Un comunicado firmado por los jefes comunales del tercer cordón arremetió contra las familias sin techo que se encuentran tomando tierras. Hacemos un repaso por las contradicciones y la letra chica, los cinismos, y la situación habitacional de las familias que pelean por un hogar para estar.
Catalina Ávila @linaa_avila
Jueves 3 de septiembre de 2020 11:49
Desde una carpa hecha con bolsas de nylon y varitas de madera, una mamá ruega por colchones, lonas, frazadas y ropa seca para sus hijos. El más chico come un pedazo de pan mientras juega con el cartón que hace de pared de su “casa nueva”; el mayor escucha con asombro el reclamo desesperado que su mamá decide filmar, esperando ser -sino entendida- al menos, escuchada.
La casilla ni siquiera cuenta con chapas y no es abrigo para soportar las bajas temperaturas que helaron los huesos anoche, ni para aguantar la lluvia que impidió el sueño. Es de mañana pero el barro arrasó con todo y la humedad que satura el aire anula cualquier posibilidad de secarse en el amanecer sin sol que despierta a Guernica.
Apenas unas horas atrás, un grupo de jefes comunales de la tercera sección le declaraban la guerra mediante un comunicado a las familias como ésta, familias sin techo del conurbano profundo. Envalentonados porlos dichos del ex teniente coronel -devenido ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires- Sergio Berni, sentenciaron a quienes protagonizan las tomas a una delictividad radicada en “la ocupación ilegal de tierras y viviendas”, instaron a la Justicia a “hacer cumplir la ley”, y con una cuota plus de descaro sostuvieron que “la urbanización de los barrios populares no debe quedar en una consigna”.
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Toda una reflexión para quienes, como Jorge Ferraresi -intendente de Avellaneda-, Fernando Espinoza -intendente de La Matanza-, Juan José Mussi -intendente de Berazategui-, por solo mencionar algunos, han gobernado durante largos años los distritos del tercer cordón del conurbano que encabezan, sin dar una alternativa concreta a las familias en necesidad que en el marco de la pandemia se encuentran en una situación desesperante.
El búnker de la ofensiva tuvo lugar en las oficinas del municipio de Presidente Perón encabezado por Blanca Cantero, la dama central en la foto del comunicado, electa para su cargo de intendenta en 2019 en las listas del Frente de Todos, después de haber sido cuatro veces concejal, vicepresidenta del PJ local, y diputada provincial. En sus spots de campaña bregaba: “Quiero tu bienestar, tu crecimiento, una ciudad que crezca con tu desarrollo”, y finalizaba con una leyenda que al menos hoy, habilita a otorgale una justa cuota de cinismo: “Acompañame, se puede vivir mejor”.
Una propuesta que hoy le niega a las 2500 familias que en el medio de la pandemia están protagonizando la toma de tierras más grande del último tiempo ubicada en la ciudad de Guernica, en el municipio que dirige, en terrenos cuya titularidad hasta el momento ningún particular pudo comprobar. “Estábamos alquilando, y con el tema de la pandemia estaba trabajando con el carro. No alcanzaba para pagar el alquiler y yo tengo dos chicos chiquitos, teníamos que elegir entre pagar el alquiler o comer y comprarle los pañales al bebé.Yo no traje mis hijos al mundo para que estén viviendo esta situación”, explicaba Milagros desde la toma a La Izquierda Diario. Ese día, también denunciaron que el municipio se negaba a brindar alimentos para las familias y elementos de higiene para prevenir el contagio del Covid-19, una realidad que -aseguran- continúa hasta hoy. ¿De qué manera se puede “vivir mejor” para los intendentes del conurbano que firmaron el comunicado?
La respuesta quizás pueda encontrarse en los dichos de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados y cabeza del espacio político de Blanca, el Frente Renovador, hoy parte de la coalición de gobierno. Para él, quienes toman tierras deben ser penalizados sin obtener ninguna ayuda del Estado, que por el contrario, tiene que “hacer cumplir la ley, y si hay gente tomando tierras tiene que desalojar”.
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De esta manera, el documento firmado por los intendentes significa la continuación de las afirmaciones contra los sin techo que hicieron Massa y Berni, y un espaldarazo a Cantero, ya que “alertaron” que se comunicarán con el Departamento Judicial de La Plata, que actúa en el caso de la toma de terrenos en Guernica. Las huestes de Berni y Massa encuentran en la guerra de Blanca una batalla que sirva de modo aleccionador para que todo aquel que ose tomar en sus manos un reclamo injustamente postergado como es el de una tierra para vivir, desista frente a las posibles represalias de la Justicia -nunca justa-. Una situación que en nuestro país afecta a tres millones de personas, desde la Patagonia en Villa Mascardi, hasta Jujuy, especialmente en la provincia de Buenos Aires.
“Hay que trabajar todos juntos en el modelo de sociedad que queremos”, aclararon, tan solo dos días después de que una brutal represión de la Policía Bonaerense arrasara con una toma en San Francisco Solano, Quilmes. “En épocas de elecciones vienen todos los políticos a buscar votos acá , y ¿por qué no se acerca uno solo a dar una respuesta de verdad? ¿Dónde está el intendente, dónde está el gobernador? Que vengan a dar la cara porque acá hay gente que necesita”, insiste un joven desde una de las tomas en González Catán. El reclamo por una solución alternativa al problema de la vivienda se repite en todo el conurbano, sin embargo, cuando no son desalojadas, las familias son libradas a su suerte, sobreviviendo gracias a las ollas populares que organizan entre todos, con ayuda de los vecinos y organizaciones solidarias.
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Mientras crece su organización colectiva frente a la urgencia de contar con un techo para vivir, el gobernador Kicillof se limita a hablar de “la necesidad de dar soluciones desde el Estado con planes y programas”, una respuesta un poco amanecida para quien ya hace unos meses frente a la crisis de contagios en los barrios populares confesó ya en mayo “haberse encontrado con condiciones inadmisibles de vida y de vivienda” en el territorio que gobierna, cuando al comienzo de la pandemia había al menos 1000 asentamientos y barrios populares en el conurbano con falta de acceso a servicios básicos elementales como agua, luz y gas.
Pero quizás la cuota más importante de cinismo de los firmantes del documento es la especie de confesión y reconocimiento que hicieron respecto a la vida de los niños: "No podemos seguir viviendo en la hipocresía de ver cómo muchos chicos y chicas nacen y crecen en la inmoralidad de la exclusión, sin tener las condiciones mínimas de vivienda aseguradas. Nuestro deber es con ellos".
Seis de cada diez chicos van a ser pobres a fin de año y dos de diez van a terminar en la extrema pobreza, según Unicef, que aportó el dato. Como explicamos en La Izquierda Diario Multimedio, según la misma organización, quizá la situación podría mejorar al menos si duplicara la AUH, una decisión que se podría cubrir con mucho menos que los US$ 4.000 millones que ya se destinó este año al pago de la deuda externa.
Pero mientras los jefes comunales se toman su tiempo para deliberar, definir y decidir que “no pueden seguir viviendo con esa hipocresía”, los chicos y las chicas, negándose a resignarse a crecer “en la inmoralidad de la exclusión” ya vienen jugando un rol activo en la pelea por una casa propia, acompañando a sus papás y mamás en la pelea por un pedazo de tierra para vivir, en sucesivas movilizaciones y en presentaciones a la Justicia, como es el caso de Guernica donde tres mil niños y niñas exigen ser escuchados.
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Sus pequeñas vidas ya les dieron la experiencia suficiente para entender que una pandemia no afecta a todos por igual, que el reclamo por lo justo es visto como un “delito”, y que quienes deberían velar por sus derechos no ofrecen más que infancias llenas de carencias y una vida condenada a la precarización.
Desde los descampados que ocupan, mientras zanjean los terrenos o buscan leña para hacer un fuego y aguantar el frío, mientras los persigue y hostiga la policía negándoles la posibilidad de ponerle una chapa a sus casillas, miles y miles de familias que estaban en situación de calle protagonizan las tomas y desafían las jerarquías que desde el gobierno intentan imponer. El derecho a la vida digna, a tener un lugar con los servicios básicos cubiertos para poder cuidar a los hijos, tener un trabajo que les permita darles de comer, intenta ser puesto en duda, y es criminalizado y estigmatizado.
El modelo de país que los intendentes proponen construir “entre todos” no propone afectar los intereses de los bancos y empresas privatizadas que ganaron millones estos últimos años. No será tampoco con las familias sin techo. Pero la pelea de los que nada tienen viene emergiendo con fuerza al calor de las consecuencias de la crisis económica que profundizó la pandemia, decididos a ganar la pulseada y convencidos de que sus vidas sí importan.