Los funcionarios del Gobierno de la Ciudad publicaron sus declaraciones juradas y quedó claro que son tanto o más millonarios que los que ocuparon cargos durante el kirchnerismo.
Martes 9 de agosto de 2016
En el sitio web del gobierno porteño se publicaron las declaraciones juradas de este año de los funcionarios públicos. El jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta y el vicejefe de gobierno, Diego Santilli integran el podio de los más “pudientes” (por no decir millonarios). Pero el que le saca amplia ventaja a todos es un empresario devenido en político -como tantos en estos días- llamado Andrés Freire.
Con 36 millones de pesos declarados, Freire, quien asumió en diciembre como ministro de Modernización, superó a Larreta como el funcionario con mayor patrimonio en la ciudad. El actual Jefe de Gobierno, con sus “modestos” 17,5 millones de pesos, tenía esa “categoría” en la época en la que Mauricio Macri aún estaba al frente del GCBA. Diego Santilli tampoco se queda atrás. Cuenta con 11,3 millones entre inmuebles, autos de alta gama e inversiones financieras.
Cabe preguntarse en qué contexto creció el patrimonio del flamante ministro. Resulta que viene de ser director de IRSA, la empresa de propiedades comerciales que se vio favorecida a lo largo de todo el mandato de Macri en la Ciudad. Sin ir más lejos, fue la principal beneficiaria del traslado de la sede de gobierno a Parque Patricios que implicó la venta del edificio Del Plata y terminó con la salvaje represión en el Borda en abril del año 2013.
De todas maneras, esta realidad excede al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La declaración jurada del propio Mauricio Macri -que duplicó en pocos meses su patrimonio- es de unos 110 millones de pesos, con cuentas en las Bahamas, propiedades de cientos de miles de metros cuadrados y otras tantas miles de hectáreas en el campo.
Una contracara nacional pero no tan popular
Mucho no pueden levantar el dedo acusador los funcionarios que hoy están en la oposición al gobierno nacional. Las declaraciones juradas, la transparencia, el enriquecimiento ilícito y las fortunas fueron temas muy discutidos durante la era del kirchnerismo. Los miembros del gobierno anterior que todavía se encuentran desempeñando cargos en el Congreso o en las provincias que aún conduce el FpV tienen cuentas muy abultadas.
Máximo Kirchner, por ejemplo, que se desempeña como diputado nacional, declaró hace unos meses un patrimonio de casi 36 millones de pesos, muy similar al de Andrés Freire. Para dimensionar, el hijo de Néstor y Cristina es dueño de 28 inmuebles, participa en cuatro empresas, tiene dos autos y plazos fijos por más de 15 millones de pesos.
Otro caso es el de Mariano Recalde, que además había sido el director de Aerolíneas Argentinas durante el último período de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
El joven dirigente de La Cámpora cuenta en su declaración jurada con más de cinco millones de pesos, conformados por dos departamentos en Capital Federal, un auto y plazos fijos por 1,5 millones de pesos.
Imposible dejar pasar sin mención el reciente caso de la caja de seguridad de Florencia Kirchner, en la que encontraron alrededor de 4664 millones de dólares. Una situación que hasta al más convencido lo puede hacer dudar de que José López no fuera, simplemente, una manzana podrida.
Hay que señalar que la misma ex presidenta Cristina Fernández llegó a informar una fortuna personal que superaba los $ 60 millones.
Patrimonios enormes para el interés de las minorías
En suma, tanto en el macrismo como en el kirchnerismo, e incluso en el resto de la oposición peronista o los sectores aliados al Gobierno de Cambiemos, los principales funcionarios cuentan con fortunas que nada tienen que ver con la realidad del pueblo trabajador, que sufre todos los días el ajuste aplicado por el gobierno de Cambiemos y los gobernadores provinciales, sean del signo político que sean.
De una u otra forma acceden a los millones que hay en sus cuentas. Si no es por la vía ilegal de la corrupción, bien puede ser por los negocios “legales” favorecidos por las políticas económicas que inclinan la balanza hacia el lado de los que más tienen, o mismo por los sueldos de decenas de miles que cobran por su función pública.
Se conforman como una casta política que, lejos de la realidad de los sectores populares, gobiernan al servicio de los empresarios. Por eso está más que vigente la consigna levantada desde la izquierda que exige que cada funcionario público cobre como una maestra o un obrero calificado, como hacen Myriam Bregman en el Congreso Nacional y los legisladores y legisladoras del PTS-Frente de Izquierda en las provincias donde cuenta con representación parlamentaria.
