El juez Rougés desestimó el pedido de la fiscalía sobre el oficial Montes de Oca, quien estaba aprehendido. El lunes ya había dejado sin efecto la aprehensión sobre Díaz Cáceres.
Miércoles 4 de julio de 2018 18:10
En la tarde de hoy se conoció la última decisión del juez Víctor Rougés de desestimar el pedido de la fiscalía para dictar la prisión preventiva sobre Nicolás Montes de Oca, el oficial que se abstuvo de declarar este martes por el asesinato de Facundo Ferreira. La fiscala Adriana Giannoni había imputado a Montes de Oca por homicidio agravado y el agente del 911 se encontraba aprehendido en la alcaldía de Tribunales esperando la decisión del magistrado.
Rougés ya había fallado el lunes a favor del policía Mauro Díaz Cáceres, quien sí declaró ante Giannoni. Para el magistrado no existe riesgo en el entorpecimiento del proceso con la libertad de los dos policías involucrados en el asesinato del niño de 12 años. En la madrugada del 8 de marzo los agentes realizaron once disparos y uno de ellos, presuntamente ejecutado por Díaz Cáceres, impactó en la nuca de Facundo Ferreira y fue letal. Además, Rougés falló en calidad de juez de turno ya que el magistrado que entiende en la causa es Facundo Maggio, quién asumió recientemente en medio de impugnaciones por su rol como abogado defensor de acusados de delitos de lesa humanidad.
Desde la querella, a cargo de Andhes, ya se realizaron presentaciones para apelar la decisión del juez y exigir la prisión preventiva para los dos policías. Para la querella existe un riesgo real en el entorpecimiento de la investigación en curso por la condición de ambos de pertenecer a la fuerza policial, con múltiples contactos y poder de influencia. También se señalan las múltiples amenazas recibidas por la familia de Facundo Ferreira y el consiguiente hostigamiento policial en el barrio donde vivía el niño de 12 años.
En tanto, las autoridades policiales señalaron que Díaz Cáceres y Montes de Oca continuarán prestando servicios aunque en tareas administrativas. El respaldo en la fuerza es reforzado políticamente a través del Ministerio de Seguridad provincial, quien proporciona al abogado que patrocina a los policías. Justamente, el ministro Claudio Maley realizó declaraciones públicas avalando la versión de los policías de un “enfrentamiento” donde los policías se defendieron. Luego fue el turno de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, de avalar un caso de gatillo fácil bajo la “doctrina Chocobar”.
