Un debate con Marcelo Rabossi sobre la entrevista en su artículo. Donde se puede ver que está interesado en discutir una universidad para unos pocos y no sobre el problema principal que hay del acceso a la educación.
Jueves 28 de enero de 2021 22:30
Foto: Ejes de comunicación
Del informe “Financiamiento Educativo Universitario. Estudio sobre la evolución histórica del presupuesto universitario nacional en la Argentina (1974-2019)”, de Marcelo Rabossi (Universidad Di Tella), Víctor Volman y Federico Braga podemos sacar algunas conclusiones.
Los datos del informe realizado expresan que de 1974 a 2018, la universidad pasó de tener 431.781 estudiantes a 1.640.405. Aunque el presupuesto universitario no aumentó proporcionalmente en base a este incremento, ya que en 1974 pasó de ser de 180 mil pesos anuales para cada estudiante a 73.000 pesos en 2018.
Según Rabossi este desfinanciamiento radica en las disponibilidades financieras del Estado y en que no se premia a las universidades con “mejores resultados”, o las que “más objetivos cumple”. Conforme a lo que dijo habría que evaluar que universidades sirve financiar y cuáles no, parecería que poder ir a la universidad pública y acceder al derecho a la educación tiene que pasar por la vara de la meritocracia y las necesidades del mercado.
Siguiendo esta idea de premiar los objetivos menciona el modelo de educación superior chileno como un ejemplo, un modelo tan cuestionado con miles de manifestaciones de toda la comunidad educativa (docentes, estudiantes) sobre lo exclusivo que es y habla sobre lo que se conoce como “double track” o doble carril que sería que las universidades, inicialmente serían gratuitas y a las y los alumnos que no aprueban determinada cantidad de materias o demoran más de la cuenta en recibirse se les arancelaria el acceso a la misma, siendo cada vez más difícil poder acceder a la educación superior para los sectores populares.
En resumidas palabras este sentido común es el que escuchamos y vemos en discursos políticos de los sectores de derecha que son los que plantean que "él que no progresa es porque no quiere”. Lo más llamativo es que los y las que dicen eso son los mismos que impulsan hacer recortes presupuestarios a la educación pública.
Por otro lado esas medidas de ajuste se reflejan en la contratación docente, donde muchos están precarizados o sin cobrar directamente nada como los ad honorem, mientras los rectores de las universidades cobran sueldos aproximadamente de 200.000 pesos.
Recorte del presupuesto educativo, una variable de ajuste para todos los gobiernos
También podemos observar en el artículo periodístico en debate un gráfico, que muestra cómo fue el presupuesto destinado por alumno: con grandes recortes en diferentes momentos.
Con el paso de diferentes gobiernos, lo que se comprueba es que para ninguno la prioridad fue la educación ya que la tendencia es a que el presupuesto baje. Primero con la dictadura militar hasta el 83, luego a la vuelta de la democracia en la gestión de Alfonsin y los gobiernos peronistas tanto de Carlos Menem como de Néstor y Cristina Kirchner.
Lo que no pone en cuestión el autor es que en estas décadas los pagos de las deuda se llevaron más de USD 500 mil millones. Una suma gigantesca que explica la desfinanciación entre otras cosas.
Un párrafo aparte se lleva en los 90’ el gobierno Menemista, donde fueron los años con más ataques (Ley de Educación Superior) y recortes, que pasados los años incluso con recuperación económica post 2001 nunca se llegó a recuperar a los niveles previos.
Y ahora cómo estamos?
El año pasado cuando se votó el presupuesto 2021 con el aval del Fondo Monetario Internacional, el gobierno esperaba que para este año la inflación sea del 29%. Con los fondos destinados representaría un ajuste del 9% en las universidades nacionales. Sin embargo, en un informe del BCRA (septiembre 2020) la expectativa de inflación es del 47,5 % para este año, es decir la caída sería mucho mayor: un 19 %.
Este debate no se abre en el medio de la nada sino cuando la educación está siendo un punto de discusión en todo el pais, frente al retorno de clases presenciales de primarios y secundarios sin protocolo y exponiendo la vida de docentes, padres y alumnos que propone el gobierno de Larreta y la ministra porteña Acuña pero que anuncia también Trotta y el oficialismo.
