El pasado 9 de septiembre, en Ciudad Juárez la panista María Eugenia Campos Galván tomó protesta como gobernadora constitucional del estado de Chihuahua.
Viernes 17 de septiembre de 2021
Es la primera vez que una mujer toma protesta como gobernadora en Chihuahua, pero, ¿a qué intereses responde quien será nueva gobernadora?, ¿a qué mujeres beneficia el que esta mujer esté en la gubernatura?
En campaña, Campos Galván dijo estar a favor de las mujeres, pero con las que se reunió fue con las esposas de los grandes empresarios de larga data en el estado, con las empresarias que también participan de la expoliación de nuestros recursos naturales y de la explotación de la mano de obra juarense. Es evidente el engranaje conservador que van a mantener, pues un campo que reforzará Maru Campos será la seguridad: más poder a los cuerpos policíacos; además, se dará más campo de acción a la Iglesia y a las campañas pro-vida, lo que significa un ataque a los derechos de las mujeres trabajadoras y a la diversidad sexual.
En medio de una reconfiguración política en Chihuahua donde la derecha ultraconservadora pretende ponerse al frente de la política regional, una de las primeras decisiones del nuevo gobierno estatal es configurar la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, añadiéndole “atención a delitos contra la familia”. Con los cambios en estas dependencias estatales, la nueva gobernadora, que dice estar del lado de las mujeres, deja sin empleo a más de 200 trabajadoras y trabajadores precarizados, que son quienes terminan pagando las consecuencias de estas políticas de recorte.
Además, refuerza una política de familia tradicional y conservadora a través de la Fiscalía, donde las mujeres son las que sirven y solo atienden las tareas del hogar; del trabajo doméstico que no es remunerado y que permite la generación grandes ganancias para el capital. Esto nos muestra la cara más cínica que el panismo tiene para las mujeres: el recluirlas al hogar e inmovilizarlas para que no peleen por sus derechos. En su primer acto político en Ciudad Juárez, Campos Galván se presentó con pañuelo azul, manifestando públicamente su ideología retrógrada y antiderechos de “salvar las dos vidas” o más de defender el aborto clandestino.
En el contexto de la activación de Alerta por Violencia de Género en Chihuahua, la gobernadora propone un reforzamiento de la seguridad a través de los cuerpos policiacos y de las instituciones, que en más de 20 años de feminicidio en el Estado no han respondido a los clamores de justicia de las y los familiares.
Durante su campaña electoral, Campos Galván pregonó que el Escuadrón Rosa llegará a cada rincón del estado, escuadrón que contiene más policías supuestamente capacitados en materia de género, pero que ha demostrado que territorio que pisan, se convierte en territorio donde las mujeres son consideradas botín de guerra lo que aumenta el feminicidio, la desaparición forzada y las redes de trata. Una certificación de honestidad a los cuerpos policiacos no es garantía para las y los miles de trabajadores que viven en las calles la militarización.
En su periodo como presidenta municipal de Chihuahua capital, Maru Campos fue conocida por decir que el combate al feminicidio pasaba por reforzar la identidad de las mujeres, esto con cursos de cocina y costura. En un país donde asesinan a 11 mujeres al día, y donde esta cifra trastoca fuertemente a Ciudad Juárez y a Chihuahua, resulta una burla que el combate de Maru Campos al feminicidio sea precisamente que nosotras nos encerremos en nuestras casas sin pelear por lo que nos corresponde.
Ese es el papel que el Estado capitalista quiere que juguemos: el de víctimas impotentes que no pueden luchar y gritar, no el de sujetas revolucionarias que pueden cambiarlo todo.
Diversos grupos de feministas, que en su momento apoyaron al gobierno del exgobernador panista Javier Corral y se aliaron con su proyecto, han manifestado descontento ante las primeras decisiones de la nueva gobernadora en materia de género; el problema es que quieren plantear que la creación de la Fiscalía antes referida sería un logro del movimiento de mujeres en Chihuahua, cuando en realidad se trata de un brazo más del sometimiento que ejerce este sistema patriarcal sobre las mujeres trabajadoras. Hablamos de las mismas instituciones y organizaciones que dejaron sola a Marisela Escobedo enfrentando la impunidad del gobierno estatal, un claro ejemplo de que la justicia institucional es selectiva.
En anteriores entregas, mencionamos que la política institucional y de las ONGs para combatir la violencia de género, como el silbato para que las mujeres piten cada vez que se encuentran en peligro, las patrullas pintadas de morado, las campañas contra el acoso callejero (obviando el acoso sexual a obreras por parte de sus superiores en las fábricas), son impotentes, porque no empoderan y no instan a las mujeres a organizarnos políticamente en defensa de nuestros derechos.
Claramente esto no es conveniente para los empresarios y políticos, pues gran parte de sus ganancias son a costa de la explotación de nuestros cuerpos, sea en redes de trata, en las líneas de producción o en el trabajo sexual.
El género nos une, la clase nos divide
En realidad, la llegada de una nueva gobernadora no cambia en nada las condiciones para las miles de obreras de la maquila, ni con la configuración o no de una Fiscalía. El proceso para la obtención de justicia en casos de feminicidios y desaparición forzada es burocrático y tardío, mientras que la violencia doméstica se profundiza y en las maquiladoras no para el acoso laboral.
Las instituciones estatales cumplen un papel de protectoras de los intereses empresariales, no están para atender las problemáticas de las mujeres y combatirlas. Nuestra confianza debe estar puesta en los miles de mujeres jóvenes, obreras de maquila, maestras, enfermeras y demás sectores. Para combatir el feminicidio y la desaparición de nuestras jóvenes, es necesario conformar comisiones independientes, que realicen labores de investigación y se organicen en los barrios, centros de trabajo y escuelas.
Lejos de un avance, la llegada de la conservadora Campos Galván como gobernadora presenta un peor escenario, principalmente para las mujeres jóvenes y trabajadoras, por lo que debemos retomar el ejemplo de las miles de mujeres que han dado enormes luchas, de quienes salieron a luchar con independencia del Estado realizando paros laborales y movilizaciones, arrancándole al Estado burgués y sus instituciones algunos de los derechos más básicos para nosotras.
Como hemos visto, más allá de los discursos benévolos y supuestas diferencias entre el gobierno federal, representado por AMLO y su 4T y la administración panista de María Eugenia Campos, en relación a la política de la mujer no se diferencia mucho una de otra. Ambas recurren al refuerzo político y económico de los grupos policiacos y represivos, como son las policías, el Ejército o la Guardia Nacional, mientras que buscan bloquear el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo prohibiendo el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Es necesaria una política independiente de los partidos del régimen y sus instituciones, así como de las patronales y la Iglesia; una política que apueste por recuperar los métodos de lucha de la clase obrera como el paro y la huelga, por la movilización en las calles contra la militarización, las posiciones conservadoras antiderechos y por todos nuestros derechos como clase trabajadora.
