Tucumán. ¿Qué se podría hacer con los millones que la Legislatura le da a los grandes empresarios?

Mientras el gobierno de Juan Manzur afirma no tener los recursos para atender las necesidades elementales de la población que sufre inundaciones recurrentes, hospitales colapsados, escuelas que se caen a pedazos, o el desborde del sistema cloacal, subsidia con miles de millones de pesos a estos sectores empresarios a través de leyes y decretos de los que muchas veces salen directamente beneficiados.

Subsidiando al capital

Durante la gestión de Manzur, con Osvaldo Jaldo al frente de la Legislatura, se votó la alícuota cero en los ingresos brutos para los empresarios ganaderos, para la producción de limón, arándanos, producción de papas, call centers -que también perciben el 25% del salario bruto de los trabajadores del sector-, y alícuotas casi nulas para la producción de soja, caña, azúcar y bioetanol.

En el marco de la ley de emergencia en transporte público que habilita dos tarifazos anuales, se está subsidiando con más de 1400 millones de pesos a las empresas de colectivos. En 2017 la fábrica de cervezas Quilmes recibió el beneficio de 24 millones de pesos en concepto de reintegro por su inversión en la planta. También Arcor recibió el beneficio de 10 años de exención en impuestos a los ingresos brutos y a la salud pública. Otro sector altamente favorecido con subsidios directos es el de la educación privada, mayoritariamente confesional.

Contrastan estos números con los apenas 40 millones que prevé el presupuesto provincial de este año, y festejó el ministro Lichtmajer, para el arreglo de escuelas; o los 0 (cero) pesos que todavía tiene la emergencia en violencia de género, sancionada en 2016.

Con la información disponible es difícil calcular el costo fiscal de estos subsidios a empresarios, pero si solo tomamos lo que reciben las empresas de transporte de pasajeros, estamos hablando de una masa de dinero que equivale, cada año, a los fondos necesarios para construir 3 importantes hospitales de maternidad con 10 unidades de trabajo de parto, 130 camas de internación, terapia intensiva neonatal con 51 incubadoras y 60 consultorios externos.

Con los 400 millones de pesos que le dejan de cobrar a los empresarios del citrus -10 veces más de lo que se destina al mantenimiento de las escuelas de la provincia-, cada año se podrían construir 19 refugios para mujeres víctimas en situación de violencia.

Con los 90 millones de pesos que le perdonan a los empresarios del arándano, se podrían construir 9 jardines maternales por año.

El jardín de los antiderechos de las mujeres y de la juventud trabajadora

Mucho más difícil es rastrear leyes y decretos de “emergencia laboral” o que apunten a terminar con la precarización, el trabajo en negro que afecta a la mitad de la fuerza laboral de la provincia, que ponga un límite a la sobreocupación que afecta a más del 30% de los trabajadores con jornadas que pueden llegar a las 12 o 14 horas diarias, o que fije un salario mínimo igual a la canasta familiar, en este reservorio de mano de obra barata y sin derechos.

Es que no hay ninguna ley o decreto que apunte en este sentido, porque la Legislatura y el Gobierno provincial están en manos de los grandes empresarios y sus políticos. Con sus acoples, en estas elecciones quieren volver a distorsionar la voluntad de los electores para que el Frente de Izquierda no ingrese en la Legislatura y se escuche, por fin, una voz a favor de los intereses del pueblo trabajador.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores emerge con la fuerza de los trabajadores, las mujeres y la juventud para organizar la lucha contra el ajuste del FMI, Macri y los gobernadores, con un programa para que esta vez la crisis no la pague el pueblo trabajador sino quienes la generaron: los grandes empresarios, banqueros y terratenientes.

Podés leer la primera parte de esta serie: Ellos y nosotros: radiografía de la desigualdad en Tucumán