Tucumán. Paro de UTA: tercera semana de extorsión empresarial

Se cumplen 16 días y entramos en la tercera semana de paro de los choferes de colectivos por el pago de la deuda salarial de abril. Recordemos que este paro fue lanzado nacionalmente por la UTA ante la suspensión del pago de los salarios en casi todo el territorio nacional, medida organizada por la Federación Argentina de Transporte Automotor (FATAP) que nuclea a las patronales del sector en reclamo de un fondo de 2000 millones de pesos para aumentar los subsidios.

Tras rechazar este pedido, el Ministerio de Trabajo derivó la resolución del conflicto a las jurisdicciones provinciales. Al día de hoy la medida de fuerza continúa en 19 distritos.

Luego de amenazar con un proyecto de ley para provincializar el sistema de transporte, el oficialismo votó en la Legislatura una ley para que los subsidios nacionales se canalicen prioritariamente al pago de los salarios. Los subsidios ya están acreditados en las cuentas provinciales, pero la ley no está aun reglamentada y los empresarios nucleados en la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) sostienen que esos fondos están comprometidos al pago de proveedores.

Cesar González, Secretario General de la UTA en Tucumán, aseguró que ni bien se conozcan los detalles de la reglamentación de esta ley levantarían el paro.

Pero la ley aprobada en la Legislatura está muy lejos de solucionar los problemas de fondo de un sistema de transporte en manos de un puñado de empresarios que concentran el negocio y los subsidios.

Recordemos que la semana pasada, el presidente de la comisión de Transporte del Concejo Deliberante de la capital, el manzurista José Luis Coronel, reconoció que a los empresarios nadie los controla.

"No se controla. Nadie controla. Cuando sacamos por ordenanza el último aumento de tarifas, ahí habían pautas que tenían que cumplir. Pero estos señores no cumplen nunca. Ni con el aumento anterior, ni el anterior, ni el anterior", manifestó sin darse cuenta quizás de que se estaba autoincriminando en lo que pretendía denunciar.

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Mientras tanto en el Congreso de la Nación, el diputado José Cano (UCR - Cambiemos) presentó un proyecto de ley para crear un fideicomiso con los recursos recaudados por el impuesto al gasoil y aportes del Tesoro para ser canalizados hacia las empresas de transporte en todo el país. El Frente de Todos también tiene un proyecto de ley para regular la asignación de subsidios y planea unificar ambas propuestas en un solo proyecto de ley para generalizar el sistema SUBE y administrar la asignación de recursos entre las distintas provincias. Es decir, más subsidios de las arcas nacionales.

Mientras tanto los 4000 choferes de colectivos siguen sin cobrar la mitad del suelo de abril a diez días de tener que cobrar los salarios de mayo. La UTA debe convocar una gran movilización de todo el sector en reclamo del pago inmediato de los salarios, exigiendo que estas empresas abran sus libros contables y se investigue qué hicieron con lo que recaudan todo los años con tarifazos por encima de la inflación y los subsidios millonarios que embolsan del gobierno nacional y provincial.

El sistema de transporte público no puede seguir en manos de estos especuladores. Para terminar con la extorsión de estas patronales, garantizar el pago de los salarios, y un serivicio barato y de calidad es necesario luchar por la estatización de todo el sistema de transporte público bajo control de comités de trabajadores y usuarios.