El gobierno ha tratado de criminalizar a los secundarios por las movilizaciones contra la PSU, persiguiendo a los dirigentes estudiantiles.
Viernes 10 de enero de 2020
En estos últimos días se ha visto cómo se ha tratado de criminalizar a los secundarios por sus manifestaciones en rechazo de la PSU y las acciones legales que el gobierno actual, con solo un 10% de aprobación (mínimo histórico), ha presentado en contra de los dirigentes estudiantiles.
Pues es totalmente pertinente enfatizar el cuestionamiento y rechazo a este instrumento estandarizado que, de partida, su nombre ya apunta a una discriminación clara y directa: ¿Prueba de selección? ¿Por qué se debe seleccionar a las personas que pueden o no ingresar a la educación superior? Fue hace un par de años que la llamada tómbola llegó a instalarse en el proceso de admisión de los estudiantes primarios y secundarios para dar luz verde a la ley de inclusión, pero, sin embargo, el gobierno y su reforma educacional no han querido continuar con el hilo de la ley 20.845 respecto a la admisión de universitarios, entonces cabe preguntar, ¿a qué se debe la excepción con este sector?
Se pueden deducir muchas respuestas a esta interrogante y una de ellas es el gran mercado y lucro que se concreta y se favorece año a año con la negociada educación superior, donde todos han sido testigos de la comercialización masiva de pre universitarios y programas especiales que, sin lugar a dudas, son mayoritariamente utilizados por la comunidad más acomodada de la sociedad chilena, o bien, alcanzada por la clase media siempre y cuando la persona que es sustento de esa familia quede totalmente atrapada en los créditos que tuvo que solicitar para que sus hijos pudiesen acceder a un puntaje alto y así “ganarse” la oportunidad de estudiar una carrera.
No es ahora ni ayer el rechazo por esta prueba, hace más de una década que se ha cuestionado el proceso de selección universitaria argumentando y fundamentando de distintas formas y con una base sólida que no es solo una prueba segregadora, sino que, además, no mide las capacidades del estudiante para definir si es apto o no para ingresar a dicha carrera, se remite carentemente a la cantidad de conocimientos y contenidos que el alumno puede retener en su memoria.
Es ahora cuando se exige con voces claras y firmes que ya no se tolerará más este tipo de modelo educativo que únicamente somete a más endeudamiento en las familias, lo que conlleva agobio y una serie de situaciones de presión económica que muchas de ellas gatillan en problemas psicológicos generados por la ansiedad que nace del ahogo al cual, gobierno tras gobierno, mantiene a todos sometidos y pretende normalizar. No se puede aceptar más parches negligentes en la educación ni en los bolsillos de las familias chilenas ni tampoco se puede tolerar que se siga delegando a los dirigentes estudiantiles la culpa de “destruir el sueño de muchos” cuando realmente esa destrucción, hace ya bastante tiempo, ha estado a cargo de los gobernantes que jamás han decidido optar por la real reforma educacional que los convierta a todos en un solo cuerpo estudiantil sin segregaciones, sin endeudamientos, sin selecciones nefastas y sin lucrar con nuestros derechos.
Finalmente los organismos estudiantiles, como Confech, ACES y CONES, y trabajadores de la educación, como colegio de profesores, deben convocar a asambleas e impulsar el plan de lucha, no para modificar ni maquillar este instrumento evaluativo, sino para concretar este urgente llamado y petición de dar fin a la selección condicional con pruebas estandarizadas como la PSU y el SIMCE, para obtener un acceso irrestricto a la universidad, consecuentemente erradicar el lucro y la educación sexista que apagan los motores principales de todo futuro próspero, digno, justo y de calidad.
