En medio de la profunda crisis económica donde los jubilados siguen perdiendo salud y salario, la obra social entrega un bolsón de alimentos por 400 pesos de forma mensual. Si son miserables y perversos, lo hacen notar.

Valeria Jasper @ValeriaMachluk
Viernes 13 de septiembre de 2019 23:21
A la gestión macrista de PAMI no le alcanzó con recortar el alcance de la gratuidad de los remedios y obstaculizar el acceso a la mayoría de las prestaciones médicas en nombre del déficit cero.
En medio de la crisis desatada por el FMI, el gobierno y el abanico peronista que dio la gobernabilidad necesaria; con una inflación del 4% en agosto y una nueva disparada en los precios, la obra social, en un acto de puro cinismo y perversidad, entrega una bolsa de alimentos para los afiliados que cobran la jubilación mínima por un valor de 400 pesos, de forma mensual.
La resolución n° 1466 de 2019, publicada en el boletín institucional, plantea que “en función de no perder el aporte del valor calórico la Secretaría General de Promoción Social ha solicitado un incremento en los valores de las prestaciones en la modalidad Bolsón y Comedor- Vianda”: zona patagónica 440 pesos, Tierra del Fuego 480 pesos y el resto del país 400 pesos, montos vigentes desde el mes de septiembre. El monto para la modalidad Comedor- Vianda es de 2800 pesos por afiliado. Esto equivale a una aumento de aproximadamente 100 pesos. Otra piña en el estómago para uno de los sectores más atacados por las políticas de Cambiemos durante todos estos años.
El ProBienestar es un programa de soporte alimentario para afiliados que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Fue creado en 1992 como un instrumento “para promover la seguridad alimentaria de los afiliados al Instituto aportando productos alimenticios que contribuyan a una dieta adecuada y suficiente, respetando los patrones culturales de consumo, así como también las necesidades específicas de este grupo etáreo en función de las patologías prevalentes”.
Las modalidades de este programa incluye la entrega de mercadería a través de centros de jubilados o la concurrencia a comedores. Nada más lejano de la realidad que viven hoy los jubilados que se encuentran bajo este programa.
Bajo una población de casi 5 millones de afiliados, en la actualidad 575 mil personas reciben el bolsón de alimentos y 11 mil, aproximadamente, concurren a comedores. Otro tanto se encuentra en lista de espera para poder acceder a este beneficio.
Años atrás el programa brindaba alimentos no perecederos, verduras, frutas y carnes, con lo que se suponía podían variar la dieta. Con el devenir de los gobiernos de turno que supieron usufructuar el jugoso presupuesto con el que cuenta PAMI, fueron recortándose varios programas sociales, entre ellos la entrega de alimentos y su calidad nutricional.
En los últimos meses se ha dejado de entregar leche en polvo por el aumento de su precio y varios de estos productos tuvieron que ser reducidos a paquetes de medio kilo, para abaratar costos y que el monto del bolsón rinda un poco más; apenas siete productos: aceite, harina, arroz, fideos, yerba, azúcar y algún paquete de galletitas (llenar la panza sin calmar el hambre).
A esto se suma el atraso permanente en el desembolso del dinero a los centros de jubilados para la compra de los artículos, provocando atrasos en la entrega misma de la mercadería; lo que genere situaciones de tensión entre los jubilados voluntarios que entregan la mercadería y aquellos que van a recibirla. “Guerra de pobres contra pobres”, mientras el director ejecutivo, Sergio Cassinotti, ocupa su tiempo en grabar videos suplicando el voto a Macri y despilfarra $ 43 millones en consultoras con trabajos fantasmas, como lo denunció este medio.El último golpe de mercado devaluó el peso en un 25 %, Macri y su gabinete anunciaron algunas medidas para aliviar el impacto de los próximos meses, pero que resultan absolutamente paliativas. Ni una sola referida a los miles de jubilados que viven en situación extrema. Solo silencio.
A partir del mes de septiembre la jubilación mínima pasa a ser de 12.937, 22 pesos y la pensión por adulto mayor (PUAM) de 10.349 pesos, “el aumento propio de la movilidad jubilatoria”, dijo, sin ponerse colorada, la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley. ¿Para qué más, no?, como dijo la encargada de las fuerzas de seguridad Patricia Bullrich, “si tienen hambre, que vayan a los comedores”. Desde la obra social, más recorte y más silencio.
La canasta básica para los adultos mayores, según lo estima la Defensoría de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires, está cercana a los 33 mil pesos. Los números siguen sin cerrar, lo único que cierra es la destrucción de los ingresos y el poder adquisitivo de los jubilados que deben elegir entre tener salud o saciar apenas el hambre.
Frente a un gobierno que niega la realidad y un arcoíris peronista de la mano de Alberto Fernández que, junto a las direcciones sindicales, pretende vaciar las calles, el Frente de Izquierda Unidad es la única fuerza que plantea una salida real frente a la violencia que sufren millones por este saqueo histórico con medidas como terminar con los tarifazos y volver a los valores de 2016, aumentar los salarios y jubilaciones acorde a la inflación, no perder ningún puesto de trabajo, para que la crisis no la siga pagando el pueblo trabajador.
Como planteó Nicolás del Caño, diputado nacional y candidato a presidente por el FITU en la sesión por la ley de emergencia alimentaria “es absolutamente irreconciliable el interés de los grandes banqueros, de los grandes empresarios con el de las mayorías populares”.