Las cámaras patronales piden agilizar mecanismos legales para despidos masivos por razones de fuerza mayor. Desde la Unión Industrial de Tucumán se plantea el pago en efectivo del 70 por ciento y diferir el pago de la parte restante. Prohibir despidos y suspensiones sin tocar los salarios es la propuesta de la izquierda.
Martes 31 de marzo de 2020 13:00
Esta semana la crisis sanitaria ha puesto en el centro del debate nacional el problema del empleo y los salarios en Argentina. Aunque en su discurso Alberto Fernández aseguró que no iba a permitir despidos en esta coyuntura, no parece haber ninguna intención por parte del gobierno nacional de reflotar el proyecto de ley que prohíbe los despidos por dos años (una iniciativa que tuvo media sanción en 2016, con los votos del peronismo opositor y que Macri anuló por medio de un veto presidencial).
En perfecta sincronía, el Secretario General de la CGT, Héctor Daer, se apresuró a decir que “no descarta discutir que haya recortes salariales en las empresas para evitar despidos durante la cuarentena por el coronavirus”. Una entregada más, y van..
Rápida de reflejos, la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán elevó su pliego de reclamos en una carta abierta en donde piden 1- La ampliación de los rubros que pueden trabajar; 2- Agilizar la figura del acuerdo Preventivo de Crisis por Fuerza Mayor; 3- Suspensión de la contribución patronal de la cuota sindical, del Inacap, de FAEECys y FAECys estrella, por el lapso de la duración de la cuarentena; y 4- Suspensión de los incrementos salariares establecidos: a) el último tramo del acuerdo 05/2019 por lo correspondiente al mes 03/2020; b) acuerdo de revisión salarial 2019/20, por el mismo lapso de duración de la cuarentena terminada.
En síntesis, piden agilizar los mecanismos para poder despedir y suspender masivamente bajo un régimen que además flexibiliza sus obligaciones en cuanto al pago de indemnizaciones al mismo tiempo que piden suspender las actualizaciones salariales previstas en los acuerdos paritarios firmados en 2019.
En simultáneo, el presidente de la Unión Industrial de Tucumán, Jorge Rocchia Ferro, señalado como uno de los responsables de la especulación con los precios del alcohol y por el desabastecimiento de alcohol en gel, planteó que una salida podría ser el pago en efectivo del 70 por ciento del salario y diferir la parte restante con un cheque, al mismo tiempo que solicitó la emisión de una cuasimoneda provincial.
Mientras tanto, los despidos y suspensiones se aceleran en nuestra provincia. David Acosta, Secretario General de la Uocra, denunció que en marzo ya hay 600 despidos en la construcción; que existen 200 despidos más en fábricas de cerámicos y vidrios, y que de los 1450 despidos que anunció Techint, 370 corresponden a trabajadores de Tucumán.
Importantes industrias como la textil TN&Platex o la autopartista Scania, mantienen a todo su personal suspendido desde hace al menos dos semanas. Ambas industrias podrían estar produciendo insumos sanitarios, como lo está haciendo Madygraf, una gráfica bajo control obrero que se reconvirtió para producir alcohol en gel a muy bajo precio.
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En los call center los trabajadors vienen denunciando despidos y suspensiones con reducción salarial en Aegis, Teleperformance y Atento. En Teleperformance esta semana directamente despidieron a 50 trabajadores. Tenían contratos mensuales renovables, que se sostenían de manera ilegal hace más de 8 meses.
Hay recortes salariales también para los empleados de Scandinavian, una cadena de locales de ropa deportiva con locales en todo el país.
Prohibir los despidos y suspensiones sin reducción salarial
La emergencia sanitaria y la cuarentena forzosa está provocando un acelerado deterioro en las condiciones de vida de millones de personas. Aun no hay cifras oficiales, pero el cierre de comercios y la prohibición de circular para los autónomos ha dejado sin ingresos a más de 400 mil personas en nuestra provincia, entre cuenta propistas, asalariados informales y desocupados.
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El ingreso familiar de emergencia de 10 mil pesos que está gestionando el gobierno nacional no llega a un cuarto de la canasta básica total, apenas alcanza para vivir 8 días según las cifras del Indec.
Hay miles de puestos de trabajo en riesgo en las areas de comercio, construcción, industria y servicios, porque el 85% pertenece a pequeñas y microempresas, y de ese total más del 35% pertenecen a las ramas del comercio y la construcción, las actividades más castigadas.
Pero, como vimos, los despidos, suspensiones y rebajas salariales no son privativas de las microempresas. Por eso desde el Frente de Izquierda planteamos la necesidad de declarar la emergencia laboral y prohibir los despidos y suspensiones sin afectación del salario. Toda empresa que despida o cierre debe ser puesta bajo resguardo de sus trabajadores. Tiene que ponerse a funcionar en función de las necesidades para enfrentar esta crisis.
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