Días antes de cumplirse el noveno aniversario de la desaparición de Paulina Lebbos, el fiscal de Instrucción Diego López Ávila solicitó la elevación a juicio oral de la causa y el sobreseimiento de Alperovich y Kaleñuk. Un ministro de Seguridad, tres jefes policiales y un sargento serán sentados en el banquillo de los acusados por encubrimiento.
Miércoles 25 de febrero de 2015
Eduardo Di Lella –ex ministro de Seguridad del gobernador Alperovich-, los ex jefe y subjefe de Policía Hugo Sánchez y Nicolás Barrera,el ex jefe de la Regional Norte Héctor Brito y el ex sargento Hugo Rodríguez, están acusados de haber colaborado con la inestimable tarea de destruir innumerables evidencias que podrían haber permitido el esclarecimiento del asesinato de Paulina, encontrada 15 días después de su desaparición, el 26 de febrero de 2006.
Por su parte Luis Gómez, quien usó el celular de Paulina luego de su desaparición, será enjuiciado por privación ilegítima de la libertad seguida de muerte. Este jueves, horas antes de la marcha contra la impunidad que convoca año a año Alberto Lebbos, vence el plazo para que la defensa pueda objetar.
Simultáneamente, López Ávila descartó la hipótesis de la “fiesta” con los hijos de poder y solicitó el sobreseimiento para los hijos de Alperovich y Kaleñuk, a quienes hace unos meses se les extrajo ADN para comparar con rastros encontrados en el cuerpo de la joven estudiante. El exámen falló, ya que la prueba no había sido conservada. Sergio Kaleñuk - hijo del ex secretario de la gobernación- tenía 26 años en 2006 y era “asesor” de la Secretaría Gral de la provincia. Los registros telefónicos reflejan una comunicación permanente entre Kaleñuk, el líder de la barra brava de Atlético y dos de los acusados, y su celular se encontraba en el mismo radio que el de Paulina durante las horas posteriores a la desaparición, pero el fiscal desestimó estas pruebas y la investigación de esa pista, solicitando también el sobreseimiento del encargado del camping del Cadillal signado como uno de los dos lugares posibles donde Paulina habría muerto.
Durante los primeros 7 años la causa estuvo paralizada perdiendo una enorme cantidad de pruebas que fueron destruidas. El primer fiscal Noguera fue desplazado a los pocos meses luego de haber sido fotografiado saliendo de la casa del gobernador Alperovich. Carlos Albaca, quien había asumido la causa luego de la separación de Noguera desde 2006 hasta 2013, fue jubilado con el 82% móvil, a tiempo para escurrirse del juicio político por haber paralizado la causa durante años. Durante ese período el expediente no tuvo prácticamente movimiento. Actualmente está siendo investigado por la fiscal Juana Prieto de Sólimo. Durante 2013, 3 policías de Raco fueron condenados por falsificar las actas del hallazgo del cuerpo, aunque su condena aún no fue confirmada por la Corte Suprema.
