Recientemente salió la noticia del robo de una bebé a su madre, una niña de 13 años, en Cervantes de Cartago. Esto ha causado gran indignación en redes sociales por toda la violencia y agresiones que hay detrás del hecho. Pero, ¿quién tiene la responsabilidad frente a este hecho?
Viernes 14 de abril de 2023
En los últimos días se ha presentado la noticia del robo de una bebé de 9 meses a su madre, una niña de 13 años. El hecho ocurrió en Cervantes, ubicado en la provincia de Cartago. La noticia causó indignación no solo por el robo (aparentemente por parte del padrastro de la niña, padre de la bebé), sino también por el ciclo de violencia doméstica, psicológica y agresiones sexuales a las que se han visto enfrentadas de una u otra forma las mujeres y niñez en esa familia.
Más allá de señalar un culpable como si se tratara de un caso aislado, lo cierto es que, para el 2021, Costa Rica contabilizó 197 casos de embarazos de niñas menores de 14 años. Ninguna niña da su consentimiento ni desea ser madre, por lo que podemos decir que fueron 197 casos de abusos sexuales, de imposición de llevar embarazos no deseados y de maternidades infantiles forzadas. De acuerdo a datos del Poder Judicial, el 34% de las víctimas de las denuncias por violencia sexual en el 2020 fueron menores de edad, lo que indica que la cifra de violencia sexual debe ser más alta si se toman en cuenta los casos que no son denunciados.
En América Latina y el Caribe se tiene la segunda tasa más alta en cuanto a embarazos adolescentes y, según cifras de la UNICEF, para el 2021 se registró que una de cada seis niñas y uno de cada diez niños habrían sufrido abuso sexual en Latinoamérica.
Con este panorama se puede decir que la situación de la niña de 13 años en Cervantes no se trata de un caso aislado, sino que es parte de un problema estructural donde el Estado es el principal responsable y cómplice.
Y, ¿dónde está el Estado?
La situación de violencia para esta niña data de años atrás (como mínimo, dos años, momento en que fue forzada a llevar un embarazo no deseado). Pero, ¿dónde ha quedado el Estado y sus instituciones en todo este tiempo?
En primer lugar, es importante señalar que el caso de esta niña ocurre a más de un año de que las diputaciones de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia aprobaran el proyecto de ley para modificar el Código Penal, con el fin de garantizar mayor protección a la niñez frente a todo tipo de violencia. Sin embargo, los discursos y las leyes de los políticos para proteger la niñez, no tienen correlato más allá del papel o de la Asamblea Legislativa.
Las instituciones del Estado han colaborado en cuanto a darle la espalda a la niña. En primer lugar, hay que señalar al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) que no llevó adelante ninguna investigación del caso, no quiso realizar la prueba de ADN al principal sospechoso (aunque había sido una petición de una familiar de la niña) y, más bien, desde hace 9 meses (al nacer la bebé y tener un reporte del hospital de Cartago) dieron el caso por cerrado. Esto ocurrió aun cuando se trata de la institución que debe velar por la “protección integral a las personas menores de edad (…), así como el reconocimiento de sus derechos”, según lo establece el mismo PANI en su Ley organica.
Tampoco el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) intervino, y su excusa ha sido que “nadie, explícitamente, recurrió a esta institución”. Esa es la hipocresía del INAMU, que mientras en sus páginas muestra trabajos con la UNICEF para la protección de la niñez y la prevención de la violencia contra niños y niñas, fuera de sus páginas muestra una gran inoperancia.
Por otro lado, el Ministerio de Educación Pública (MEP) también tiene su parte de complicidad, pues, aunque existen protocolos y alertas tempranas para casos donde, mínimamente, se sospeche que sus estudiantes se encuentran en situaciones vulnerables, tal parece que no hubo insistencia al respecto. Además de señalar que los centros educativos no cuentan con un programa de educación sexual laica, científica, feminista y de acuerdo a las edades.
Una vez que estalla el problema, las instituciones se están lavando las manos para no hacerse cargo de su complicidad. En este caso el Estado, como es su costumbre, ha permanecido en el papel de reproducir y justificar una y otra vez las distintas formas de violencia hacia las mujeres y niñas, además de ignorar y mantener en impunidad las denuncias por violencia de género. Este accionar está presente en los casos de femicidios, muchos de ellos con procesos lentos que terminan por recetar una justicia patriarcal o impunidad. Pero también cuando se presentan denuncias por algún tipo de violencia, las cuales son ignoradas o llevadas adelante por procesos burocráticos largos que terminan revictimizando y quedando en el olvido y en la impunidad. Y hoy, podemos decir que durante años el Estado ha hecho de la vista gorda ante la situación de la niña.
¿Y la Iglesia? Encubriendo la violencia
Por otra parte, el papel de la institución de la Iglesia Católica y neopentecostal ha sido el de mantener alianzas con políticos y grandes empresarios para reforzar sus ganancias y llevar adelante agendas anti derechos y conservadoras que funcionan como ataques a los derechos de las mujeres y niñas. Esto ha quedado evidenciado mediante acuerdos en la Asamblea Legislativa, con diputaciones que promueven políticas que refuerzan la violencia hacia las mujeres, y con acuerdos con el gobierno. Un ejemplo de esto ha sido el proyecto del “derecho del niño y la niña por nacer”, que fue discutido años atrás en la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, como alianza de diputados del gobierno junto con diputaciones religiosas.
Otro ejemplo ha sido el discurso oficiado para el 2 de agosto de 2022 en Cartago, en el cual la Iglesia se enfocó en hacer un llamado a proteger a la familia y no ceder frente al aborto ni a la educación sexual, reforzando así un discurso de violencia hacia las mujeres y niñas. Pero, ni una sola palabra para la protección de la familia de la niña en Cervantes, quien, para ese momento, ya se encontraba dentro del ciclo de violencia doméstica y sexual, siendo ignorada por las instituciones del Estado.
En lo que va del año, las Iglesias han estado ocupadas en ignorar los casos de violencia hacia las mujeres y, en su lugar, ha venido reproduciendo un discurso que es anti derechos, que abarca las “sugerencias” de eliminar la “ideología de género”, “no abrir portillos al aborto libre” y querer retroceder el triunfo del movimiento de mujeres con respecto a la norma técnica.
Por otro lado, mientras sus discursos son un ataque anti derechos, encubren la larga lista de abusos sexuales a menores llevados a cabo por obispos en todo el mundo. Un ejemplo de esto lo muestra la reciente denuncia de al menos 600 menores que fueron abusados en la Iglesia Católica por más de 150 sacerdotes. Estos abusos se llevaron a cabo entre 1940 y 2002 en la arquidiócesis de Baltimore, Estados Unidos, abusos que hasta la fecha han sido encubiertos por la jerarquía eclesiástica.
Desde Pan y Rosas nos sumamos a la indignación y el repudio frente a este ciclo de violencia. Ninguna niña debería ser madre, sino que más bien debería tener una infancia sana y libre de todo tipo de violencia.
Pero también creemos que es necesario que el movimiento de mujeres tome como agenda común pelear por:
Separación de la Iglesia del Estado, para que las decisiones sobre el cuerpo, la vida y la sexualidad no las tome el Estado en alianza con las iglesias católica y neopentecostal.
Derecho al aborto legal, seguro y gratuito, de la mano con anticonceptivos gratuitos, para que ninguna niña o mujer deba llevar adelante un embarazo no deseado. Hemos venido señalando la necesidad de poner en pie reuniones y asambleas a lo largo del país, como preparación para un Encuentro Nacional que garantice una campaña permanente por la defensa de la norma técnica y el derecho al aborto legal.
Implementación de educación sexual laica, científica, feminista y de acuerdo a las edades en cada centro de estudio.
Impuestos a los grandes empresarios, para destinar ese dinero en la creación de centros de atención integral en salud, controlados por trabajadores y trabajadoras, que logren atender las necesidades de la niñez y mujeres en situaciones de violencia.
