Con 86 estudiantes impedidos para rendir la PSU por organizarse en el llamado a boicot convocado por la ACES, y cientos de estudiantes que manifestaron su repudio a este filtro de clase, el gobierno y el DEMRE afirman nuevas medidas represivas para impedir cualquier tipo de movilización en el marco de la rendición del examen.
L.M. Estudiante Historia y Geografía Universidad Playa Ancha, Valparaíso.
Viernes 24 de enero de 2020
Tras ser confirmado por el Consejo de Rectores que la PSU será nuevamente realizada durante el 27 y 28 de enero, este martes el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y la ministra de educación, Marcela Cubillos, se reunieron en La Moneda para discutir acerca de las medidas que se tomarán en caso de que se presenten nuevas movilizaciones.
De la reunión también participaron autoridades de Carabineros, la PDI y el DEMRE, lo que deja en claro que la línea tanto del gobierno como la del DEMRE será fortalecer la represión y la criminalización contra quienes se movilicen durante la jornada de esos días.
“No vamos a permitir que un grupo de personas que no respeta a nadie, que no respeta los derechos de las personas que creen en la democracia, le arrebate el derecho a los cientos de miles de jóvenes que van a rendir la Prueba de Selección Universitaria”, afirmó Blumel tras la reunión, lo que es profundamente cuestionable cuando el mecanismo de selección universitaria medido a través de la PSU, es una evidente herramienta de segregación, que impide que miles de jóvenes puedan continuar con sus estudios por no cumplir con los estándares establecidos por un modelo educativo desigual.
A esto se suman las palabras del subsecretario Galli, quien la semana pasada manifestó que “vamos a tener un resguardo de seguridad no sólo en los alrededores de los colegios, sino también vamos a tener fortalecido el control de acceso a los colegios y mayor resguardo para las pruebas que van a estar en los colegios, que también van a ser resguardadas por carabineros”.
El gobierno y su cacería contra la juventud
Nuevamente el gobierno y sus instituciones se vuelve contra la juventud para reprimir cualquier intento de movilización contra los pilares que sostienen las herencias de la dictadura. Ya lo vimos el año pasado con la implementación de Aula Segura, la violencia ejercida por carabineros a los estudiantes del Instituto Nacional, la violación a los Derechos Humanos de cientos de jóvenes que se movilizaron en el estallido social y ahora con quienes denuncian la PSU como un claro agente de segregación.
Y no es casual. El gobierno intenta legitimar sus medidas represivas contra la protesta social y aumentar su aprobación de tan solo un 6%, con discursos criminalizadores contra la juventud que hoy se niega a dejar las calles.
En el marco de la PSU, el DEMRE inhabilitó, es decir impidió, que 86 estudiantes (entre ellos los actuales voceros de la ACES) pudieran participar del nuevo proceso de rendición del examen, justificándose a través de la Defensoría de la Niñez, cuando es el gobierno y sus instituciones quienes han avalado crímenes, tortura y mutilación a cientos de jóvenes.
Los límites del boicot y la necesidad de una respuesta de masas contra la represión y el gobierno
La ACES, en su última conferencia de prensa, hizo un llamado a no dar la PSU y “solidarizar y prestar apañe” en los nuevos días de rendición de la PSU, convocando a las asambleas territoriales y a los estudiantes que quieran o no dar la prueba a sumarse a este llamado. También hace el llamado a los estudiantes universitarios a enfrentarse contra los rectores cómplices de la persecución a los estudiantes secundarios, y a los examinadores a solidarizar y manifestar su descontento.
Si bien, fueron cientos de estudiantes quienes se organizaron en torno a la convocatoria de boicot hecha por la ACES, el potencial de la enorme movilización que pueden hacer estudiantes secundarios, universitarios, trabajadores de la educación y sus familias no solo contra la PSU, sino contra todo el mercado educativo, queda disuelto en un llamado general que apela al criterio individual y a la iniciativa propia de quienes quieran movilizarse durante los días de rendición, sin preparación previa desde la base estudiantil, por ejemplo, por medio de asambleas y jornadas de debate y deliberación, que podrían haber permitido organizar de manera amplia, y con miles de jóvenes a la cabeza, movilizaciones masivas contra la educación de mercado y por el acceso irrestricto.
Sabemos que el gobierno está preparando medidas represivas, por eso, debemos prepararnos de igual forma, en asambleas de base abiertas y lo más amplias posibles, donde les estudiantes y sus familias, así como profesores y trabajadores de la educación se organicen por un plan de lucha ascendente contra los filtro de clase como la PSU y el SIMCE, pero también contra la educación sexista y de mercado.
A su vez es necesario que la ACES, dirigida por la Juventud Rebelde (JR) y la CONES, dirigida por las Juventudes Comunistas, dejen de lado todo divisionismo y convoquen a una movilización conjunta los días de la PSU contra toda prueba de segregación universitaria, contra la represión y contra la educación de mercado, haciendo un llamado amplio a más organismos estudiantiles como la CONFECH y a organismos de trabajadores como la CUT y el Colegio de Profesores, a impulsar una gran movilización para llenar las calles este 27 y 28.
Tenemos que organizar un 2020 de victorias, donde nuestras demandas no sean truncadas por el engañoso proceso constituyente que nos ofrece Piñera; por eso es urgente imponer una vía que nos beneficie a todos de conjunto, a través de una asamblea constituyente libre y soberana, para terminar con las herencias de la dictadura.
Hagámosle frente a la represión política de este gobierno, terminando con la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado y la criminalización que hoy viven más de 80 estudiantes secundarios
¡Vamos por el fin a la PSU y el acceso irrestricto a las universidades!
¡Fin a la educación de mercado, por una educación al servicio de los trabajadores y los sectores populares!
