La marcha será este miércoles al mediodía desde la sede de la calle Suipacha a la Legislatura porteña. Exigen la continuidad de los puestos de trabajo y en defensa de la calidad de servicio para los usuarios. Conversamos con Ludmila, trabajadora del organismo.
Miércoles 22 de mayo de 2019 09:10
¿Qué demanda van a llevar este miércoles a la Legislatura?
Queremos dar a conocer nuestra situación de preocupación e incertidumbre. Tanto en la Legislatura de la Ciudad como en el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, tienen que ratificar la decisión política de traspasar a las distribuidoras Edesur y Edenor del ámbito nacional a las jurisdicciones locales.
Esto puede afectar a la continuidad y condiciones laborales de más de 200 trabajadores y trabajadoras que desde hace más de veinticinco años nos dedicamos a la regulación de la distribución del servicio eléctrico, capacitándonos, siendo evaluados de manera permanente para garantizar el servicio a usuarios.
En las actas que se han firmado hasta ahora no se nos ofrece ningún tipo de tranquilidad o garantía en este sentido. Ni desde la posibilidad de seguir desempeñando estas tareas en el nuevo Ente Metropolitano que se conformará (EMSE), ni tampoco de que podremos seguir trabajando en el ENRE, cuyas funciones quedarán reducidas a la regulación de la generación y el transporte de la energía eléctrica.
Frente a esta situación decidimos movilizarnos el miércoles y necesitaremos el apoyo de todos los sectores sindicales, además de la más amplia unidad entre trabajadores, estemos afiliados a ATE, a UPCN o a ninguno. No queremos que se vean aún más vulnerados los derechos de los usuarios ni que se toque un sólo puesto de trabajo. Que esta decisión política no se tome a costa de nuestras familias. En el ENRE hay, por ejemplo, muchas madres solteras, sostenes de familia. Varias de nosotras venimos desde hace algunos años organizándonos en una Comisión de Mujeres, y sabemos muy bien que estas situaciones golpean doblemente a las compañeras.
¿Cómo se originó esta situación?
Con la discusión del Presupuesto Nacional 2019, que para ser votado el año pasado a la medida del FMI y sus políticas de ajuste y déficit cero, requirió negociar para obtener los votos necesarios en el Congreso. Ahí fue que un sector de gobernadores del PJ encabezado por Schiaretti exigió, entre otras demandas, transferir el control y regulación de Edesur y Edenor a la órbita de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Esto incluye el financiamiento de los subsidios de Tarifa Social, como parte de esa meta de déficit primario cero.
Hubo polémica porque la negociación con las empresas estuvo encabezada por Juan Antonio Garade, funcionario del Gobierno (y ex director del ENRE) que se desempeñó durante años en cargos de alta jerarquía tanto en Edesur como en Edenor. También un funcionario de la Provincia involucrado en la conformación del nuevo ente, Edgardo Volosin, fue directivo de Edenor durante años. Con estas personas decidiendo sobre el destino de la cuestión energética, ¿cómo definirías vos la situación actual del servicio eléctrico, como trabajadora del sector?
Basta con acercarse cualquier día a nuestras oficinas de atención al público donde se toman los reclamos: el servicio que prestan las distribuidoras es pésimo, no cumplen con sus obligaciones, no invierten en las instalaciones ni garantizan buenas condiciones laborales y de seguridad para su personal. Partimos de la base de que se trata de un servicio público y un derecho esencial, que debería ser de calidad y accesible para toda la población, y sin embargo fue dado en concesión a empresas que lucran con la necesidad de las personas.
Esto fue parte de la ola de privatizaciones del menemismo pero nunca se trastocó este esquema, con ninguno de los gobiernos posteriores. El congelamiento de tarifas se sostuvo cuidando las ganancias de estos empresarios mediante la no inversión en infraestructura avalada por el Estado y subsidios millonarios que igual salieron de nuestros bolsillos. Y ahora, con la gestión actual, la crisis les pasa por el costado, ganaron millones a costa de la dolarización y aumentos brutales de tarifas que muchas personas realmente no pueden solventar, hay familias que se endeudaron para pagar la luz, otras que directamente ya no tienen.
Estamos pagando carísimo por un servicio que sigue siendo muy malo. Desde la creación del ENRE a esta parte, venimos tramitando más de 4 millones y medio de reclamos de usuarios, y se han aplicado a las distribuidoras más de $6 mil millones en multas por problemas de calidad del servicio.
¿Qué aporte pensás que podrían hacer las trabajadoras y trabajadores para la mejora del servicio?
Con este esquema, nuestra intención es poder seguir trabajando en pos de que los derechos de los usuarios y usuarias no sean vulnerados, y que haya un control adecuado y experimentado de cada una de las empresas del sector eléctrico sobre las que tanto el ENRE como el nuevo EMSE tengan competencia. El problema no es en sí mismo el traspaso, sino que no parece estar pensado racionalmente y en función de mejorar el mal servicio y la calidad de vida de la población. Al contrario, surge a raíz de negociaciones políticas para aprobar un presupuesto nacional de hambre para el pueblo y de más ganancias para los empresarios amigos del Presidente, como Marcelo Mindlin que es dueño de Edenor y Nicolás Caputo, accionista de Edesur.
Pero además, desde la agrupación Marrón Clasista de ATE, de la cual soy parte, queremos poner en discusión una salida de fondo, en la sintonía que plantea el Frente de Izquierda. Hay que terminar con el negocio de las privatizadas que nos impuso el neoliberalismo, no puede ser que cada gobierno que asuma se ocupe de garantizarles las ganancias en detrimento de la calidad de vida del pueblo trabajador. Más aún en el contexto que estamos viviendo, en este infierno del Fondo Monetario donde las condiciones para pagar la deuda en los próximos años dependen de que nos ajusten cada vez más la soga al cuello. Las trabajadoras y trabajadores estatales sabemos de esto: durante estos tres años sufrimos miles de despidos y nuestros salarios se fueron a pique. Si a estas condiciones de vida cada vez más precarias le sumamos precios impagables para algo tan básico como poder tener luz, la situación va a ser cada vez más insostenible.
En este sentido, es necesario estatizar todo el sistema energético bajo la gestión de las y los trabajadores, quienes venimos acumulando años de experiencia en la materia, y con participación de comités de usuarios por barrio. Que se financie a partir de impuestos progresivos a los grandes empresarios y banqueros, y del no pago de la deuda externa que ellos mismos generaron, como parte también de romper con el régimen de miseria más general al que nos somete el FMI. Esto solventaría las inversiones necesarias para garantizar un servicio accesible y de calidad para toda la población. Al contrario de considerarlo utópico, creo que este es el único camino racional para las necesidades de los trabajadores y el pueblo.
