La propuesta vino de agentes del 911, fuerza que integran los policías que asesinaron al niño. “Te van a dar un arma para que vayas a la casa de estas personas, los amenaces y hagas disparos y les digas que no se tienen que meter con la Policía”, sostuvo ante la Fiscalía.
Maximiliano Olivera @maxiolivera77
Lunes 9 de julio de 2018 02:00
Durante la última semana, la causa abierta a raíz del asesinato de Facundo Ferreira por un disparo policial sumó varias novedades. Finalmente, traídos por la fuerza pública, se presentaron a declarar ante la Fiscalía los agentes Mauro Díaz Cáceres y Nicolás González Montes de Oca, quienes quedaron imputados por homicidio agravado. Díaz Cáceres declaró varias horas mientras que Montes de Oca se abstuvo, y la fiscala Adriana Giannoni solicitó la prisión preventiva para ambos. De todas maneras, la aprehensión de ambos duró horas debido a que el juez de turno Víctor Rougés denegó los pedidos de prisión de preventiva realizados el lunes y martes, respectivamente.
Sobre el final de la semana se conoció una denuncia que forma la parte de la investigación que agrega un nuevo elemento contra la versión de los policías que hablaron de un “enfrentamiento”, donde los 11 disparos solo provinieron del lado de los uniformados. Un policía en situación pasiva por una causa penal denunció que el 26 de junio unos integrantes del 911 —servicio en el que desempeñan Díaz Cáceres y Montes de Oca— se acercaron para proponerle que realice disparos en la casa de la familia Ferreira a modo intimidatorio.
Según la denuncia ante la Fiscalía, el policía se encontraba realizando tareas de vigilancia cuando se acercó un móvil del 911 con dos miembros de la fuerza. Él reconoció sólo a uno, quién fue él que le ofreció un trato. “Te la hago corta, no tengas miedo ni nada, no venimos por vos. Te vengo a hacer una proposición, yo sé que andás con todo el quilombo y que querés volver a la Policía y tenemos la solución para vos”, dijo el uniformado del 911, según el relato de la denuncia. “Por el tema ese del pendejo están enquilombizados, que lo han matado en El Bajo”, agregó el agente.
Siempre según la denuncia, el policía le comentó que ellos podrían solucionar la denuncia por la que estaba siendo investigado en la Fiscalía Novena, “le tiran el muerto a otro en tu causa y volvés a trabajar en la Policía”. “Mirá, te la hago sencilla para que vos pienses. Los changos tienen el quilombo y me pidieron que te diga que te van a dar un arma para que vayas a la casa de estas personas, los amenaces y hagas disparos y les digas que no se tienen que meter con la Policía”, denunció que le propusieron y le dieron como plazo hasta el viernes 6 para tomar una decisión. Para rematar la propuesta, el agente del 911 le dijo: “pensalo, mirá que esto es en beneficio tuyo, yo tendría que estar hace rato en situación pasiva y mirá cómo me solucionaron el problema”.
El policía denunciante se presentó ante la Fiscalía porque de mediar una respuesta negativa “no sé qué pueden hacer, saben dónde vivo, dónde estudian mis hijos y la Policía cuando quiere hacerte daño, te hace daño”. En la denuncia constan datos sobre el agente que le propuso el acuerdo y se ofreció como prueba una cámara de seguridad.
Amenazas para la impunidad
Tras el crimen de Facundo Ferreira, su familia viene realizando una serie de denuncias sobre amenazas y acciones intimidatorias. En la conferencia de prensa realizada esta semana, Mercedes, la abuela de Facundo, comentó como durante la declaración de Díaz Cáceres, un familiar del policía la amenazó con su otro nieto, de diez año. “Dijo que a M., mi nieto, le iba a pasar lo mismo que a Facundo. ¿Por qué encima del dolor que tenemos, tenemos que andar recibiendo amenazas? Estos policías son un peligro para la sociedad, quieren que haya otro Facundo. No puede ser. ¿Qué quieren matar a toda mi familia y quedar libres?”, relató.
El hostigamiento policial también se expresa en las continuas razzias en el barrio Juan XXIII, donde vive la familia Ferreira y desde donde suelen partir las movilizaciones hacia Tribunales.
Ahora la denuncia de un policía permite confirmar el modus operandi donde, amparados en su poder como brazo armado del Estado, la Policía busca la impunidad para sus crímenes. Esto ocurre con anuencia de los mandos y también del poder político, en este caso, el Ministerio de Seguridad provincial. A nivel nacional, el accionar policial fue respaldado por la ministra Patricia Bullrich.
Esta nueva denuncia fue tenida en cuenta en el pedido de prisión preventiva para Díaz Cáceres y Montes de Oca, aun así, en una decisión express, el juez Rougés decidió que no había riesgo procesal si los agentes permanecen libres. Si se considera la posibilidad de una fuga o, más bien, una serie de medidas amedrentorias contra las víctimas junto a la utilización de su posición de poder como policías (suponiendo también la protección corporativa en la cadena de mandos y el poder político) que presumen de operar en la justicia, resulta ridícula la decisión del juez Rougés pero adquiere pleno sentido si la analiza como parte de un entramado por la impunidad de otro caso de gatillo fácil.
El pedido de la fiscalía para solicitar la nulidad del fallo de Rougés cayó en manos de Facundo Maggio, juez que entiende el caso. Maggio viene de asumir como juez penal luego de denuncias por su rol como defensor de acusados y condenados por delitos de lesa humanidad (tarea combinada con su rol de abogado del Arzobispado de Tucumán). A pesar del reclamo de organismos de derechos humanos, el gobernador Juan Manzur sostuvo su pliego, aprobado por la mayoría peronista de la Legislatura. Todo un simbolismo de un Estado que ampara a quienes fusilaron a un niño de 12 años por la nuca.
