Ayer la localidad vecina a Rosario amaneció con tres trabajadores encadenados frente al edificio comunal. Son contratados por la Comuna y vienen llevando adelante una serie de medidas de fuerza contra la precarización laboral.
Martes 30 de mayo de 2017 11:03
Tres trabajadores de la comuna se encadenaron como parte de la protesta que vienen realizando contra la precarización laboral y ahora contra las suspensiones. Además denunciaron persecución política y represión policial. El gobierno local de Amaro González, miembro del partido Unite por la Libertad encabezado por el concejal Carlos Cossia es el responsable. Los trabajadores exigen que se dejen sin efecto estas medidas, denunciando que fueron suspendidos de manera persecutoria por reclamar contra la precarización laboral que soportan diariamente.
Por parte de las autoridades de la comuna alegan que la represalia fue por no cumplir con el barrido de un cordón. Uno de los suspendidos, José Febre, quien lleva cuatro años trabajando como contratado, declaró ante La Izquierda Diario que en los últimos meses estuvieron organizándose para enfrentar las condiciones laborales que sufren como empleados de la Comuna. Denuncian que de 600 trabajadores hay 400 en negro y contratados, que cobran 100 pesos por día trabajando hasta doble turno, por lo que demandan la inmediata efectivización de estos trabajadores, así como el reconocimiento de las horas extras en los recibos de sueldo.
José, uno de los suspendidos, señaló: “Lo que estamos pidiendo es lo que nos corresponde, que se respeten nuestros derechos laborales, solo eso”. Además denunció que es cotidiana la persecución por parte de los funcionarios de Timbúes a quienes se atrevan a protestar. Uno de ellos fue víctima de violencia policial, “le pegaron y está ensangrentado porque lo golpearon, mandaron a la policía temprano porque no querían que nos encadenemos”, apuntó. “Lo único que nosotros queremos es trabajar dignamente y ganarnos nuestro sueldo. Que se blanquee a todas las personas que trabajan en negro, se efectivice a los contratados, se abonen las categorías adeudadas y que se levanten la suspensiones que se aplican para perseguirnos ideológica y políticamente.”, continuó Febres.
Además mencionó que forma parte de una organización de defensa ambiental que hace tiempo viene denunciando una serie de delitos ambientales en Timbúes y en Puerto General San Martín por parte de la empresa Pelco S.A., “parece que a Amaro González no le gusta que lo haga”, agregó el trabajador. La lucha contra la contaminación de Pelco S.A y la complicidad de los gobiernos de la región José Febre, quien trabajó previamente como empleado tercerizado en esta empresa incineradora de residuos industriales peligrosos, actualmente participa de una agrupación de vecinos autoconvocados que vienen denunciando el impacto ambiental que estaría generando esta planta, que se instaló en el 2007 en la ciudad de Puerto Gral. San Martín. Estos vecinos vienen denunciando que ciertas enfermedades aumentaron entre los habitantes desde que la química se radicó en la zona: cáncer de colon, esófago y pulmón, enfermedades respiratorias, congénitas, sarpullidos, abortos espontáneos y bebés que de nacimiento deben ser tratados por problemas pulmonares.
