fuerzas armadas uruguayas están conformes con su gestión por los beneficios y el buen trato que les ha dispensado. También atacó a quienes le recriminaron que dejara de beneficiar a los militares y de entorpecer las causas donde se juzgan crímenes cometidos en dictadura, vapuleando la incansable lucha de los familiares y víctimas por juicio y castigo a los culpables. Con esto, Huidobro va sumando adeptos para exigir su renuncia inmediata.
La Agrupación Universitaria Tesis XI de Humanidades (UdeLaR) no solo se hizo presente con una delegación, sino que difundió y militó la actividad entre el movimiento estudiantil universitario y entre los docentes de ADES Montevideo. Sebastián Artigas, miembro de la agrupación y familiar de desaparecidos, afirmó que “estamos con los familiares de Perrini, y nos vamos a seguir movilizando contra la impunidad con que se manejan estos milicos asesinos, tenemos que ser miles en las calles y construir un gran movimiento de derechos humanos que sea independiente del estado y los gobiernos de turno. El Frente Amplio ha demostrado ser cómplice de la impunidad, solo con un movimiento independiente podremos imponer nuestra pelea por el juicio y castigo”.
