Se dio a conocer la sentencia de segunda instancia en el caso. Tras cinco meses de espera tras la apelación por parte de la familia Herrera, la justicia mantuvo la sentencia condenando solo a cinco policías de los treinta implicados y disminuyendo la pena de dos de ellos.
Viernes 6 de octubre de 2017
No es nada nuevo en la provincia de Santa Fe tener que enfrentar a la red de complicidad del gobierno, la policía y la justicia. Siendo la principal provincia en casos de gatillo fácil y violencia institucional, la justicia se encarga de asegurar este estatus estableciendo un vergonzoso fallo para dar total impunidad a la fuerza policial.
Como declaró Julieta Riquelme, hermana de Jonatan, “Lo de mi hermano no fue un caso aislado, es una problemática que atraviesa a todo el país: cada 28 horas muere un pibe asesinado en manos de la policía.”.
En la sentencia de apelación hoy conocida en Tribunales provinciales de Rosario, la familia Herrera solicitaba que se amplíe el número de condenados y se apliquen mayores penas. El artículo 80, inciso 9° del Código Penal, menciona: “Será reprimido con prisión perpetua, al que matare… abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario” pero nada más alejado que esto, el tribunal no solo mantuvo la sentencia de primera instancia, sino que también redujo las sentencias de los imputados Rodríguez y Sosa, en un alevoso guiño a las fuerzas represivas del Estado.
Lo que ha hecho el Tribunal de Alzada fue confirmar las calificaciones, manteniéndola como abuso de arma, sin considerar que sean pasibles de implicarles el homicidio calificado como lo solicitaba la querella. Para situarse en lo aberrante del hecho, el abuso de arma se da cuando se dispara hacia cualquier lugar, sin generar ninguna amenaza hacia una persona física. Pero Jonatan fue acribillado en la puerta de su casa el primero de enero de 2015, cuando se le dispararon 52 proyectiles.
Así, fuera de toda lógica, los jueces interpretaron que los policías que dispararon 52 balazos a un chico que estaba protegiéndose detrás de un árbol, sin armas y sin poder generar ningún tipo de riesgo, no tenían la intención de matarlo; considerando que hay culpa por parte de los efectivos, y no dolo como se evidenció en la causa.
El abogado de la familia denunció que la Fiscalía de homicidios utilizó la misma policía sospechada de haber cometido el hecho, para investigarse a sí misma, violando todo estándar internacional de una investigación justa, eficaz y ética.
El mismo declaró al conocerse la sentencia: “La misma policía en su rol de acusado e investigador, se encargó de ensuciar la escena del crimen, arruinando toda prueba fundamental para el inicio de la causa; cuando están los videos en donde se ve a los efectivos juntar los casquillos de las balas utilizadas contra la víctima. Sin embargo, a los jueces esto no les resulta ningún indicio del dolo en su accionar”.
Continuando con su declaración, indignado por lo acontecido, terminó de sentenciar: “Es un claro mensaje desde el poder judicial a la policía de que son libres e impunes para salir con su fuerza represiva a cometer estos hechos, sin ningún tipo de responsabilidad penal”.
La familia Herrera no se encuentra sola en la lucha que significa enfrentar al Estado que condeno a la muerte a Jony con su policía y quiere dejar impune el caso a través del Poder Judicial. “La lucha sigue en las calles, estamos acompañados por los familiares de chicos asesinados por gatillo fácil porque no queremos ningún Jonatan Herrera más, porque no queremos más pibes asesinados por la policía”. dijo Julieta al salir de Tribunales.
María Elena, madre de Jonatan entre las lágrimas que genera encontrar tanta violencia y hostilidad, declaró: “Todo el poder judicial está mal, nos tratan como la última basura porque somos de sectores populares, del barrio Tablada, de un barrio bajo”. Mostrando fortaleza para continuar la lucha, cerró su intervención denotando que no van a bajar los brazos ante esta justicia de clase y opresora: “Fuimos siempre una familia humilde y vamos a seguir luchando porque mi hijo tenga la justicia que se merece”, sentenció.
Reproducimos comunicado de la familia:
En el día de hoy, jueves 5 de octubre de 2017, se dio a conocer el resultado de la sentencia de la Cámara de Apelaciones, integrada por el juez Javier Beltramone y las juezas Bibiana Alonso y Georgina Depetris. Este Tribunal, no estuvo a la altura de la gravedad de los hechos acontecidos, que configuran graves violaciones a los Derechos Humanos. Una vez más quedó al descubierto la impunidad que garantiza el Poder Judicial al no sancionar de manera eficaz y efectiva las prácticas sistemáticas de uso ilegal de la fuerza por parte de la policía.
Recordemos que Jonatan fue acribillado por policías del Comando Radioeléctrico (CRE) y de la recientemente creada Policía de Acción Táctica (PAT), mientras lavaba su auto en la puerta de su casa, el 4 de enero de 2015. Este caso, en sus diferentes instancias, dejó en evidencia la repetida y sistemática intención del Poder Judicial de garantizar impunidad a los policías responsables. En un primer momento, se intentó cerrar la causa por Juicio Abreviado, una respuesta totalmente a contra marcha de la especial obligación que tiene el Estado de investigar casos de violencia policial y graves violaciones a los derechos humanos. Posteriormente, se intentó unificar las querellas. Luego, una vez que el caso llegó a juicio oral y público, gracias a la tenaz e incasable lucha de su familia y de distintas organizaciones sociales, políticas, académicas, sindicales, culturales y de derechos humanos, el 6 abril de este año, los jueves Curto, Alarcón y Zvala dictaron una sentencia vergonzosa.
Hoy, en una nueva sentencia bochornosa la Cámara de Apelaciones dispuso POR MAYORÍA DE VOTOS (voto mayoritario de las juezas Alonso y Depetris y en disidencia el juez Beltramone) CONFIRMAR LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA RESPECTO DE RAMIRO ROSALES, la que impusiera la pena de 6 años y 6 meses de prisión y 8 años y 6 meses de inhabilitación por considerarlo autor penalmente responsable del delito de HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO POR EL USO DE ARMAS.
En segundo lugar, dictaminó POR UNANIMIDAD CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de primera instancia respecto de Francisco Javier Rodríguez, Luis Alberto Sosa Luis Alberto y Alejandro Gálvez revocando la pena impuesta a los mismos (3 años y 8 meses por abuso de armas agravado), condenando a la pena de 2 años de ejecución condicional a Sosa y Gálvez y a la pena de 2 años y 8 meses de ejecución condicional respecto a Rodríguez, por encontrarlos coautores del delito de ABUSO DE ARMAS.
Esta resolución confirma e incrementa la impunidad que la repudiable sentencia de primera instancia ya había asegurado, manteniendo la calificación legal de homicidio culposo en el caso de Rosales, figura legal utilizada cuando "se mata sin querer", contradiciendo lo que quedó ampliamente demostrado en juicio en torno al dolo con el que actuó Rosales. Los propios jueces entendieron en el fallo que Rosales disparó 11 veces con su arma reglamentaria, que no le cabe ningún tipo de excusa absolutoria, y que su accionar fue totalmente ilegal ya que no estaba habilitado a utilizar la fuerza de ninguna manera. Sin embargo, a la hora de condenarlo, contradictoriamente, no encuadran su conducta en la figura de homicidio doloso agravado, tal como lo solicitó la querella de María Elena Herrera.
En cuanto a los agentes de la PAT, ya la sentencia de primera instancia resultaba sumamente desajustada a derecho, al condenar por abuso de armas a los tres policías que se comprobó que también dispararon a Jonatan. Los jueces de segunda instancia, no sólo no cambiaron la calificación legal de los hechos perpetrados por los efectivos de la PAT, tal como lo entiende y solicitó la querella de la mamá de Jonatan, que exigió condenar por tentativa de homicidio, sino que además redujeron la condena de los mismos.
Por otra parte, el fallo reconoce que la escena del hecho fue alterada por el personal policial interviniente, reconoce la inadecuada conducción y entrenamiento del personal de la Policía de Acción Táctica y la falta de investigación adecuada por parte del Ministerio Público de la Acusación. Por lo que recomiendan al Fiscal General y al Ministerio de Seguridad de la Provincia que los hechos sean investigados adecuadamente, y que la investigación sea llevada a cabo por parte de una fuerza ajena a la policía provincial.
De este modo, durante el juicio quedó evidenciada la responsabilidad policial en el asesinato y en el encubrimiento, sin embargo, la doble vara de la justicia, lenta, parcial e ineficaz cuando se trata de juzgar a agentes policiales no los condenó adecuadamente. Así, Jonatan es una víctima víctima de las nefastas políticas de seguridad de la provincia de Santa Fe, de una justicia que niega la violencia institucional, no investiga y garantiza impunidad.
El caso de Jonatan Herrera es emblemático para nuestra ciudad por varias razones. En primer lugar, evidenció con contundencia el ejercicio sistemático de prácticas policiales violentas, especialmente sobre jóvenes de sectores populares y prácticas policiales de encubrimiento y adulteración de la escena de los hechos. En segundo lugar, también lo es porque evidenció un accionar inadecuado por parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que incumple estándares internacionales para la investigación (pronta, efectiva, completa, independiente e imparcial) y la determinación de responsabilidades en estos casos.
En tercer lugar, es emblemático porque demostró y confirmó a partir de esta sentencia cómo el Poder Judicial, a través de la figura de los jueces, dinamita la posibilidad de que la justicia legal pueda cumplir una mínima función reparatoria del dolor inconmensurable que atraviesan las familias de los jóvenes víctimas de violencia institucional y la sociedad en su conjunto.
Finalmente, el caso de Jonatan es emblemático porque es el primero de muchos otros casos ocurridos en los últimos años en nuestra ciudad, que llega a esta instancia judicial. Por eso, desde la Multisectorial Contra la Violencia Institucional responsabilizamos a los jueces Zvala, Curto Alarcón, Alonso, Beltramone y Depetris por no dictar sentencias ejemplares y, de este modo, configurar las condiciones de posibilidad para garantizar la continuidad de este tipo de prácticas por parte de la policía de la Provincia de Santa Fe que mata a los jóvenes sin recibir las sanciones que corresponden por ello.
Pero también el caso de Jonatan es emblemático por algo más: por la denodada, tenaz y vital lucha que desencadenó. De modo que en las calles seguiremos exigiendo y construyendo justicia.
La lucha sigue. Fue la policía. El Estado es responsable. Justicia Por Jonatan Herrera y por todxs lxs pibxs!
Contactos de prensa: María Helena Herrera 341-6089663 y Julieta Riquelme 341-6801170 (mamá y hermana de Jonatan), Santiago Bereciartua 341-6845214 y Enrique Font 341- 5081313 (abogados querellantes).
