En 2022 menos de la mitad de inscriptos de entre 45 días y 5 años pudo conseguir una vacante en un establecimiento estatal de la Ciudad de Buenos Aires. Horacio Larreta y Soledad Acuña siguen incumpliendo un fallo que obliga a aumentar el presupuesto en educación.
Pablo Herón @PhabloHeron
Miércoles 2 de agosto de 2023 10:04
Uno de los debates que puso en el centro la pandemia es que el cuidado de las infancias recae en la mayoría de los casos en las mujeres y, a su vez, cómo se entrelaza con la necesidad de salir a trabajar para poder llegar a fin de mes.
En la Ciudad de Buenos Aires se calcula que 197 mil hogares están a cargo de una mujer sin cónyuge, con hijos y/u otro familiar o persona a cargo, casi la mitad se garantiza un techo alquilando. Muchas son las que sufren la precarización laboral y reciben salarios muy bajos azotados por la inflación. En esos casos, la posibilidad de acceder a un jardín materno parental, donde niñes reciban cuidado y educación, se vuelve una necesidad urgente.
En la Ciudad gobernada hoy por Horacio Rodríguez Larreta, el artículo 24 de la Constitución establece que el Estado debe garantizar el acceso a la educación para las infancias desde los 45 días de vida en adelante. Sin embargo, la realidad está muy lejos de eso. En el Padrón Oficial de Establecimientos Educativos solo constan 149 establecimientos estatales de nivel inicial jardín materno parental en la Ciudad de Buenos Aires. No parece una suma que pueda satisfacer tanto a quienes viven como trabajan en la Ciudad.
Así lo muestran los datos de acceso a vacantes. Según publicó el diario Tiempo Argentino, en el año 2022 hubo 41.611 solicitudes de vacantes para niñes de 45 días a 5 años de edad, pero el Gobierno solo otorgó 19.416. Es decir, el 53,4% quedó afuera de los establecimientos públicos. En los casos en los que se garantiza, muchas veces madres y padres tienen que viajar a otro lado de la Ciudad por no haber establecimientos en los barrios donde residen. Un panorama que tiene como contracara la privatización de más de 500 hectáreas de tierras públicas y casi 70 edificios públicos en la Ciudad. Negocios sí, educación pública no.
Según planteó Andrea D’Atri, precandidata a legisladora en la Ciudad por el Frente de Izquierda Unidad, en los últimos seis años Soledad Acuña y Horacio Rodríguez Larreta redujeron el presupuesto en educación un 20%. Justamente un recorte que denuncia la docencia que este lunes impulsó un paro por salario y condiciones laborales. Ahí se encuadra el constante ataque del Gobierno contra docentes que reclaman en defensa de la educación pública, como sucede con Jorge Adaro, el secretario general del gremio Ademys a quien pretende quitarle los fueros sindicales.
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En 2019, un fallo ante un amparo presentado por Myriam Bregman y Patricio del Corro junto a docentes, familias y el colectivo Vacantes para Todxs, dispuso que el Gobierno debe garantizar vacantes en establecimientos ubicados como máximo a 10 cuadras de la residencia. De no ser así deberá subsidiar el transporte público para esas familias. El fallo también expuso que el anuncio de 54 nuevas escuelas que hace años realiza el Pro en la ciudad es mentira.
Jardines en los lugares de trabajo
La ley de contrato de trabajo establece desde 1974 que los empleadores deben garantizar jardines materno parentales. Desde ese año ningún gobierno reglamentó ese artículo hasta que en 2021 un fallo de la Corte Suprema instó al Ejecutivo a implementarla.
Como resultado final, la reglamentación que dispuso el Frente de Todos contempla que las empresas tengan jardines para niñes de entre 45 días y 3 años cuando su planta sea de 100 trabajadores o más. En caso de no querer ofrecer estos establecimientos, tienen la alternativa de ofrecer una suma dineraria no remunerativa en concepto de reintegro de gastos en jardines o trabajo de cuidado de personas.
La medida tuvo entre sus principales detractores a la Unión Argentina Industrial, que en su momento envió una carta al gobierno pidiendo que el Estado cubriera está necesidad y reclamando que el pago de los gastos "no resulte excesivamente oneroso". El pago mínimo establecido es igual al 40% de la categoría “Asistencia y Cuidados de Personas” incluida en el régimen para trabajo en casas particulares. Sobre ese valor a julio de 2023 el reintegro mínimo llega aproximadamente a 50 mil pesos, un monto que no alcanza a cubrir un jardín doble turno para quienes trabajan jornada completa.
La posibilidad de reemplazar el establecimiento por un reintegro exime a los empresarios de garantizar efectivamente los espacios de cuidado, ya que les representa un mayor costo. Aún con todo esto, la medida no se cumple en todos lados.
Por otro lado, la reglamentación no especifica una solución para quienes trabajan en lugares con una planta menor a 100 trabajadores. Ni hablar que no alcanza al gran sector de trabajadoras y trabajadores que están bajo condiciones de precarización, donde las mujeres se llevan la peor parte con menores salarios y peores condiciones.
En respuesta a esta situación, Andrea D’Atri plantea, como parte de la campaña del Frente de Izquierda Unidad, que el fallo debe cumplirse en todos los lugares de trabajo, y a su vez, propone la construcción de jardines maternales y escuelas de nivel inicial en todos los barrios para que ninguna familia que viva o trabaje en la Ciudad de Buenos Aires se quede sin vacantes
Pablo Herón
Columnista de la sección Género y Sexualidades de La Izquierda Diario.
