El titular de la Dirección General de Escuelas (DGE) y parte del gabinete, se reunieron con diputados para brindar explicaciones ante la situación del Instituto Próvolo.
Sábado 17 de diciembre de 2016
En la comisión de Labor Parlamentaria de la Cámara Baja, fue recibido Jaime Correas, titular de la DGE y parte de su gabinete. La reunión fue solicitada por diputados y diputadas de distintos bloques para analizar la situación del Instituto Antonio Próvolo, ubicado en Luján de Cuyo.
Correas y su gabinete, debieron responder las consultas realizadas por los legisladores, familiares de las víctimas y docentes del instituto. Debieron explicar las acciones que desde la Dirección General de Escuelas se llevaron adelante, ante los hechos de público conocimiento ocurridos en el establecimiento educativo y no todos quedaron conformes con las respuestas obtenidas. Para el presidente de la Cámara de diputados “las dudas de los legisladores fueron evacuadas”, sin embargo esto no parece ser así. Luego de finalizada la reunión, el diputado del FIT Lautaro Jimenez, a través de un comunicado, explicó que resulta necesario tener información confiable para determinar el alcance real de la organización criminal conformada por los curas del Instituto Próvolo.
Durante la reunión, la directora de Educación Privada, Beatriz Della Savia, indicó que luego de conocidos y denunciados los hechos, se realizó un “barrido” desde el año 2000 en adelante para constatar si existió alguna denuncia relacionada al Instituto Próvolo que hubiera ingresado a Mesa de Entradas del organismo provincial, aunque no se encontró ningún registro al respecto. “En el barrido que se hizo desde el 2000, no hubo denuncias sobre el Próvolo en la DGE”, remarcó.
los funcionarios de la DGE argumentaron que se encontraban frente a una “organización sistemática” que ocultaba lo que allí sucedía y protegía a los abusadores haciendo imposible que la Supervisión y la DGE se enterara de lo que allí sucedía
Para el diputado Lautaro Jimenez, de la Comisión de Derechos y Garantías, los funcionarios de la DGE, con Correas a la cabeza, se “quisieron lavar las manos. Cuando le consultamos cómo la Supervisión no se había percatado de lo que sucedía en el Próvolo, los funcionarios de la DGE argumentaron que se encontraban frente a una “organización sistemática” que ocultaba lo que allí sucedía y protegía a los abusadores haciendo imposible que la Supervisión y la DGE se enterara de lo que allí sucedía”.
Del relato de los funcionarios de la DGE se desprende que la institución tenía una organización muy compleja para aislar a las víctimas
Los funcionarios dijeron que inmediatamente conocido el caso se solicitó a la justicia la prohibición de acercamiento de la orden religiosa con los alumnos del instituto. A su vez, de manera preventiva, se decidió que la supervisión correspondiente se instalara en la institución hasta el final del ciclo lectivo y se conformó un equipo de contingencia “ante los casos que pudieran surgir espontáneamente”.
Del relato de los funcionarios de la DGE se desprende que la institución tenía una organización muy compleja para aislar a las víctimas, que iba desde la misma organización edilicia hasta las vías por las que se canalizaban a los chicos que se quejaban o se presentaban como “problemáticos”, derivándolos a distintos gabinetes que terminaban siempre aislando lo que los chicos podían transmitir.
esta organización sistemática de los abusos y el sometimiento de menores no podría haber existido sin el amparo y encubrimiento de funcionarios del poder judicial, de la DGE o de ambos.
“Estos detalles que revelan una trama institucional creada y desarrollada para someter a los niños y encubrir los abusos, torturas y corrupción a las que fueron sometidos. Este verdadero infierno en la tierra es lo que creó y amparó la Iglesia Católica traficando a estos abusadores pederastas y amparando las instituciones que desarrollaron para poder cometer sus crímenes” afirmó Jimenez.
Para Lautaro Jimenez, “esta organización sistemática de los abusos y el sometimiento de menores no podría haber existido sin el amparo y encubrimiento de funcionarios del poder judicial, de la DGE o de ambos. Para no hablar de la completa participación de las jerarquías eclesiásticas y el arzobispado en el armado de esta organización sistemática de abusos, torturas y sometimiento de niños” y agregó: “Le solicitamos a la Directora de Educación Privada que nos remita la nómina de instituciones educativas dependientes de la Iglesia Católica que se encuentran bajo la supervisión de la DGE y la cantidad de cargos y subvenciones que se destinan desde la cartera educativa a las mismas. Una información fundamental para ver hasta dónde puede extenderse esta organización criminal con base en el Instituto Próvolo y el entramado institucional de los abusos eclesiásticos en las escuelas”.
“El Estado debe ahora garantizar el derecho de los niños a tener oferta educativa, a seguir escolarizados, y por lo tanto, las acciones que se tomen también tendrán que ver con el avance de la causa judicial”, acotó Della Savia. Jimenez, puso en duda el accionar de esas instituciones basándose en lo ocurrido con una causa anterior.
Para el legislador resulta “increíble que la justicia llevara adelante una supuesta investigación entre 2008 y 2013, a partir de la denuncia de abusos realizadas por una mamá de esta institución, y no le hayan informado a la DGE y pedido a la supervisora información y acompañamiento. En esa causa, que la Fiscalía remitió a la Institución, la dirección de este instituto presentó informes, apartó a Bordón -el acusado- de su cargo formal, poniendo allí a Corradi, pero lo mantuvo como parte del mismo instituto para que siguiera cometiendo sus actos hasta la actualidad. ¿Cómo puede ser que la Supervisión no haya sido anoticiada de semejantes movimientos en la dirección de la institución y por semejante causa? ¿Cómo puede ser que la Fiscalía no le haya corrido vista a la DGE? ¿Qué clase de “supervisión” es esa? Realmente resulta increíble el desamparo en que se dejó a esos niños”.
