La medida convocada para el jueves 22 fue suspendida ante un nuevo llamado del ejecutivo bonaerense para el viernes 23. Propuestas a la baja y un debate en la AJB sobre cómo enfrentar el ajuste del gobierno de Kicillof.
Miércoles 21 de octubre de 2020 15:23
Foto: Telam
Luego de una nueva oferta, que continúa dejando a la gran mayoría de trabajadores judiciales con salarios bajo la línea de pobreza, y en vísperas de concretarse un paro para el próximo jueves, el Gobierno Provincial convocó a la AJB a otra mesa de negociación, para el próximo 23 de octubre.
Tras ello, la conducción del gremio definió la suspensión de la medida de fuerza dispuesta, a la espera de lo que surja de dicha negociación.
Como venimos planteando en las pocas asambleas convocadas, el Gobierno ha mostrado de sobra sus prioridades en medio de la crisis acrecentada por la pandemia. Para el aumento extorsivo de la Policía Bonaerense, o el pago de deuda a especuladores, la plata está. Eso no ocurre, sin embargo, cuando es el pueblo trabajador el que reclama vivienda, aumento de salarios o pelean contra la desocupación.
Para muestra basta un botón
Siguiendo los pasos de Duhalde y Ruckauf, el Gobernador Kicillof ha demostrado con su ministro de Seguridad Sergio Berni a la cabeza, que no tiene impedimento en desarrollar una política de mano dura. La misma policía que está acusada de desaparecer y matar a Facundo Castro, fue favorecida con aumento express, equipamiento e impunidad luego de rodear la quinta de Olivos con armas en sus cinturas. De este modo se preparan para reprimir a las miles de familias con salarios de miseria, desempleo, falta de vivienda y una pobreza que se extiende cada vez más. Es decir, familias enteras arrojadas a su suerte, mientras los sectores más concentrados de la economía siguen amasando fortunas.
¿Por qué estar con las familias de Guernica?
El derecho a la vivienda es fundamental y se encuentra plasmado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Ese es el derecho por el que pelean estas miles de familias, que en su mayoría son mujeres con niños muy pequeños y jóvenes que quedaron sin trabajo producto de la pandemia.
Por el otro lado están empresas que exigen el desalojo por usurpación. Cabe destacar, que quienes se encuentran detrás de las denuncias de desalojo son empresas que, cómo El Bellaco S.A. , no solo no tienen papeles que acrediten su propiedad, sino que además tienen deudas millonarias con el Estado.
Pero aun así, tanto la Cámara de Apelaciones que dictó el fallo, como los fiscales Romero y Condomy Alcorta son quienes están preparando el desalojo junto a la policía de Berni. Defendiendo los intereses de estas empresas contra el de las familias sin techo.
En medio se ubican el gobierno nacional que, en palabras de Alberto Fernandez, dicen que las tomas no son delito, y el gobierno provincial que avanzan en un desalojo con falsas promesas, aduciendo no poder hacer nada ante un fallo del Poder Judicial. Este mismo Poder que nos emplea con salarios a la baja, y nos impone condiciones laborales precarias, es el mismo que luego dicta fallos viabilizando la violencia y represión a familias que luchan por un techo.
La conducción de la AJB se presenta como independiente frente al Gobierno y La Suprema Corte, pero ante esta pelea testigo se queda en sus reivindicaciones sectoriales cómo si los judiciales fueran una isla.
La lucha de las familias sin techo es una lucha para revertir las prioridades del gobierno que hoy son pagar la deuda fraudulenta al FMI y reforzar a las policías, para poder responder a los reclamos con mayor represión. Por eso es un caso testigo, por eso debemos de rodear esta lucha de solidaridad y tomarla como emblema y por eso es que siguen en pie, exigiendo al gobierno respuestas concretas, y sumando el apoyo y solidaridad de múltiples sectores.
Ante ello, desde la Agrupación Marrón Clasista en Judiciales se plantea que la AJB debe expedirse al respecto, tomar como una causa propia el problema de la vivienda, rodeando de solidaridad a las familias de Guernica, y comprometiéndose a llamar a paro total de actividades si las autoridades judiciales y el gobierno avanzan con el desalojo. La unidad con estos sectores es crucial para poder torcerle el brazo al gobierno en su política de ajuste.
Julián Rodriguez
Trabajador judicial en La Marrón Clasista @JuYu666julianyu