Interrupción legal del embarazo. Salta: una niña víctima de violación sin acceso a la ILE en Las Lajitas

En lugar de aplicar los procedimiendos que emanan del artículo 86 de Código Penal, que cuenta hasta con fallos y protocolos que lo reafirman, el sistema de protección para la infancia y adolescencia del Estado salteño volvieron a revictimizarla.

El Protocolo ILE, un conjunto de recomendaciones orientadas al personal médico, que teóricamente fue elaborador para garantizar el acceso (ante las innumerables trabas de los sectores antiderechos) está vigente en la provincia recién desde 2017, y aunque no está actualizado, incluso si no existiera, nada podría impedir el acceso a ese derecho que el país reconoce en su Código Penal.

Sin embargo, una vez más, eso no sucede, y por eso desde distintas organizaciones feministas y desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, exigen que la niña sea trasladada al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Salta para que pueda ser asistida por un equipo especializado que respete sus derechos. En el hospital de Las Lajitas, donde se encuentra, todo el personal médico es objetor de conciencia, por lo que se le ha negado incluso la información que corresponde a la posibilidad de acceso al aborto no punible en casos de violación, riesgo de vida o de salud de la persona gestante, que contempla este Código.

Te puede interesar: ILE: ¿qué es la Interrupción Legal del Embarazo y quiénes pueden acceder a ella?

Desde ese hospital de Las Lajitas, cuyas autoridades también son objetoras, su director Claudio Nuñez aseguran, en cambio, que aunque el derecho al acceso a la información no le ha sido garantizado, la niña "quiere continuar con el embarazo". Una aberración.

Se llama tortura y el Estado es responsable

Mónica Menini, referente salteña de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, dijo este sábado a Salta/12 que "desde los organismos estatales intervinientes se ha naturalizado que haya una niña madre y la respuesta ha sido que tenía ’una relación sentimental’ con el abusador y que ella ’consintió’ tener al bebé".

"Se ha vuelto sistemático que ante niñas embarazadas los hospitales del interior no levantan las alertas que se exigen por protocolo. Naturalizan el embarazo de niñas, que son producto de violaciones", afirma Menini, y destaca que ante este nuevo caso, todavía esperan que la Secretaría de Derechos Humanos y el Programa de Adolescencia de la provincia actúen y se derive el caso "a un equipo especializado del Hospital Materno Infantil".

Claudio Núñez, el director del hospital de Las Lajitas en el departamento de Anta, donde la niña está internada, asegura que no recibió ningún pedido para el traslado, como si éste fuera necesario ante un hospital que se declara objetor, comenzando por sus autoridades, y una niña menor de 13 años violada y embarazada a la que el Código Penal incluso reconoce su derecho a la interrupción legal del ambarazo, al aborto no punible. Núñez, en lugar de garantizar a la niña su derecho a la información, se limita a sostener que "en el hospital local no se aplica la ILE porque todo el personal médico es objetor de conciencia".

La situación se repite en el hospital de Anta, donde su director Eduardo Acuña advierte que allí tampoco se garantiza el acceso a la interrupción legal "porque el personal médico también es objetor de conciencia".

Te puede interesar: A dos años del rechazo del Senado: ¿qué dejó la fuerza de la marea verde en Argentina?

Según la médica Luz Díaz, el derecho a la interrupción legal del embarazo se debería garantizar en todos los centros, desde el primer nivel de atención, pero en Salta "son muy pocos los lugares en que se está garantizando" y hay "muchas y serias dificultades en el segundo nivel de atención, que son los hospitales más grandes". Como ejemplo, precisó que en el Hospital Materno Infantil hay una sola médica que garantiza la ILE. Ese es el Hospital del que habla Menini cuando exige que el caso se derive al nosocomio que cuenta con un equipo especializado: el único.

No son simplemente "objetores", son anriderechos

Como denuncia Menini, además de impedir el acceso a la información que implica el derecho a la ILE, el hospital de Las Lajitas tampoco alertó a las autoridades provinciales que había una niña violada y embarazada internada en el nosocomio. Algo fundamental, más aún considerando que el personal médico de esa institucion es, en su conjunto, "objetor de consciencia", es decir, se opone a practicar la interrupción legal del embarazo por razones y creencias personales, no sanitarias. La negativa de las autoridades, sin embargo, se impuso al punto de impedir el acceso a la información científica y laica que se requiere ante este caso, según el propio Código Penal.

Según informó Salta/12, el acusado de violación se encuentra detenido y la encargada del Área de la Mujer de Joaquín V. González, Valeria Jaime "dijo que la niña y la mamá firmaron un ’consentimiento’ en el que manifiestan voluntad de que continúe el embarazo".

En Argentina, se estima que cada 3 horas hay un parto de una niña de entre 10 y 14 años. Algo que la Organización Mundial de la Salud ha considerado una tortura. Según Mónica Menini, "todas son violadas, porque nuestra ley dice que no se puede dar consentimiento (sexual) antes de los 13 años". La referente local agrega además que "la cultura salteña y la anteña en este caso, está aceptando lo que para el derecho argentino es violación. La está naturalizando cuando dice que son noviazgos de niñas con personas adultas. Dentro del sistema de protección nadie puede poner en tela de juicio que estamos hablando de una violación", dijo.

"No puede ser que los equipos objetores de conciencia sean los que digan que la niña ha decidido seguir con el embarazo. En el departamento de Anta el sistema de salud viene demostrando que es objetor de conciencia, con ello obstaculiza las prácticas de ILE. Es común y sistemático el traslado y derivación, cuando una persona adulta pide este derecho. Que deriven entonces en todos los casos", manifesta.

"En Anta en plena pandemia no hay dentro del sistema de salud médicos o médicas que garanticen la práctica de ILE", afirma, y destaca que "el sistema de protección en Salta no protege, no se cumple y por ello hay un alto índice de maternidad de niñas entre 10 y 14 años". "La única que sabía que el caso existía era la Secretaría de Derechos Humanos cuando es un caso que debe estar en manos de la Secretaría de Niñez y familia", agrega.

Podés ver: Presas y judicializadas por abortar: una realidad invisibilizada en todo el país

"El 27 de agosto, mientras la auxiliar fiscal Luciana Moyano y la encargada del Área de la Mujer aseguraban que la niña estaba contenida por una psicóloga y que tenía acompañamiento, una joven feminista hizo lo que no hacían los organismos estatales, se acercó a la casa familiar de la niña y la vio golpeada", dicen desde Salta/12. Días después, desde la justicia dispusieron la exclusión del hogar del padre de la niña, quien la había golpeado.

Menini insiste en que un equipo especializado tiene que verificar cuál fue la información que recibió la niña y que ésta debe tener acceso a la información de forma laica, certera, precisa y clara, de manera inmediata.

Este fin de semana, mientras esto sucedía, en la provincia de Corrientes, donde también hay jóvenes criminalizadas por aborto, una niña era sometida a una casárea ferzada y Alberto Fernández, en TN, volvía a repetir que enviaría un proyecto de legalización del aborto "cuando sea oportuno".

¿Cuántas vidas? ¿Cuántas niñas violadas y embarazadas? ¿Cuántas mujeres muertas por abortos mal hechos para que sea "oportuno? Aborto legal ya, e inmediata separación de las Iglesias del Estado.

Te puede interesar: Cesárea forzada a una niña de 11 años en Corrientes