Miércoles 18 de febrero de 2015 10:50
En una entrevista realizada al secretario de Derechos Humanos de la provincia, Martín García Caínzo, por el diario El Tribuno de Salta, este declaró que en enero y febrero aumentan los índices de violencia de género porque "cuando las temperaturas son más elevadas, hay más ingesta de alcohol, y el alcohol, de alguna manera, está relacionado con la violencia. El hecho de que esté toda la familia conviviendo también se relaciona. En las vacaciones se sale del estilo de funcionamiento habitual de la familia, que implica que los padres acompañan a los hijos al colegio y luego se van a trabajar. Por ahí, comparten la convivencia permanente y pueden surgir algunos roces. Eso está acompañado por el alcohol y las fiestas del carnaval".
Las cifras de los casos de violencia hacia las mujeres son escalofriantes e indignantes en la provincia: en lo que va del 2015 ocurrieron cuatro feminicidios y decenas de casos brutales de violencia, y cerca de cien casos de feminicidio en los últimos seis años.
Ante estas cifras, el secretario quiere mostrar como una excepción lo ocurrido en estos meses, cuando se ha convertido en una regla la violencia hacia las mujeres en una sociedad donde están fuertemente arraigadas las tradiciones patriarcales y machistas, donde se ejerce un alto control sobre la vida de las mujeres, y el dominio de los hombres sobres las mujeres está naturalizado.
En plena campaña electoral, Romero y Urtubey echan culpas y responsabilidades sobre el flagelo que golpea a la provincia, pero nada hacen para cambiar la situación de las mujeres. El Gobierno provincial declaró la emergencia, pero no toca ni una de las cuestiones estructurales que hacen a la violencia y a la pobreza.
En Salta, como en otras provincia del norte, la precarización laboral tiene cara de mujer: el 90 % de las empleadas domésticas trabajan en situación de precarización, las docentes deben trabajar más de 66 horas para llegar a fin de mes, dando clases en tres o más colegios el mismo día. Las jóvenes tienen los trabajos más precarios, no pudiendo siquiera elegir estudiar. Ni hablar de las condiciones paupérrimas en las que viven las mujeres de los pueblos originarios.
Por otro lado, Garcia Caínzo confirmó que la Iglesia será la que administrará los refugios para las víctimas de violencia en Orán y Tartagal, las dos localidades con los casos más brutales de violencia y donde la trata de mujeres es un gran negocio que involucra a policías y funcionarios. El Gobierno hará capacitaciones a las personas del arzobispado para que asistan a las victimas.
Será la misma Iglesia que protege a curas abusadores y pedófilos como Alessandro de Rossi, que está acusado de abuso sexual a un adolescente mientras estuvo en una parroquia de Salta, entre 2008 y 2013. La misma Iglesia que sigue negando la educación sexual integral a los jóvenes, mientras es obligatoria la educación religiosa católica en las escuelas públicas, que tiene un fuerte y claro mensaje de sumisión y obediencia al marido y la familia en las vidas de las mujeres. La misma institución que encabezó una fuerte campaña en contra de las miles de mujeres que se organizaron para el Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó el año pasado en Salta, tildándolas de demonios. Es decir, en manos de esta institución oscurantista el Gobierno provincial quiere dejar a cargo el refugio para mujeres víctimas de violencia en Orán y Tartagal.
Una decisión política que ya recibió numerosos cuestionamientos. Las jóvenes de Pan y Rosas señalaron que "es necesario organizar un gran movimiento de mujeres que exija que estos refugios garantizados por el Estado estén bajo control de las propias mujeres víctimas de violencia, sus trabajadoras y organizaciones de mujeres que luchan contra la violencia de género, con gabinetes de profesionales y especialistas, sin presencia de la Iglesia, ni presencia policial ni judicial".
