Como ocurre en toda crisis social dentro del capitalismo, los más golpeados por el contexto pandémico actual son los sectores desempleados junto con el amplio número de trabajadoras y trabajadores precarizadxs y no registradxs. Sí a esto le sumamos el pertenecer a una comunidad racializada, y en determinados casos migrante, nos encontramos con una población en un alto estado de vulnerabilidad.
Miércoles 17 de junio de 2020 21:08
Foto: Télam
En EEUU, décadas de políticas restrictivas y segregación han provocado que la población afrodescendiente residente se convierta en uno de los sectores más vulnerables al contagio de COVID-19. Para dar solo un ejemplo, en Nueva York hasta el mes de Abril el 62% de las muertes por COVID-19 fueron de la comunidad afro y latina. Es este mismo sector de la población el que esta mayormente precarizado en trabajos sin condiciones mínimas de seguridad y los primeros en ser despedidos.
La situación actual en Brasil es la más representativa dentro de Sudamérica por tratarse de uno de los países con más habitantes del mundo, en donde la población afro y afro brasileña representa más de la mitad de sus residentes. A esto se le suma que el presidente Bolsonaro sigue firme con su actitud negacionista de la pandemia después de casi tres meses de aislamiento obligatorio en toda la región. En plena pandemia los diputados brasileños votaron a favor de una reforma laboral, en un contexto donde una parte de la población debe salir a trabajar de manera autónoma para poder subsistir y, además, asumir el riesgo de contagio e incluso de sufrir una detención por parte de las fuerzas de seguridad estatales.
En Argentina, cuando hablamos de las problemáticas a las que nos enfrentamos como comunidades afro, tenemos que tener muy presente, en primer lugar, las dificultades que existen en torno al conteo de las poblaciones afroargentinas y afrodescendientes en este territorio. En 2010 el censo nacional, incluyo la pregunta destinada al recuento de la población afrodescendiente en la Argentina. Los datos del INDEC, compartidos por el “área afrodescendiente” del INADI, afirman que hasta ese momento un total de 149.493 personas (0,4%) se auto perciben como afrodescendientes. Casi la mitad de ese porcentaje se concentra en la Provincia de Buenos Aires (49,1%), a su vez el conurbano bonaerense es una de las zonas que más población afro concentra de todo el país (25,2%).
Si tenemos en cuenta que un gran porcentaje de los partidos pertenecientes al conurbano presentan tasas de pobreza y marginación elevada, resulta evidente la relación entre clase y etnia, o específicamente en este caso, pobreza y afrodescendencia. Frente a un virus para el cual todavía no hay cura, se exponen las circunstancias críticas en la calidad de vida de los sectores más precarizados, las carencias de agua potable y sistema de cloacas, y la situación de precariedad y desfinanciación del sistema de salud, que lejos de ser un derecho, es un negocio cuyos hilos se ven sometidos al poder de los sectores más privilegiados. Es el Capitalismo blanco, los gobiernos funcionales a este, y sus clases dominantes, las que han proporcionado el terreno adecuado para que los sectores más oprimidos e invisibilizados estén en mayores condiciones de vulnerabilidad frente a esta pandemia.
Para ejemplificar la precarizacion laboral existente en la comunidad, Laura, afro brasileña, nos relata su experiencia en un Call Center: “Me pidieron mis datos para otorgarme un permiso de circulación para empezar a trabajar. Nos mintieron. Después de ponerme en riesgo al ir hasta Ramos Mejía, cruzando toda la Ciudad de Buenos Aires, llegó y me comunican que no nos van a permitir trabajar en el lugar, y que además, a quienes no puedan hacer Home Office, los dispondrán con licencia sin goce de sueldo. Incluso dijeron que quienes puedan trabajar desde su casa no recibirían su sueldo básico si no llegaban a vender $70000. La nefasta empresa llamada Smartline / Netsmart está inscripta como Maviseq SRS. Antes estaba pudiendo mantener las necesidades básicas pero nada más que eso. Me denegaron la IFE porque figuro con una obra social a la cual no sabía que estaba aportando”.
En esta misma línea, Florencia, trabajadora afro argentina que se desempeña como niñera y fotógrafa, comentó que tampoco pudo acceder a la IFE: “Respecto a esta pandemia, sí bien sabemos que afecta a todas las personas, la cuestión de clase es importante porque a afecta en mayor parte a las poblaciones más vulnerables sin un sustento económico estable. Esta pandemia nos afecta a los pobres por donde lo miren. Hay una gran taza de precarización laboral dentro de la comunidad que es muy grave. Mi hermana estudió para farmacéutica y ahora está estudiando para enfermería, sí consigue laburo no es registrado. Mi vieja no labura pero tampoco es jubilada, tiene una pensión y con eso la lleva. Mi hermano tiene 18 años y consiguió trabajo para limpiar vidrieras en negocios de Once. Somos una familia precarizada y así están muchas más, pero no puedo decir eso de la comunidad entera porque hay una parte que no lo está”. Florencia también comento que su hermana participa en una organización que realiza ayuda comunitaria donde se tiene un registro de 120 familias afroargentinas anotadas en un listado para recibir mercadería.
Maia, integrante de la comunidad afro qom, nos cuenta: “Mi mamá es monotributista, mi papá no. Ambos trabajan en mantenimiento de jardines. Durante la pandemia fueron despedidos por uno de sus clientes ya que les encontraron reemplazos cuando todavía no habían retomado su trabajo. Por esta presión y miedo volvieron a salir a laburar. Creo que solo dos clientes fueron capaces de seguir pagando su sueldo. Todavía mi mamá no recibió el salario de emergencia y le dan vueltas para darle el salario familiar por hijo”.
Las declaraciones dan cuenta de la numerosa presencia dentro de los sectores precarizados de personas afro e indígenas que se ven relegadxs a un plan de pobreza estructural producto de políticas de marginalización y la opresión sistemática a sus comunidades por parte de la burguesía blanca. Estos testimonios ayudan a ejemplificar las condiciones vividas por un amplio sector social que debe aceptar trabajos mal pagos y hasta en condiciones insalubres, situación que se agrava aún más por el contexto actual de crisis económica y la pandemia del COVID-19. Cuando el Estado permite y fomenta la flexibilización de las condiciones laborales mediante despidos, suspensiones y reducciones de salario son los sectores marginados, dentro de los que hay una gran presencia de personas racializadas, los que más reciben el impacto económico en su vida cotidiana. El Estado pone en riesgo su subsistencia y aquí es donde la precarización se convierte también en racismo.
De la misma manera, el etnocidio estadístico institucional entra dentro de una múltiple variedad de condiciones que hacen que las poblaciones afroargentinas, por ejemplo, disminuyan de manera notable dentro de esta región. Es importante remarcar que no se trata de algo casual, sino que responde a las mismas políticas de blanqueamiento y exterminio que se han establecido en este territorio desde la llegada de los colonos y que siguen siendo perpetuadas al día de hoy por la supremacía blanca y la hegemonía cultural. Ya que no pudieron asesinar por completo a nuestras comunidades, el propósito de ocultarnos, intentar borrarnos de la historia, negar nuestra existencia y argumentar que somos una minoría, resulta la manera más eficiente de no asumir la responsabilidad política de una reparación histórica que contemple las problemáticas, y necesidades de nuestras comunidades.
Desde las comunidades afroargentinas y afrodescendientes denunciamos el ocultamiento y la negación sistematica de nuestro colectivo, la precarización y también el etnocidio estadístico como uno de los principales problemas a los que se enfrentan nuestras comunidades. Sin un censo que establezca un recuento serio sobre el porcentaje de población afro que habita este territorio es imposible avanzar en la demanda para la implementación de políticas públicas y sociales que contemplen las necesidades de nuestros colectivos. La propuesta central es establecer un censo que no reproduzca discriminación y racismo, donde se incorpore los criterios de las comunidades afro y que las personas pertenecientes a estos colectivos desarrollen roles activos dentro de todo el proceso de censeo. Mientras mantengamos, a cargo de los censos, a instituciones cuya mayoría de trabajadores son personas blancas, tendremos la problemática del racismo institucional y del etnocidio demográfico, institucional y cultural.
Y con esto nos metemos en otra urgencia política: la implementación de un cupo laboral afro, que cubra un porcentaje de los ingresos de personal público con personas afroargentinas y afrodescendientes, y que a su vez establezca un seguimiento para que esto se respete y concrete. Necesitamos tener más representatividad en los espacios. Necesitamos la inclusión en el mercado laboral formal para el colectivo afroargentino, afrodescendiente e indígena. Exigimos también una ley de reparación histórica y económica para las comunidades indígenas, afroargentinas y afrodescendientes sobrevivientes de la trata esclavista y que constituyen un núcleo fundamental dentro de los sectores de trabajadorxs del país.
