Frente a las políticas de sumisión con el organismo internacional y el deterioro en las condiciones de vida de las y los trabajadores ¿como queda el acceso a la salud pública de las mujeres y disidencias?
Viernes 6 de marzo de 2020 23:39
Desde mayo de 2018 la ex administración macrista volvió a tender relaciones con el Fondo Monetario Internacional, como un pretendido “aval” al gobierno argentino ante los mercados. El nuevo gobierno de Fernández decidió “honrar” las obligaciones contraídas, con total voluntad de pago de una deuda fraudulenta y odiosa. Frente a estas políticas de sumisión en medio de recetas de un brutal ajuste, el derrotero es conocido, y esto significa el deterioro en las condiciones de vida de las y los trabajadores. El acceso a la salud pública de las mujeres y disidencias no queda exento.
Diagnóstico: La salud pública en estado crítico
Durante la era macrista, el grave problema fue el desfinanciamiento del sistema sanitario, siguiendo los lineamientos del Fondo Monetario, profundizando un recorte a un área sensible como la salud. En la presentación del proyecto de presupuesto enviado durante 2019 se señalaba la importancia de "garantizar el acceso a la salud", sin embargo, se proponía un incremento anual del 31, 8 % del gasto para este 2020 quedando 2,2 puntos por debajo de la inflación proyectada en el mismo presupuesto (34, 8 %). La variación fue significativa durante el periodo 2018-2019, donde en el primer año el presupuesto total del Ministerio de Salud fue de 46.123 millones de pesos, mientras que en 2019, esta cartera recibió 37.794 millones de pesos, distribuidos entre los principales programas de la Secretaría, todo esto en un contexto recesivo y en el marco de la eliminación del Ministerio reducido a la categoría de Secretaría como parte de los cambios impulsados por la gestión cambiemita.
Por su parte, el “Plan Universal de Salud “(DNU N 908 / CUS), creado por decreto por el ex presidente, fue lisa y llanamente transferencia de una masa de dinero al sistema privado, pero nada destinado con el fin de aumentar el financiamiento de la salud pública. Al igual que otros países de Latinoamérica, este sistema pasaba a funcionar con préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo o del propio Banco Mundial, lo que arroja como resultado seguir engordando aún más la deuda externa.
Si bien todas estas medidas se potenciaron en los últimos cuatro años, y fueron una muestra cabal de un brutal ajuste de aquel gobierno de los Ceos, lo cierto es que el deterioro progresivo que ha llevado a que en la actualidad haya hospitales públicos desabastecidos de insumos, aparatología, recursos humanos y con graves problemas de infraestructura, se profundizó con las políticas neoliberales recomendadas por el Banco Mundial y aplicadas de manera obediente por el menemato reinante en la década de los 90.
Por su parte, el gobierno del Frente de Todos, en su discurso inaugural, declaró la emergencia sanitaria; “Vamos a restituir el Ministerio de Salud para devolverle a la Argentina una política sanitaria basada en la calidad, el acceso, la equidad y el talento humano", expresó Fernández en su discurso. Lo cierto es que hasta el momento el presupuesto 2020 es prorrogado de la gestión anterior, lo que implica que será totalmente ajustado para salud, vivienda y educación y sometido al endeudamiento externo.
La salud como derecho humano en un país dependiente del FMI y los especuladores
En 1988 la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericana y del Caribe (RSMLAC) sentó las bases en donde reafirma el acceso a la salud de las mujeres como un derecho humano que debe ser garantizado sin ningún tipo de restricción y / o exclusión.
Por su parte, según la Organización Panamericana de la Salud en el marco del Día Internacional de la Mujer en 2017, expresaba que: “los países de la Región están impulsando, en forma individual y conjunta, medidas para cumplir con los compromisos y alcanzar las metas de la estrategia regional de la OPS para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud“. Nuestro país es Estado Parte de la OPS, pero nada más lejos está de cumplir con los preceptos que alega tal declaración, sino por el contrario, no hay voluntad política de garantizar el acceso a un sistema sanitario público de calidad, irrestricto, y con mayor presupuesto como prioridades fundamentales.
En la Argentina de los últimos años, el trabajo, sobre todo aquel que recae sobre las espaldas de las mujeres, muestra un carácter de precariedad absoluto: salarios magros, flexibilización, pasantías, interminables períodos de prueba, empleo en negro, no pago de horas extras o licencias diversas (enfermedad, estudio, día femenino). Las cifras con respecto al trabajo no registrado se triplicaron en la última década, siendo más alta en sectores como el textil (60%), y el trabajo rural (77%). Pero la situación con respecto a las mujeres marca que el trabajo no registrado llega al 35,5 %.
Para las mujeres los salarios son más bajos, las jornadas más largas y extenuantes, donde es mayor la presión y el acoso laboral, lo que trae aparejado serias consecuencias en cuanto a la salud física y mental. Se cuentan por miles las mujeres que no cuentan con cobertura de salud, en el marco que dos de cada tres desocupados llevan el rostro de una mujer.
Ese es el panorama desolador en nuestro país en la actualidad, en el que el sistema de salud pende de un hilo donde la pretensión de la gestión anterior era gastar solo en servicios de deuda pública, 5 veces más que las erogaciones en salud. Por otro lado, mientras los hospitales se encuentran saturados, con falta de insumos básicos como de personal médico y no médico, sumado a graves problemas edilicios, además de la falta de aparatología diagnóstica fundamental, donde las principales ciudades del país no cuentan con hospitales de alta complejidad, los sueldos de los profesionales de médicos, enfermeros, anestesistas, y otros, son sumamente bajos, siendo el sector de salud un ámbito históricamente feminizado.
La salida de fondo en definitiva, es la pelea por un sistema de salud único, gratuito y de calidad, con base en la liquidación del sistema privado y la implementación de un sistema integral de hospitales y centros de salud públicos, controlado por los trabajadores y usuarios, financiado con impuestos progresivos a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa.
Salud sexual y reproductiva en peligro
La situación de las adolescentes argentinas comprendidas entre los 15 y 19 años en torno a la maternidad, arroja datos más que preocupantes: la tasa de fecundidad asciende a 65 por mil, superando el 62 por mil estimado para América Latina y el Caribe y que se encuentran por encima de muchos países de la región que hasta hace pocas décadas se encontraban en estadios más atrasados de la transición demográfica, según datos arrojados por un informe de la ONU.
Niñas y adolescentes se encuentran condicionadas por la temprana edad donde se ven obligadas a ejercer la maternidad, y el lugar rezagado que ocupan cuando se insertan en el mercado de trabajo, en condiciones de alta precariedad, en un contexto crítico donde se intenta avanzar sobre las condiciones de trabajo del conjunto de la población, con mayor flexibilización laboral y hasta propuestas de aumento en la edad jubilatoria, mientras se deterioran los sistema de salud y educación públicas, sectores con alta concentración de fuerza de trabajo femenino, y que a su vez operan como resortes fundamentales que ayudan a las mujeres a sobrellevar la sobrecarga de trabajo doméstico que mayoritariamente recae sobre ellas.
Los números son concretos y como en el caso del presupuesto hablan por sí solos: un 19,7% de reducción en la entrega de preservativos en los centros de salud y una reducción del 14,7% en el área de salud sexual y reproductiva. Cada dólar que entra del FMI implica muchos otros más que salen de los bolsillos de las y los trabajadores para pagar una deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta, siendo las mujeres de menores recursos las principales afectadas.
Mientas la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) Núm. 26150 sancionada en el año 2006 exige la educación sexual en todos los niveles del sistema educativo, las políticas de desinversión por parte del Estado, la falta de capacitación y la injerencia de la Iglesia, son obstáculos determinantes para su implementación.
El proyecto de aborto legal, seguro y gratuito está en las calles
Hace unas semanas atrás, las calles se vieron colmadas nuevamente por la marea verde que sigue en pie en la pelea por el Derecho al Aborto Legal. Hoy en día se calcula que en el país se realizan aproximadamente 450.000 abortos clandestinos al año, y llegan a 60.000 internaciones anuales frente a las complicaciones que surgen ya que muchos de ellos se realizan en absolutas condiciones de insalubridad, en medio de la clandestinidad o a través de métodos poco seguros para la salud y la vida de las mujeres y cuerpos gestantes.
Jóvenes mujeres trabajadoras y de sectores populares son las más afectadas para acceder a la salud y los derechos reproductivos, y sobre quienes recae la vara de la justicia patriarcal al momento de querer decidir sobre sus cuerpos. Persecución y condena son moneda corriente al punto de que en nombre de Dios y el ejército se festeje que una niña de 14 años sea obligada a parir, por sólo mencionar el ejemplo del medieval gobernador de Salta, Gustavo Sàenz que supo agradecer este "milagro" a través de sus redes sociales.
Macri instaló el debate del aborto en el inicio de las sesiones parlamentarias del Congreso nacional a mitad de su mandato presidencial. Días pasados, como hace dos años atrás, Fernández anunció el envío de un proyecto del propio Ejecutivo para la legalización del aborto. Sabido es, que si este reclamo histórico del movimiento de mujeres es tratado por los gobiernos de la bandera política a la que pertenezcan, es por la lucha incansable en las calles, un proyecto puesto en pie y presentado desde hace 15 años por la Campaña Nacional (CNDA) y por el cual millones de mujeres y cuerpos gestantes se han movilizado en todo el país, a pesar de los gobernadores antiderechos y las cúpulas eclesiásticas.
La pregunta es si finalmente dejan de vetar un derecho elemental como el de decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, en el marco de una futura legalización, cuál sería la prioridad ¿pagar la deuda al FMI y a los acreedores buitres o que esa plata sea destinada a nuestros derechos a la salud y a la vida, como a el trabajo, la educación y la vivienda?
Sólo nos queda organizarnos movilizadas y en las calles, con plena confianza en nuestras propias fuerzas, porque nunca nadie, ningún gobierno nos regaló nada.
