Al cumplirse nueve años de la brutal represión en Atenco sufrida por pobladores y organizaciones solidarias, el gobierno intenta una vez más dar “carpetazo” al caso mediante distintas argucias jurídicas.
Miércoles 6 de mayo de 2015
Foto: Especial para La Izquierda Diario @EnfoqueRojoph. Ignacio del Valle es liberado después de 4 años encarcelado en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano y recibido por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y organizaciones sociales.
Por un lado intenta deslindar de responsabilidades a los altos, medios y bajos mandos de los crímenes de lesa humanidad cometidos, inculpando a 21 policías y médicos legistas de encubrimiento de tortura sin mencionar a quienes planearon, organizaron y ordenaron que se realizara el operativo, que consistió en la toma prácticamente militar del poblado y en violaciones a los derechos humanos de todos los detenidos: cateos sin ordenes previas, detenciones sin órdenes de arresto, golpizas brutales, violaciones tumultuarias, tortura sexual, física y psicológica, incomunicación, etcétera, y donde perdieron la vida dos jóvenes: Alexis Benhumea y Javier Cortés.
Por otro lado, recientemente el gobierno del Estado de México abrió un fideicomiso a nombre de las once mujeres que interpusieron una demanda contra el Estado mexicano por tortura sexual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aun cuando en su momento ellas habían rechazado el acuerdo monetario con el gobierno, argumentando que no quieren la indemnización económica del daño, que es una manera de comprar su dignidad, sino que se haga justicia y se castigue a los verdaderos responsables. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/...
En México no sólo las violaciones a las garantías individuales son generalizadas, como lo evidenció brutalmente Ayotzinapa y lo ratificó el vocero de la ONU, sino que desde hace mucho tiempo en el gobierno existe una cultura generalizada de la impunidad. Cuando se cometen crímenes de lesa humanidad, los autores intelectuales de los hechos prácticamente nunca son juzgados y mucho menos sentenciados por la serie de atrocidades que se implementan desde las más altas esferas de gobierno.
Y el caso de Atenco es uno de los más emblemáticos en este sentido: Enrique Peña Nieto, Eduardo Medina Mora, Vicente Fox, Genaro García Luna, Wilfrido Robledo Madrid y el resto de funcionarios por debajo de ellos en el escalafón de mando, actualmente gozan de total impunidad y casi todos siguen apuntalando sus turbias carreras políticas.
Este caso sigue siendo parte de la lista de la impunidad en México, a la cual recientemente se han sumado casos como el de Tlatlaya y Ayotzinapa, en los que se evidencia que la política de represión e impunidad se profundizan, engrosando constantemente la lista desde la matanza del ´68 y toda la guerra sucia.
Este es el estado de cosas que Peña Nieto quiere conservar por encima de todo, en el que se reprime brutalmente a la disidencia social con el doble objetivo de terminar con las luchas que cuestionan de alguna forma la dominación del régimen y el de difundir una campaña de terror contra los sectores que se disponen a luchar, en donde se prioriza el abuso hacia nuestras compañeras precisamente por su condición de mujeres, traduciéndose en torturas sexuales.
Sin embargo, los ex presos políticos del caso Atenco estamos convencidos de que estos crímenes no deben quedar en olvido y seguimos exigiendo que se castigue a los culpables, tanto a los autores materiales como intelectuales de los delitos que se cometieron contra nosotros, tanto en las detenciones, los traslados y durante nuestra estancia en el penal de mediana seguridad de Santiaguito en el Estado de México.
En este sentido, desde el MTS hemos planteado que para lograr la justicia hasta el final es necesario que se continúen e impulsen nuevas movilizaciones en las calles llamando a sectores cada vez más amplios exigiendo el juicio y castigo a los responsables de las violaciones a las garantías individuales, los asesinatos, el cese de la impunidad, por la presentación con vida de los miles de desaparecidos y por el cese de la militarización y paramilitarización del país.
Y para lograr esto efectivamente, consideramos que las distintas organizaciones políticas de izquierda y de defensa de los derechos humanos, abogados democráticos, los sindicatos que se reclaman de oposición, etcétera, junto a los padres de los normalistas desaparecidos, los presos y procesados políticos y todas las víctimas de la represión del Estado, tendríamos que poner en pie una coordinadora nacional contra la represión, desde donde impulsemos un programa propio, con independencia de las instituciones del régimen y estemos en mejores condiciones para terminar con la política sistemática de represión, impunidad y militarización del gobierno mexicano, que se pretende apuntalar con más fuerza con Peña Nieto y con el “renacimiento” del viejo Partido Revolucionario Institucional.
A la par, es necesario rodear de solidaridad e integrar como parte de las consignas del movimiento obrero-popular la lucha del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra contra el nuevo intento del gobierno de construir un aeropuerto en San Salvador Atenco.
