El prefecto filmado cuando ingresaba a la casa de Sergio Massa declaró, junto a otros agentes, que trabajaba para la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad. Sus tareas: espiar e informar sobre cortes y protestas. Los carpetazos en la guerra de servicios siguen enchastrando a oficialistas y opositores.

Lucho Aguilar @Lucho_Aguilar2
Viernes 13 de febrero de 2015
La historia comenzó hace más de un año. Un hombre encapuchado irrumpía en las imágenes de una cámara de seguridad, apoyaba una 9 mm con silenciador en la mesa, “barreteaba” la puerta, y finalmente entraba a una casa. Como si fuera un adelanto de la película de suspenso de la semana, la escena se repetía una y otra vez por los canales de TV. Es que el thriller tenía sus condimentos políticos: el “set de filmación” era la casa del principal candidato opositor al gobierno, Sergio Massa. En un country, obvio.
La primera parte de la saga, que muchos titularon “El prefecto ladrón”, terminó con una polémica entre el gobierno y el massismo sobre los entretelones del caso. ¿Robo u operación electoral? ¿Montaje de Massa y Juanjo Alvarez o mensaje del gobierno?
Pero la guerra de los servicios que rodea al caso Nisman le brindó una nueva oportunidad a los directores. Además de los crímenes y “suicidios”, los carpetazos son otras de las técnicas en este tipo de contiendas. Así llegaron los nuevos datos: Alcides Díaz Gorgonio, el prefecto ladrón, sería en realidad un espía de la Prefectura Naval Argentina.
De gorra (y capucha)
"Hacíamos un parte en el que constaba el tipo de protesta, quiénes las llevaban a cabo e informábamos inmediatamente a la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad". El testimonio, autoincriminatorio, corresponde a uno de los colegas de Díaz Gorgonio. Se trata de una sargento de la Policía Federal que, junto a otros tres integrantes de su fuerza, cuatro de Prefectura, dos de Gendarmería, y cuatro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, formarían parte de una mesa o “sala de situación”. Según la investigación, el grupo se encargaba de recabar información sobre "tomas, cortes de ruta o desapariciones", las cuales se remitían "a las direcciones de Inteligencia de cada una de las fuerzas, como así a la Secretaría de Seguridad".
El propio Díaz Gorgonio reconoce en diálogos mantenidos desde la cárcel que trabajaba en "la Dirección de Inteligencia Criminal".
Si todos estos hechos se comprueban, no harían más que confirmar lo que la izquierda y los organismos de derechos humanos vienen denunciando desde hace años, y probaron con la denuncia del Proyecto X y el militar infiltrado en las marchas de Lear. Que desde las agencias de inteligencia, incluso violando sus propias leyes, se hacen operaciones y persecuciones políticas. Y que desde la Dirección de Inteligencia Criminal que responde a Sergio Berni, encargada formalmente de "obtener, reunir, sistematizar y analizar información específica referida a actividades delictivas", se hace espionaje sobre las protestas sindicales y sociales. Las “actividades delictivas” serían, para Berni, las huelgas y movilizaciones.
El gobierno “de los derechos humanos” utiliza los pichones de Stiusso y Milani para criminalizar la protesta.
De la escuela del “Selva” Febres
La segunda parte de la saga, que podríamos titular “El prefecto buchón”, ya despertó polémicas. El fiscal asegura que los testimonios lo señalan como un “servicio”. El gobierno intentó desmentirlo. Según Berni, "Diaz Gorgonio nunca trabajó en la Dirección de Inteligencia Criminal (DIC)” y “no recibió capacitación en inteligencia”. No negó que sus agentes hagan espionaje, sólo que el prefecto no cobraba por esa ventanilla.
Es difícil conocer toda la verdad del caso. Justamente, la mafia de los servicios y el poder político que los maneja, se mueven en un mundo subterráneo, donde todo es secreto y no dejar pruebas es la regla número uno. Sin embargo, los datos más elementales, como el expediente de Alcides Díaz Gorgonio, dan bastante tela para cortar.
El primer dato es que ingresó en la Prefectura en 1981, en la dictadura militar.
Mientras Héctor “Selva” Febrés, el más conocido oficial de inteligencia de la Prefectura, torturaba y mataba en la ESMA, el joven Díaz Gorgonio se ponía la gorra. Confirma así que, en las fuerzas de seguridad, siguen trabajando miles de efectivos que de una u otra manera actuaron en la dictadura.
El segundo dato es el año en que Díaz Gorgonio pasa al sector de espionaje de la Prefectura: enero de 2001. Cuando el país ingresaba en la última etapa de la Alianza, y el ascenso de las luchas obreras y sociales empezaba a cuestionar no sólo al gobierno sino la autoridad estatal, el prefecto se convertía en espía, pasando a la Dirección de Inteligencia de la fuerza.
El tercero es que el traslado de Díaz Gorgonio de la Dirección de Inteligencia a la división ’Centro de Planeamiento y Control’ se da recién en 2005, y parece más una cuestión administrativa que de tareas. Los espías que trabajaban con él declararon bajo juramento que dependían de Inteligencia y hacían seguimiento de protestas sociales. Es una obviedad que la mayoría de los “servicios” no tiene un expediente oficial que dice “007, Díaz Gorgonio, de profesión espía”. Es como pedirle a Stiuso las fotos de su casamiento.
Nadie le cree a Sergio Berni. ¿O usted creería la desmentida de un ex carapintada que infiltró personalmente una huelga minera, que manda a militares a infiltrar marchas obreras, que mete preso a niños y piqueteras en el siniestro Campo de Mayo, y usa el Proyecto X para mandar presos a delegados de base?
Ojo. Tampoco podemos despreciar las operaciones de Sergio Massa, un hombre asesorado por ex agentes de la SIDE como Juanjo Alvarez, ni de una casta judicial herida y a la vez envalentonada tras el caso Nisman.
Como en toda guerra de servicios, la primera víctima es la verdad.
Creo que he visto un Díaz Gorgonio
El viernes 30 de enero los obreros de Lear encabezaron una nueva Jornada Nacional de Lucha, en reclamo de la reinstalación a sus puestos de trabajo. Uno de los cortes se realizó en el Puente Pueyrredón. Hasta allí llegó un fuerte operativo de Prefectura Naval y Policía Federal. Pero además de los efectivos de uniforme y gorra, estaban los de chomba y gorrita. Como cuenta Alejandrina Barry, “pudimos observar hoy nuevamente como con absoluta impunidad 4 agentes de civil (como mínimo) se infiltraron entre los que nos manifestábamos para espiarnos. Pudimos constatarlo, porque previamente a que comenzara el operativo, los vimos con miembros de la Prefectura. Sacamos fotos y les dijimos que se retiraran, que ya sabíamos que eran canas, cuestión que en los hechos confirmaron retirándose de nuestro corte. Una prueba irrefutable de que se trataba de agentes de civil infiltrados para espiarnos”.
Confirmado: Díaz Gorgonio perdió, pero sus amigos siguen trabajando. Siempre bajo el mando de Sergio Berni, responsable de las fuerzas de seguridad y sus servicios.
Otra fuerza de la década espiada
La Prefectura Naval es una fuerza dependiente del Ministerio de Seguridad, una especie de hermana menor de la Armada. Durante el kirchnerismo, ante el desprestigio del Ejército y las policías, ganó peso en la política de seguridad del gobierno nacional, detrás de la Gendarmería. Además de la participación en los operativos anti-protesta, se sumó a la militarización de los barrios. Es el caso del sur de la Capital y del Gran Buenos Aires, donde ya se ganaron el odio de los jóvenes.
Tras el lema “protección de las aguas y el comercio desde 1810”, se esconden las mismas funciones de cualquier fuerza de seguridad en el capitalismo. Por un lado, la de custodiar los intereses de los empresarios, en este caso en las costas y puertos. ¿O no te acordás las represiones a los trabajadores del Casino de Puerto Madero en el 2008? También, como las otras fuerzas, guarda sus íntimas relaciones con el gran delito: el narcotráfico, la trata de mujeres, la pesca ilegal y el contrabando a gran escala, que tienen en los puertos uno de sus centros privilegiados. Pero además, como muestra Díaz Gorgonio y sus amigos, es parte del aparato de represión y espionaje que persigue a la izquierda y los luchadores.
Como denunció Christian Castillo, diputado bonaerense del PTS-FIT, “si se confirma todo lo dicho por Díaz Gorgonio y los otros agentes, es otra prueba de que el Secretario de Seguridad Berni se sigue valiendo de la mafia de los servicios. Agentes que forman parte de operaciones políticas, pero cuya principal tarea es espiar e infiltrar las protestas obreras y sociales, como ya denunciamos durante el conflicto de Lear con la actuación de Gendarmería en la Panamericana y de Prefectura en Puente Pueyrredón. Por eso seguiremos exigiendo la apertura inmediata e integral de los archivos secretos de la Secretaría de Inteligencia y de la Dirección de Inteligencia Criminal, tanto la que depende de Berni como la que controla Milani. Para eso apelamos a la más amplia movilización, porque el gobierno y la oposición con sus carpetazos demuestran todos los días que están enchastrados con los aparatos de espionaje”.

Lucho Aguilar
Nacido en Entre Ríos en 1975. Es periodista. Miembro del Partido de los Trabajadores Socialistas desde 2001. Editor general de la sección Mundo Obrero de La Izquierda Diario.