Con un fuerte lobby, Funes de Rioja como vocero de las cámaras empresariales dejo en claro, sus intenciones de modificar varios puntos del proyecto. Si se aprueba la ley las patronales tendrán 90 días después de que se levante la cuarentena para empezar a cumplirla. Los trabajadores siguen pagando los costos mientras las multinacionales ganan fortunas.
Viernes 24 de julio de 2020 20:31
El miércoles 22 de julio se reunió nuevamente la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado y emitió un dictamen sin modificaciones a favor del proyecto de ley que regula el teletrabajo tal como fue aprobado por la Cámara de Diputados.
La necesidad de frenar la prepotencia patronal con el teletrabajo en cuarentena empezó en el día cero del aislamiento social. Que la aplicación de la misma sea 90 días después de ASPO, es una demostración que el teletrabajo es una avanzada patronal aprovechando esta flexibilización de hecho que impusieron en la cuarentena. Las patronales presionan para avanzar aun mas, aunque por el momento sin éxito, seguirán con el loby y las presiones. Funes de Rioja es uno de los abogados mas flexibiizadores y antiobreros nada lo detiene solo la lucha obrera. Los trabajadores y sus sindicatos deben dar una respuesta a la altura de estos ataques.
Previamente a la emisión del dictamen, diversos referentes de cámaras empresariales y especialistas convocados a la reunión, expusieron sus críticas al proyecto. Entre ellos, estuvo Daniel Funes de Rioja de la UIA; Brenda Puig, abogada del Instituto de Desarrollo Empresaria (IDEA); Luis Galeazzi de Argencom; Leo Bilasky, presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales (Enac); Pablo De Luca, abogado de Adepa; Marcela Avalos (Grupo de Entidades Empresariales de Córdoba) y Ramiro Albrieu, investigador principal de Desarrollo Económico de Cippec.
El jueves pasado, ya habían participado el Ministro de Trabajo Claudio Moroni y los referentes de la CGT y CTA, Héctor Daer y Hugo Yasky.
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La mayoría de los representantes patronales criticaron la rigidez del proyecto, que establecía un exceso en materia de reglamentación, y advirtieron que así como estaba redactado, podría desalentar la promoción del teletrabajo en la Argentina y la creación de puestos de trabajo. Solicitaron realizar modificaciones a algunos artículos del proyecto, centralmente con el objetivo de flexibilizar la jornada de trabajo, el “derecho a la desconexión” del trabajador, que los pagos por gastos y herramientas sean no remunerativos, entre otros.
Con respecto al artículo sobre la “reversibilidad”, es decir, el derecho que tiene un trabajador que se encuentra teletrabajando de volver a cumplir su tarea de manera presencial, plantearon que debe ser de común acuerdo y no de forma “unilateral” como establece el proyecto. También criticaron el artículo sobre “tareas de cuidados” advirtiendo que generará un obstáculo para el cumplimiento de objetivos, entre otros.
Por su parte, Leo Bilansky (ENAC), se refirió a empresas en el país que “no comprenden la responsabilidad para con sus trabajadores ni la política de solidaridad y esfuerzo compartido”. Y tomó como ejemplo a Edenor que obtuvo ganancias de 12 mil millones de pesos durante el 2019 y que envió por mail a sus propios teletrabajadores, promociones para venderles las sillas ergonómicas cuando debería proporcionarlas.
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No se trata de “esfuerzo compartido”. Los costos de la crisis no tenemos por qué pagarlos los trabajadores. ¿O acaso nos participan de las ganancias?.
La “anécdota” de Edenor, pareciera un chiste de mal gusto pero lamentablemente es un ejemplo de los que miles de trabajadores y trabajadoras estamos padeciendo con la prepotencia patronal. Interminables jornadas laborales, despidos por no contar con herramientas para teletrabajar, o mala conectividad; rebajas salariales, problemas de salud típicos por no tener condiciones ergonómicas adecuadas; recarga del trabajo por el cuidado de hijos e hijas que están en receso escolar, o cuidado de personas que recae mayoritariamente sobre las mujeres, y encima nos tenemos que hacer cargo de los gastos que deberían pagar las empresas.