Distintas organizaciones de mujeres de todo el país reclamamos justicia por la adolescente que concurrió al Hospital de Treinta y Tres en tiempo y forma, según indica la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), pero a la semana de realizarse la práctica, falleció. ¡Ninguna complicidad! ¡El gobierno y las autoridades de Salud son responsables!
Martes 26 de enero de 2021
La Red feminista de acompañamiento en aborto Las Lilas fue de las primeras organizaciones que informó, a través de un comunicado, que una joven de 14 años falleció por septicemia en el hospital de la capital de Treinta y Tres luego de haber pasado por el proceso legal de IVE en los servicios públicos del departamento, en el mes de diciembre pasado. Una semana después de abortar, ingresó a la emergencia hospitalaria y falleció a las 24 horas.
En la segunda semana de enero se confirma que fue reportado el fallecimiento al Comité de Muerte Materna que funciona en la órbita del Ministerio de Salud, y que también se realizó la denuncia en el sistema judicial por parte de la familia. El comunicado señala que las causas que generan muertes durante el embarazo, parto, aborto o puerperio son, en general, evitables si se actúa adecuada y oportunamente desde los servicios de salud.
La ley de IVE: Un gran avance pero con falencias.
Desde Pan y Rosas adherimos a esta y otras denuncias realizadas por las organizaciones de mujeres, y por la propia familia. Coincidimos en que la ley ha sido un gran avance y que se logró gracias a la incansable lucha de las mujeres, sin embargo también es una realidad las falencias que presenta en su implementación en varios departamentos, y los prejuicios morales y religiosos que se expresan desde distintos sectores, condenando a las mujeres por su decisión, culpabilizándolas de la situación y discriminándolas
La ley de aborto vigente en el país sigue colocando a nuestros cuerpos bajo la tutela del Estado. Si bien ha sido un avance que evita la muerte de mujeres en lugares clandestinos sin prácticas seguras, pero seguimos bajo la presión de estar sujetas a determinadas instancias previas antes de poder acceder a la práctica médica. También nos enfrentamos a uno de los obstáculos que más hace peligrar la práctica de forma segura: la objeción de conciencia de los médicos. En el interior del país muchos profesionales se niegan a realizar la práctica y exponen a las mujeres a tener que viajar varios kilómetros a otros departamentos en busca de atención médica y arriesgando los plazos legales.
Desde hace mucho tiempo que las mujeres estamos señalando estos inconvenientes y hasta el momento desde el Estado no se nos ha dado el espacio para debatir y mejorar la ley vigente, todo lo contrario, nos toca enfrentar amenazas de referentes políticos antiderechos que insisten en dar marcha atrás en este derecho.
Somos conscientes que muchos van a querer utilizar este caso para cuestionar y atacar el derecho a decidir de las mujeres, en vez de colocar el foco de atención en las causas que provocaron la muerte, las cuales tienen que ser investigadas y esclarecidas.
Exigimos que se esclarezca el caso y que nos garanticen el cumplimiento de la ley de forma segura.
Nos sumamos al pedido de Las Lilas y otras agrupaciones exigiendo que se esclarezca lo sucedido. Este tipo de muertes son evitables si la práctica se realiza de forma adecuada, responsable y comprometida con la salud de la mujer.
Como señala el comunicado: "Necesitamos saber qué pasó, qué medidas reparatorias van a tomarse con la familia, qué sanciones se aplicarán a quienes sean responsables y qué correcciones tendrán los servicios para prevenir otra terrible situación como ésta. Ya es hora que hablemos nuevamente de aborto en nuestro país porque lejos estamos de haber resuelto el problema. El Poder Ejecutivo tiene responsabilidad y la dirección de ASSE en particular porque esto sucedió en sus servicios, aunque en los privados también habría que tomar medidas porque no están exentos de problemas. El Legislativo debería asumir la tarea de velar por el cumplimiento de la ley que promulgó y hacerse cargo de los problemas para corregir sus errores. El sistema judicial tiene en sus manos la denuncia y es el que debería asegurar justicia. Advertimos que no estamos dispuestas a recibir amenazas de retroceso como han anunciado algunos políticos, ya es hora de que se respeten y garanticen nuestros derechos porque nuestra seguridad, libertad y autonomía no son negociables."
Hacemos responsables y exigimos respuestas a las autoridades de ASSE y del hospital departamental, como así también al gobierno nacional. ¡Ni una menos por negligencias médicas o por falta de compromiso con la salud reproductivas de las mujeres!
