Martes 5 de enero de 2016
Apenas asumió la presidencia, Mauricio Macri eligió dar gestos sobre la reconstrucción del INDEC para diferenciarse del gobierno anterior y por el rol que cumplen las estadísticas oficiales en las políticas económicas, en el que se inscribe la intención gubernamental de decretar la “emergencia estadística” que, entre otros puntos, implicaría no difundir indicadores desde el INDEC por 4 meses. Una medida controvertida en medio de la inflación y los “decretazos” de Macri, en menos de un mes de gobierno.
Tras 9 años de lucha consecuente de los trabajadores del INDEC y su Junta Interna de ATE denunciando la manipulación estadística junto a la violencia laboral utilizada para ese fin, el nuevo gobierno –en su intento de ser creíble- se ve obligado a responder a la demandas que los trabajadores habían presentado a los candidatos presidenciables, en el documento “Las condiciones previas para la normalización del INDEC”. Allí reafirman que se oponen a que las estadísticas públicas “sean tergiversadas por cálculo político, así como también a que se empleen para favorecer cualquier tipo de interés especulativo del mundo financiero local o internacional, sean de los bonistas, las consultoras privadas o el FMI” y hacen hincapié en las condiciones de trabajo. De los cuatros puntos, plantean que “los trabajadores desplazados, despedidos, jubilados compulsivamente y presionados para renunciar serán restituidos a sus tareas precedentes” y que “Los trabajadores que se opusieron y denunciaron la manipulación serán considerados parte activa y primordial de las instancias organizativas e institucionales de la futura normalización a través de su organización sindical (ATE-CTA) (…)”.
Hablamos con cinco de las desplazadas y desplazados que vuelven a sus puestos de trabajo luego de 9 años de lucha.
En lo que es un primer logro de la junta interna de ATE, algunos de los desplazados vuelven a sus puestos de trabajo. Y nos dan su testimonio.
Marcela Almeida, trabaja en el INDEC desde el 2003 y se desempeñaba como Coordinadora del proyecto del Índice de Precios al Consumidor Nacional. Nos cuenta que “en octubre de 2007 me quitaron mis tareas y hasta el lugar físico donde las desarrollaba. Todo esto fue parte de las represalias que sufrimos muchos trabajadores del IPC que denunciamos la manipulación de las estadísticas públicas en distintos ámbitos, incluyendo la justicia. Algunos, hasta fueron despedidos“. Ella también es delegada de la Junta Interna de ATE INDEC, y plantea que “producto de estos 9 años de lucha, el lunes voy a reintegrarme a mis tareas. Desde mi lugar, participaré en la elaboración de un nuevo índice de precios. Esta situación que me remueve muchos sentimientos, de reencontrarme con compañeros, de volver a tener un lugar de trabajo, también me recuerda el compromiso que hemos asumido en estos años: que se termine de ir la intervención, que se vaya la patota, que pasen todos los trabajadores a planta permanente para terminar de una vez con la precariedad laboral y la inestabilidad frente a los atropellos de los distintos gobiernos y de jerarquizar los salarios de todos los compañeros. Esto recién comienza”.
Vanina Micello entró al Indec hace 23 años. Desde entonces sigue siendo planta transitoria, con letra E, lo que implica un salario de 9 mil pesos. Cuando desembarca la intervención kirchnerista al IPC “los trabajadores que nos desempeñábamos en ese sector comenzamos a sufrir ataques por negarnos a colaborar con la mentira. Fuimos sumariados, en mi caso 2 veces. Hubo agresiones físicas y verbales, discriminación salarial (me sacaron los adicionales que son casi la mitad de mi salario), desplazamientos y despidos”. Vanina también es delegada de la junta interna de ATE y miembro de la agrupación Marrón. Dice que “comenzamos la lucha que durante estos últimos nueve años nos llevó a que cada mes, cuando sale el IPC trucho, organizamos un abrazo para exigir que se vaya la patota y la intervención del Indec. Abrazo que seguimos haciendo por nuestras reivindicaciones como el pase a planta permanente para todos, por estadísticas públicas al servicio de los trabajadores. Así lo hicimos a días de asumir el nuevo presidente, el 13 de diciembre, donde una vez más transformamos nuestra medida de lucha en una tribuna de las luchas. Esta vez para difundir la lucha de los tercerizados del subte despedidos. Y aprovechamos para invitar a los presentes a que también aporten a su fondo de lucha como lo hizo nuestra junta interna.”. Vanina dejó en claro que no hay “cheque en blanco” hacia el nuevo gobierno, por el contrario reivindica que en todos estos años pudieron mantener la independencia política de todos los gobiernos de turno, y que se expresó concretamente cuando la junta interna de ATE-Indec participó y convocó a las calles en la primer marcha unitaria contra el ajuste del macrismo el pasado 22 de diciembre, como así también el 29 de diciembre en la primer movilización de ATE al ministerio de Trabajo ante las amenazas de “revisar” miles de contratos en el estado. Micello concluye diciendo: “La reincorporación a nuestros puestos de trabajo no es gracias al nuevo gobierno sino por la lucha que venimos y seguiremos dando”.
Liliana Gasco trabajaba como encuestadora del IPC cuando la intervención desembarcó en el INDEC. “Me alegra poder reintegrarme al Indec. Hay que ver hasta donde puede llegar la voluntad política de las autoridades, no sólo en el mejoramiento de las estadísticas públicas, sino, fundamentalmente, respecto las reivindicaciones planteadas por los trabajadores: que se vaya la patota y también que se resuelva el problema de la precariedad laboral y las desigualdades salariales que esto genera. En el Indec esta precariedad fue la que facilitó la instalación de la intervención kirchnerista y todo su accionar, con la complicidad (o co-gestión) de la dirección del gremio UPCN. Si bien hubo una decisión política del gobierno respecto al Indec, este conflicto se mantuvo por la fuerza de los “cabrones”, los compañeros que desde hace casi nueve años le vienen poniendo el cuerpo a la intervención y denunciando públicamente. Poner el cuerpo literalmente, también lo digo por todos aquellos que han tenido graves problemas de salud en este contexto tan hostil”.
Luciano Belforte se desempeñaba como coordinador de ingreso del IPC, dirigiendo el sistema de carga de los precios que traían del campo los encuestadores. “A partir de la llegada de Beatriz Paglieri al IPC, como representante de Guillermo Moreno, me fueron desplazando de hecho y finalmente me sacaron del puesto. Esto fue posible porque desde los ’90 no hubo concursos en el Estado Nacional y yo, como muchos otros, desempeñábamos funciones para las que no había sido formalmente nombrado. Esto se agravaba con el hecho de que las compensaciones salariales eran en negro y la intervención me las sacó; esto significo una merma de alrededor de un 35% en mi salario. Me trasladaron a otro programa del INDEC (para mantenerme lejos de mi área de trabajo), inclusive a otro edificio”. Belforte enumera la larga lista de violencia laboral y nos cuenta que “trataron de sacarme del INDEC trasladándome al Ministerio de Economía, y me iniciaron una causa penal por estafa. Pero ninguno de esos planes les salió bien: ganamos en la Justicia la causa penal y la Justicia Laboral ordenó mi reinstalación en el INDEC, aunque afuera del IPC”. Hoy, Luciano, fue reinstalado en su puesto de coordinador y dice: “Esto fue posible, en primerísimo lugar, por la lucha consecuente que llevamos a cabo los trabajadores del INDEC durante los 9 años de intervención. En efecto, fuimos nosotros los que denunciamos que el Gobierno Nac&Pop le estaba mintiendo al pueblo, fuimos nosotros los que sufrimos las consecuencias de esa postura, y por esa acción nos convertimos en una especie de ‘garante’ de transparencia ante la población. Por eso, si el actual Gobierno quiere sincerar las estadísticas públicas (que está por verse) no le queda más remedio que aceptar que los que fuimos parte de esta lucha participemos en la reconstrucción del organismo. Nuestras demandas inmediatas son: retorno a nuestras tareas, pase a ley marco de los compañeros que continúan con contratos basuras, reparto igualitario del plus de fin de año para todos, pase a planta de todos los trabajadores del organismo, recomposición salarial, y, sobre todo, expulsar a la patota y a todos los funcionarios de la intervención, en particular al matón José Luis Blanco y al director de Estadísticas Poblacionales Rubén Nigita. Hasta que esos reclamos no se cumplan seguiremos en la lucha”.
Bárbara Weich, trabajaba en el IPC Nacional cuando en enero de 2007 Beatriz Paglieri se presentaó como interventora del IPC. Inmediatamente la intervención avanzó hacia otras direcciones del organismo atacando directamente a los trabajadores que se oponían y denunciaban públicamente la situación. Bárbara nos cuenta que “Con el aval y apoyo explícito de UPCN, durante los meses siguientes se vivieron aprietes, amenazas y desplazamientos en todo el instituto. En Noviembre de 2007, a varios compañeros y a mí nos informan que nuestros contratos no serían renovados. Por el repudio generalizado a los despidos, se logró una negociación donde se firmó un Acta Acuerdo con el Jefe de Gabinete y otras autoridades que se comprometían a reincorporarnos en el Ministerio de Economía. Ocho años después las despedidas y despedidos, como también los desplazados de sus tareas, podemos retornar a nuestras funciones en el INDEC. Esto sólo fue posible por la lucha sostenida todos estos años y que en ningún momento dejamos de denunciar la manipulación de los datos estadísticos y los maltratos que sufrimos. La satisfacción obtenida por este logro nos convoca a continuar con la lucha por el salario y la estabilidad laboral de todos los empleados del Estado con el pase a planta permanente”.
