El "Colectivo de Discapacidad" y diferentes organizaciones se movilizaron debido al ajuste en el sector llevado a cabo por el gobierno nacional. Esto implica un ataque directo a niñxs y adolescentes.
Martes 30 de agosto de 2022 16:00
El 29 de agosto comenzó un paro con extensión nacional durante tres días con acampe en la Plaza de Mayo por la falta de pago a quienes atienden a personas en situación de discapacidad a nivel nacional. La deuda lleva meses y en algunos casos todo lo que va del año. Esto se agrava por el actual esquema de reintegros, la Superintendencia de Servicios de Salud, comunicó a través de DNU un “mecanismo de integración” mediante el cual se llevará adelante un “acopio” por parte del AFIP del presupuesto destinado a pagar las prestaciones. Además en el transcurso de la jornada han sido amedrentadxs con un mega operativo policial como única respuesta frente al reclamo.
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Así, unxs a otrxs se tiran la pelota, y quienes siguen sin percibir su salario son los trabajadorxs. Quienes realizan la atención desde diferentes especialidades, psicomotricistas, terapistas ocupacionales, transportistas, psicopedagogxs. Ante esta situación se vieron obligadxs en muchos de los casos a suspender las sesiones ante la falta de pagos y la cantidad de meses adeudados.
El recorte de 10 mil millones del fondo de asistencia a la discapacidad es una muestra del despiadado ajuste que aplica el gobierno del Frente de Todos.
— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) August 29, 2022
Desde el Equipo de infancias y adolescencia entrevistamos a familiares y trabajadores del ámbito:
Trabajadoras de salud denunciaron: “Hay demoras en los pagos, todavía no cobramos lo que trabajamos en junio, y algunas obras sociales están más atrasadas. Lo que plantea la Superintendencia de Salud es que es AFIP quien tiene ese dinero”.
“No podemos contar con nuestro sueldo, directamente ahora no hay nada establecido, trabajamos y no sabemos si vamos a cobrar, ni siquiera en 3 o 4 meses como estamos lamentablemente acostumbradas a hacerlo y se hace cada vez más difícil por la inflación actual que nos afecta a todos, por eso nos convocamos no solamente lxs profesionales sino también lxs padres y madres de nuestros pacientes, porque están peligrando las prestaciones porque en esta situación no podemos continuar y se vulnera el derecho de lxs pacientes a recibir su atención”.
Por otro lado, también se manifestaron trabajadores transportistas encargados de los traslados de niñas, niños y adolescentes con movilidad reducida, quienes tampoco están percibiendo el cobro de salario por sus servicios:
“Nos convocamos porque se plantea que desde el gobierno no se está entregando el dinero a las obras sociales y así poder pagarnos. Somos transportistas y ya no se puede sostener, cobramos desde que hacemos el servicio a 120 días. Para todos los gobiernos somos una burla. Los canales parece que tienen prohibido venir y mostrar la realidad que atraviesa a los chicos con discapacidad”.
“Después de la pandemia vivimos al día, cobramos en el día. y los más perjudicados son los chicos porque deje a todos los chicos sin trasladar, hay chicos que llevo y van a comer al colegio, se quedaron sin comer”
Este ajuste además implica un ataque directo para niñxs y adolescentes con discapacidad y recrudece la situación que atraviesan hoy. Se conoció en los últimos días el recorte de $15.000 millones del Programa “Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles” y el de $30.000 millones al Programa “Conectar Igualdad”. Continuando así con la línea del paquete de recortes que anunció el Superministro Massa, para lograr pagar al Fondo y que tiene un objetivo: ajustar a la población más vulnerable.
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Estas medidas son contrarias a la ley 23.378 del 2008 que aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en su art. 4, párrafo 3° menciona: “En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan”.
De acuerdo con los preceptos, nada sobre el ajuste y recorte que se está dando fue consultado a trabajadores y familias, ni se ha tenido en cuenta la voz de las organizaciones que representan a este sector.
El ajuste no es una frase, es recortar el sueldo a los trabajadores, recortar derechos adquiridos de nuestras infancias y adolescencias, para pagar la deuda. Queda claro cuáles son las prioridades para el gobierno y en esas prioridades no están las infancias y adolescencias con discapacidad, el sector más vulnerable de nuestra sociedad.
Desde el equipo técnico de infancias y adolescencias apoyamos la lucha y decimos
¡No al ajuste, no al DNU.
Las prestaciones son derechos!