En el día de ayer, el gobernador Gerardo Morales anunció la expropiación de la sede de la organización Tupac Amaru y que será utilizada como centros para la atención de casos de discapacidad y de adultos mayores. La medida fue tomada luego de la publicación de una fuerte caída en la imagen pública del gobierno.
Viernes 8 de junio de 2018 00:36
En conferencia de prensa, dónde Morales explicó los fundamentos de la expropiación del inmueble, participaron ministros y funcionarios de las áreas de salud y educación, ya que la utilización estatal del inmueble será para crear centros de salud y al mismo tiempo de formación. Según señaló el gobernador, “hubo un procedimiento judicial y paralelamente el juez que entiende la causa ha resuelto entregar al Consejo de Administración la dirección de la sede intervenida” e indicó que “a partir de esto, hemos tomado la decisión de que el ministerio de Salud como el de Educación se haga cargo de este local financiado con fondos públicos”.
Casualidades de una justicia poco independiente
El juez que entiende en la causa, Pablo Pullen Llermanos, resolvió el allanamiento de la sede “justo” en el momento de la llegada de Morales y su comitiva de la costosa gira por China en la cual no pudo ofrecer ningún anuncio de inversiones más que una promesa de obra de una nueva central eléctrica de paneles solares, que se realizaría luego de que finalice la prometida, postergada y cuestionada obra de Cauchari.
La sorpresiva medida del juez se da también, “justo” días después de que se difundiera una encuesta de la consultora Tendencias, dónde además de una fuerte caída en la imagen pública de Morales, la mayoría de la población cuestiona lo actuado por el gobierno en el caso del Ingenio La Esperanza en medio de una gran incertidumbre respecto a su futuro productivo.
Un circo cada vez menos eficaz
El intento de buscar oxigeno político para el gobierno ya no alcanzó con una nueva farsa judicial que comenzó también en el día de ayer contra Milagro Sala en la causa conocida como “Pibes Villeros” y que busca culpar a la dirigente por el destino de $60 millones destinados a construcción de viviendas y que nunca se realizaron. A pesar de que los cheques fueran entregados por la municipalidad de San Salvador de Jujuy, el intendente radical no es parte de la causa.
Sin anuncios de inversiones reales, el aval político al veto presidencial a la Ley Antitarifas, la incertidumbre respecto al futuro del Ingenio La Esperanza y creciente descontento entre los trabajadores estatales por el enorme desfasaje entre las paritarias y la inflación real, eran un combo explosivo por lo que se requerían fuegos de artificio extra: una expropiación a la organización referenciada en Milagro Sala para darle al gobierno al menos unos días más de respiro.
