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Red Internacional
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Impunidad. Murió José María Menéndez, acusado de la desaparición de obreros durante el Operativo Independencia

Hermano mayor de Luciano Benjamín Menéndez, estaba acusado por delitos de lesa humanidad durante el Operativo Independencia. El ex coronel fue procesado en 2021 por su rol como gerente en Norwinco en el secuestro de 12 obreros, de los cuales tres permanecen desaparecidos. Padre de Sebastián Murga, presidente de la Sociedad Rural de Tucumán y uno de los precandidatos de Juntos por el Cambio, espacio desde donde se mandaron condolencias por el represor.

Maximiliano Olivera @maxiolivera77

Domingo 15 de enero de 2023 13:00

El 11 de enero se conoció la muerte del represor José María Menéndez, a los 97 años en Yerba Buena, Tucumán. Menéndez estaba procesado por su participación en el secuestro, detención y desaparición de 12 obreros de la fábrica Norwinco, durante el Operativo Independencia. Coronel retirado, Menéndez fue gerente general de la empresa de electrodomésticos en el periodo en el que su hermano menor Luciano Benjamín Menéndez estaba a cargo de la ocupación militar en Tucumán, donde se ensayaron las políticas genocidas generalizadas tras el 24 de marzo de 1976.

La muerte de Menéndez pasó desapercibida, salvo por una serie de mensajes en las redes y sitios ligados a militares —donde es presentado como una víctima de un “proceso de persecución, venganza y exterminio,” en referencia a los juicios de lesa humanidad— y por los avisos fúnebres de La Gaceta. Allí se develó un vínculo de paternidad con Sebastián Murga, presidente de la Sociedad Rural de Tucumán y precandidato a vicegobernador de un sector de Juntos por el Cambio.

Publicación de Sebastián Murga con José María Menéndez en 2022. (www.instagram.com/sebastianmurga)

Este lazo, cuidadosamente reservado en los grandes medios, quedó expuesto en las condolencias de integrantes de la Sociedad Rural, familias tradicionales y referentes de Juntos por el Cambio. Germán Alfaro, intendente de la capital, y su esposa Beatriz Ávila, diputada nacional, expresaron sus condolencias, cómo así también Mariano Campero, intendente de Yerba Buena.

Avisos fúnebres publicados por Alfaro, Ávila y Campero. (lagaceta.com)

Tras varios años de una situación indefinida, Menéndez fue procesado partícipe necesario de los secuestros, tormentos y desapariciones de doce trabajadores de Norwinco, tres de ellos continúan desaparecidos. La investigación comenzó en base a testimonios de los trabajadores durante el juicio por la megacausa del Operativo Independencia.

Un genocidio contra los trabajadores

Tras el profundo descalabro producido por el cierre de 11 de los 27 ingenios azucareros, el gobierno de Tucumán implementó un régimen de beneficios para que nuevas empresas se radiquen en la provincia. Una de ellas fue Norwinco, subsidiaria de Winco, que construyó su planta en Bella Vista, empleando en su pico a 120 operarios para la producción de la línea de grabadores-reproductores de cinta y reproductores para autos (luego se incorporó la fabricación de motores y grupos electrógenos).

Con fábricas como Norwinco comenzaron a tener mayor peso los trabajadores metalúrgicos enrolados en la UOM (Unión Obrero Metalúrgica), donde comenzó a desarrollarse una fuerte oposición a la burocracia sindical encabezada por Florencio Robles. Robles no solo fue secretario general de la UOM, también condujo la CGT provincial y fue delegado regional del Ministerio de Trabajo en Tucumán durante el tercer gobierno peronista (1973-1976). En las elecciones gremiales la lista de Robles se imponía desde 1965 apelando a diferentes mecanismos fraudulentos pero estos mecanismos no fueron suficientes en la elección de 1972, cuando se proclamó nuevamente electo por el voto minoritario de delegados afines. Una asamblea de 800 trabajadores desconoció a Flores y reconoció a una nueva comisión directiva liderada por Juan Carlos Guía, militante del peronismo de base. Ese mismo día, un grupo de cuatro personas encabezado por Robles irrumpió en la sede de la UOM y disparó por la espalda a Guía, quien murió unas horas después.

Con ese escenario de fondo, los trabajadores de Norwinco realizaron diferentes huelgas y protestas durante su participación en el proceso antiburocrático contra Robles y también contra el vaciamiento de la fábrica. En la primera mitad de 1974, José María Menéndez, ya como coronel retirado, ingresó a Norwinco en calidad de Jefe de Relaciones Industriales. De acuerdo a testimonios obreros recogidos por la investigadora Ana Jemio, Robles mandaba guardaespaldas para proteger a Menéndez, incluso al acusado de haber disparado contra Guía.

En febrero de 1975, por un decreto secreto de Isabel Perón, se inició el “Operativo Independencia”, con la participación de todas las fuerzas represivas estatales y bajo la conducción del Ejército, donde se instauró la fase inicial del genocidio, con una metodología represiva de secuestro de personas, reclusión, tortura e interrogatorio en centros clandestinos de detención, su ejecución y posterior desaparición del cuerpo. Jemio señala que en aquellos días “los hermanos Menéndez habían ascendido en sus respectivos puestos de trabajo: Luciano Benjamín había pasado a comandar el III Cuerpo de Ejército y José María había llegado a Gerente de Norwinco. A estos logros familiares se sumó el del primo Mario Benjamín: será nombrado como el segundo jefe del Operativo Independencia”.

Presentado como un “operativo antiguerrillero”, el Operativo Independencia apuntó contra la insurgencia obrera y popular, no sólo contra sus organizaciones y principales dirigentes, sino también contra la organización en las fábricas y los lazos establecidos. En el caso de Norwinco, señala Jemio, “de los 120 trabajadores que hubo en la fábrica, fueron secuestrados 15, de los cuales 3 continúan desaparecidos. La mayoría de ellos (9) fueron secuestrados en agosto de 1975”.

Impunidad

12 de los 15 secuestrados de Norwinco ocurrieron cuando José María Menéndez fue gerente general. Menéndez fue responsabilizado por facilitar al personal de inteligencia militar el acceso a los legajos del personal, en los que figuraban los domicilios de donde serían secuestrados los operarios.

Luego de su paso por Norwinco, Menéndez fue nombrado como gerente general en, Grafa y Grafanor, dos empresas textiles del grupo Bunge y Born donde también se produjeron numerosos secuestros y desaparición de trabajadores, y luego estuvo en Altos Hornos Zapla (Palpalá, Jujuy). Luego la familia Menéndez adquirió Litoral Citrus, que había abierto en 1977, con plantas en Tucumán y Entre Ríos, durante su reapertura en los 90 bajo el gobierno del genocida Antonio Domingo Bussi.

José María Menéndez fue detenido por primera vez en 2012 junto con otros 34 imputados, que incluían a su primo Mario Benjamín Menéndez. Aquella denuncia había sido impulsada por Juan Carlos Camuñas, quien aseguró haber reconocido su voz durante los interrogatorios bajo tortura en el centro clandestino La Escuelita de Famaillá. El juez Daniel Bejas, sin embargo, consideró que las pruebas eran insuficientes y le dictó la falta de mérito.

Durante el juicio oral por el Operativo Independencia, finalizado en 2017, trabajadores de Norwinco que fueron secuestrados y torturados en distintos centros clandestinos se refirieron a la participación o bien a la responsabilidad de Menéndez en esos hechos, como gerente de relaciones industriales primero y como gerente general después. La fiscalía a cargo de Camuña profundizó la investigación y en 2019 pidió su procesamiento, que demoró dos años.

En agosto de 2021 el juez federal subrogante Fernando Poviña procesó como partícipe necesario de una docena de secuestros en 1975. Menéndez fue ubicado como partícipe necesario o primario en tanto “permitió o no impidió que personal ajeno a la empresa accediera a información esencial para identificar y ubicar el lugar de residencia de las víctimas”. Sobre los delitos de violación de domicilio, torturas, homicidio y asociación ilícita, Poviña consideró que no están demostrados y le dictó falta de mérito.

José María Menéndez llegó a las 97 años gozando de la impunidad y sin ser juzgado por su participación en el secuestro, tortura y desaparición de obreros. En su figura se unió el linaje familiar en el Ejército y los intereses de los grandes capitalistas, artífices del genocidio en el Operativo Independencia y la dictadura.

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