El ex-lider del PRI en la Ciudad de México solicitó un amparo para finalizar la investigación en su contra, tras ser señalado por operar una red de prostitución al interior de su partido en 2014. Continúa la impunidad patriarcal hacia políticos proxenetas.
Marisol FN Agrupación de mujeres y disidencias Pan y Rosas
Miércoles 15 de julio de 2020
En 2014 una investigación realizada por el equipo de Carmen Aristegui, dio a conocer una red de prostitución al interior del PRI en la Ciudad de México, operada por el entonces dirigente del partido en la capital, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. El líder conocido como “el rey de la basura”, fue también dirigente de la Unión de Pepenadores y acusado de violar a más de 100 mujeres, hijas de trabajadores del servicio de limpieza a quienes amenazaba de muerte para que se las entregara.
A través de esta red contactaban a jóvenes desempleadas y precarizadas, ofreciéndoles empleos como edecanes y secretarías en el PRI. Una vez enganchadas, eran obligadas a dar servicios sexuales para integrantes del partido.
En 2015, las víctimas de Gutiérrez de la Torre recibieron múltiples amenazas de muerte luego de denunciar al líder priísta. En aquel entonces, la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), concluyó que no contaba con elementos suficientes para “afirmar o negar si existió un posible desvío de recursos, y si éste se empleó en las actividades objeto del presente procedimiento”.
En ese mismo año el juez décimo cuarto del distrito de amparo en materia penal, otorgó a Gutiérrez de la Torre el “no ejercicio de la acción penal”, dejándolo libre de cualquier responsabilidad por los delitos de trata y prostitución.
Hoy en 2020 y bajo el gobierno de la “Cuarta Transformación”, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México analiza un nuevo amparo interpuesto por el político, donde solicita finalizar la investigación que lo señala como operador de una red de prostitución. Nada se dice sobre las víctimas y su exigencia de justicia, tampoco se habla de una reparación del daño y mucho menos, de acciones legales en contra de aquellos funcionarios que encubrieron al proxeneta.
Con todo esto, queda demostrado el carácter patriarcal y misógino de las instituciones de justicia en México. Sin importar el partido político que gobierne, las mujeres sobre todo las pobres y precarizadas, seguimos siendo criminalizadas y revictimizadas por las instituciones supuestamente encargadas de impartir justicia.
Siguen desapareciendo o dándose “carpetazos” a las investigaciones de feminicidio y/o trata; se sigue llamando a que las mujeres que viven algún tipo de violencia, “concilien” con sus agresores y desistan de denunciar; continúa la impunidad y encubrimiento para aquellos funcionarios, políticos, policías y/o militares señalados por violencia contra mujeres. Pese al alarmante aumento de la violencia contra las mujeres y niñas durante la cuarentena, el gobierno de AMLO y la 4T insisten en reafirmar los roles patriarcales de las mujeres y en negar la violencia que vivimos a diario.
Así funcional la justicia patriarcal: mientras en los últimos años han aumentado las penas por violencia sexual y feminicida, en el país asesinan a más de 10 mujeres por día y las redes de trata con fines de explotación sexual-laboral continúan operando en total impunidad.
La justicia burguesa opera en base a los hechos de violencia consumados contra las mujeres y reduce su acción a castigos individuales, mayoritariamente en contra de quienes son pobres, migrantes, indígenas y trabajadores que constituyen la mayoría entre la población carcelaria.
Sin embargo todo el peso de la ley y sus instituciones, no aplica para los políticos señalados por trata y explotación sexual, como en el caso de Gutiérrez de la Torre, tampoco en contra de curas y miembros de la Iglesia denunciados por pederastia y mucho menos, contra policías y militares acusados de feminicidio o tortura sexual, como fue el caso de Atenco.
Para que realmente logremos justicia para las víctimas de Cuauhtémoc de la Torre y de todas aquellas mujeres que han sido violentadas y asesinadas en este país, es necesario la conformación de Comisiones de Investigación independientes del Estado y sus instituciones, integradas por referentes de la lucha contra el feminicidio y por los derechos de las mujeres, así como por organizaciones de Derechos Humanos, feministas, organizaciones sociales, sindicales y de izquierda.
Con el apoyo de las millones de mujeres que el pasado 8 de marzo inundamos las calles de todo el país con nuestro reclamo de justicia y contra la impunidad, estas Comisiones Independientes son el único camino que realmente podría llevar hasta el final las investigaciones y dar con los responsables de los múltiples crímenes contra las mujeres en México.
