La Federación de camioneros anunció para ese día una marcha, en lugar desconocido todavía. Cuando hay centenares de despidos en todo el país, pero con resistencia de los trabajadores, este anuncio se parece más a una respuesta al acoso judicial al que lo comienza a someter el gobierno.
Mirta Pacheco @mirtapacheco1
Jueves 25 de enero de 2018 00:00
La excusa es el “contexto económico desfavorable a los intereses y necesidades de la mayoría de los trabajadores de diversas ramas”, según el comunicado de la Federación de Camioneros que dirige, junto a su hijo Pablo, el ya septuagenario líder sindical, que lleva más de treinta años como único líder del gremio.
Es un reclamo absolutamente legítimo, tanto el planteo del "contexto económico desfaborable..." para los trabajadores, como la defensa de su Convenio Colectivo de Trabajo. Pero no es menos cierto que ese contexto desfavorable se viene deteriorándo ya desde el gobierno anterior, pegando un salto en estos últimos dos años y esa dirigencia está más preocupada por defender sus propios intereses, antes que el del conjunto de los trabajadores.
El trasfondo son las innumerables causas judiciales con las que el gobierno viene cercándolo, como parte de la ofensiva de Cambiemos sobre la burocracia sindical, basándose en el enorme enriquecimiento, gracias a diversos negociados de esos líderes (con tres de ellos tras las rejas: Omar “Caballo” Suarez –SOMU-, el “Pata” Medina-UOCRA- y Marcelo Balcedo –SOEME-), y el rechazo que generan en las bases obreras.
Es la forma que encontró el gobierno para presionar y acorralar a las cúpulas sindicales, frente a una reforma laboral como promesa a las grandes patronales, pero que encontró el límite del triunfo pírrico que obtuvo luego de aprobar una reforma previsional a puro tiros y golpes de la Policía Federal y la Gendarmería y que le está costando una baja sustancial en los niveles de aprobación.
A esto hay que sumarle los centenares de despidos que comienzan a encontrar una resistencia por parte de los trabajadores, a pesar de que la CGT solo atina a sacar comunicados y las distintas CTA mantienen esa resistencia sin unificar, dándole aire y un precioso tiempo a Cambiemos.
Así las cosas, no parece casual la fecha puesta por el moyanismo para el 22 de febrero. A principios de ese mes vence el plazo de gracia de 30 días de prórroga que el gobierno le otorgara a la licencia para operar a la empresa OCA, ligada a Moyano. Pese a la enorme deuda y los embargos hechos por la AFIP, la Justicia reabrió a fines del año pasado el concurso de acreedores, lo que destrabó los embargos, gracias a los pedidos realizados por el Ente Nacional de Comunicaciones.
No es muy difícil deducir que la fecha del 22 le da tiempo a Moyano para sostener o levantar la movilización, en función de lo que pase el 5 de febrero, cuando vencen los 30 días. Todo dependerá de si el ENaCom renueva o no la licencia del mayor correo privado del país.
Las causas judiciales
Otros parecen ser los tiempos en que Moyano jugaba para Macri, cuando supo ser opositor al kichnerismo.
Hoy es blanco de esa ofensiva gubernamental del gobierno, que además de ese “apriete” preventivo para imponer sus políticas, busca levantar su imagen acechando vía judicial a una dirigencia sindical que las bases de trabajadores miran con mucha desconfianza, porque viven sus vidas como millonarios, más cerca de las patronales y tan lejos de las carencias cotidianas del pueblo trabajador.
Por la tarde del miércoles se conoció la noticia de la imputación a Hugo Moyano y su hijo Pablo por fraude y asociación ilícita, en detrimento del club Independiente. Esta imputación la realizó la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI), elevándola al juez de garantías de Lomas de Zamora Gabriel Vitale. Esto es previo a una indagatoria. Luego el juez decidirá si los procesa o no.
A su vez, también hay una causa abierta donde se investiga si la familia Moyano lavaba dinero a través del club. Esto se dio a partir de que los ya imputados por asociación ilícita, sobre todo el jefe de la barra brava del rojo “Bebote” Alvarez –que declara como “arrepentido”-, los involucrara en las maniobras de lavado.
Como este delito es federal, la causa se envió al Juzgado Federal de Quilmes. También Alvarez habló de compra irregular de futbolistas en malas condiciones físicas, por cuyos contratos la comisión directiva cobraba dinero irregular. Todos buenos muchachos.
También se investiga, en el Juzgado N° 3 de Morón, las propiedades que el jefe de camioneros tiene en Parque Leloir. Se sospecha que hubo lavado de dinero por dos casas en ese barrio de Ituzaingó. Se presume que su compra fue gracias a sobre facturación realizada al sindicato de camioneros.
En esta causa se investiga a tres empresas: Aconra S.A. (rubro construcción), Dixey S.A. (dedicada a la fabricación de indumentaria y deportes) y Iarai S. A. (prestadora médica). Estas empresas tienen en su directorio a la esposa de Moyano, Liliana Zulet, y a sus hijos: Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet. Parece que todo queda en familia.
Las propiedades fueron compradas por esas empresas. Y adquiridas por más de 8 millones de pesos, se sospecha que tiene una elevada valuación fiscal.
Casualmente, o no tanto, esta denuncia fue presentada por un funcionario del primo del presidente, intendente de Vicente Lopéz Jorge Macri.
Por estos días, la ahora macrista, diputada Graciela Ocaña, que ya había efectuado una denuncia en este mismo sentido allá por 2011, va a ampliar su acusación.
Estas presuntas irregularidades son la base material de la que se vale el macrismo para atacar a los Moyano, y a diversos exponentes de la burocracia sindical.
Todos estos “carpetazos” se volvieron denuncias judiciales. Y la espada de Damocles que pareciera, por ahora, que estos dirigentes temen más que a sus propias bases.
Todo hasta que estas últimas muestren a unos y otros su fuerza potencial, imponiéndoles medidas de lucha para defender sus puestos de trabajo y la defensa de las conquistas que Cambiemos busca liquidar.
