Tuvieron que trascender numerosos casos de tortura, vejaciones y hasta muertes de detenidos para que, 4 años después de promulgada la ley para la creación del organismo, sea realmente implementada por el Gobierno.
Jueves 7 de enero de 2016
En el año 2012, la legislatura provincial sancionó con fuerza de ley la creación de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, "como organismo descentralizado, independiente y con personalidad jurídica propia, funcionalmente autónomo y financieramente autárquico". En 2014, La Defensoría General de la Nación exhortó al gobierno provincial que activara el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Finalmente el pasado lunes 4 se reglamentó el citado organismo para velar contra las graves violaciones a los DDHH de las personas privadas de su libertad.
Érica Brunotto, secretaria local de Derechos Humanos, informó en Casa de Gobierno -junto a funcionarios y miembros de organismos de DDHH- que la provincia finalmente reglamentará la citada ley 8523. Dijo que "estará conformada por el Ministro Fiscal, por tres legisladores, por la propia secretaría de Derechos Humanos, además cinco integrantes de organizaciones civiles". Deberán ser aprobados por la Legislatura.
En la provincia se hicieron públicos numerosos episodios de torturas, casos de gatillo fácil, detenciones ilegales, hacinamiento en cárceles y comisarías y malos tratos en general. También se sucedieron muertes de detenidos, en comisarías y cárceles.
A nivel nacional, el pasado 15 de diciembre se presentó el cuarto Informe Anual del Registro nacional de casos de torturas y/o malos tratos. Fueron detectados 7 mil casos. Relevaron más de 50 instituciones de encierro, donde 2074 víctimas denunciaron 6843 casos de torturas y/o malos tratos. Esto incluye malas condiciones de detención, aislamiento, falta o deficiente alimentación, agresiones físicas, falta o deficiente atención sanitaria, corte de los vínculos sociales y familiares, traslados arbitrarios, amenazas, robos y requisas vejatorias. Sólo en la provincia de Buenos Aires, donde la política represiva muestra sus ribetes más agudos (el CELS en un informe reciente lo denominó "sistema de crueldad"), se constataron 3677 casos de torturas y/o malos tratos. La situación constatada en esta provincia se replica en toda la Argentina, donde según el informe hay 19 casos de torturas por día. El 70% de las víctimas relevadas en este informe son jóvenes.
Tal como ocurre en las cárceles y comisarías de Tucumán, el informe pone al desnudo la operatoria habitual mediante la cual el sistema descarga su violencia contra los detenidos: saturación territorial de las fuerzas de seguridad que lleva a intervenciones violentas e ilegales en el espacio público, y el aumento del uso letal de la fuerza, la práctica sistemática de la torturay las deplorables condiciones de encierro, la falta de acceso a la justicia y la ausencia de reparación para las víctimas de estas violencias.
