El Tribunal Superior Electoral postergó este martes el juicio sobre el financiamiento de la campaña electoral de Rousseff-Temer (2014), por abuso de poder político y económico. La defensa de Temer busca ganar tiempo.
Miércoles 5 de abril de 2017 10:46
Se trata de la primera vez que el Tribunal Superior Electoral (TSE), máximo tribunal electoral de Brasil, deberá decidir sobre el mandato de un presidente en ejercicio. Si la mayoría de los siete magistrados que integran el Tribunal opta por anular la fórmula, se pondría fin a la presidencia de Temer y el Congreso debería elegir a un sucesor en un plazo de 30 días.
El Tribunal Superior Electoral (TSE) aceptó el pedido de más tiempo presentado por la defensa de Temer para estudiar un reporte de 1.086 páginas que solicita la anulación de los comicios de 2014. Además de este pedido, la defensa baraja la posibilidad de un cambio en la composición del tribunal. Henrique Neves y Luciana Lóssio dejarían el Tribunal Electoral entre abril y mayo, respectivamente, siendo sustituidos Admar Gonzaga y Tarcísio Vieira, cercanos al presidente Temer, por lo que no se descarta que jueguen a su favor.
Un triunfo táctico del actual presidente, mientras las patronales brasileras presionan por el avance de las reformas estructurales que el presidente está decidido a implementar como legado de su mandato. En ese sentido, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) viene sosteniendo y advirtiendo en diferentes medios que la posible destitución del presidente no haría más que crear confusión, agravando la ya inestable situación política del país e instando al Tribunal a colaborar y no tomar decisiones que asusten a los inversores.
Varias son las hipótesis que se manejan respecto a la decisión que podrá tomar el Tribunal de aquí en adelante. Por un lado, no se descarta que el juez del TSE encargado de estudiar el caso, Herman Benjamin, recomiende invalidar las elecciones de 2014 a partir del informe de 1.086 páginas presentado la semana pasada. Otra de las opciones, es que en caso de que se comprueben las irregularidades la fórmula presidencial sería anulada, afectando también a Michel Temer, y en ese caso dejando a Dilma inelegible y a Temer acusado, pero manteniendo los derechos políticos. De ser así, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) asumiría interinamente la presidencia de la república por un plazo máximo de 30 días en los que el Congreso elegirá de forma indirecta al responsable para finalizar el mandato en 2019. Temer podría ser candidato para una elección indirecta en el Congreso, donde su coalición es al momento mayoritaria.
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De todos modos, la jugada central de la defensa de Temer podría sintetizarse en ganar tiempo y aplazar el proceso lo máximo posible y apelar cualquier dictamen adverso para que el caso no se decida hasta después de los próximos comicios presidenciales de octubre de 2018, impidiendo su salida del cargo.
El curso que tomará el juicio aún es incierto, aunque profundiza no solo el desgaste del PT y Dilma sino del mismo Temer. Blindar a Temer puede ser el mejor negocio para todos, garantizar la implementación de las medidas de ajuste anunciadas, intentando contener los escenarios de mayor inestabilidad política, y evitar que alienten el despertar de la resistencia y la lucha de clases.
