Para reprimir hay plata. Trelew: en una ciudad empobrecida, Torres y Merino sólo ofrecen militarizar los barrios

En el acto, donde se desplegaron las fuerzas de seguridad federales que llevaran adelante el Comando Unificado en la ciudad, estuvieron presentes junto al gobernador Ignacio Torres, Vicente Ventura Barreiro, secretario de Seguridad de la Nación, el intendente de Trelew, Gerardo Merino y Héctor Iturrioz, ministro de Seguridad y Justicia de la provincia.

Las mismas recetas de siempre: más fotos, más fuerzas federales y el despliegue del aparato represivo del estado. Las mismas recetas que vienen fracasando una y otra vez por los innumerables lazos de las fuerzas policiales y de seguridad con el crimen organizado que golpea en la ciudad. La derecha política en el gobierno continúa la política de Arcioni y Fernández de sostener e impulsar campañas de control social y represión con la excusa de intentar enfriar el “mapa del delito”.

Emulando discursos de Patricia Bullrich, el gobernador Torres manifestó desde el escenario armado para presentar al Comando Unificado que comenzará a desplegarse en Trelew y ciudades del Valle Inferior del río Chubut que "Desde hoy, los que se tienen que preocupar son los delincuentes porque los vamos a ir a buscar con toda la Ley y las fuerzas de seguridad" y repitiendo discursos clásicos y remanidos de la derecha que pide mano dura ratificó su apoyo a la baja de imputabilidad a los menores que impulsa su amiga, la miliquita, Patricia Bullrich y le reclamó a la legislatura provincial, donde tiene mayoría automática que avance en una reforma al Código Procesal Penal.

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En esta política securitaria que Torres lleva adelante, no está solo, cuenta con el apoyo del peronismo provincial que no solo votó a favor del Comando Unificado en la legislatura, sino que incluso le aporta ideas. Ejemplo de esto es el proyecto de declaración de Emergencia en Seguridad que expuso en la Legislatura, el diputado provincial, Emanuel Coliñir, en el cual solicitó que se pueda incorporar personal retirado de la Policía para aumentar el control social y la represión en la ciudad.

Esta orientación represiva y de mano dura contra el pueblo se complementa con el pedido al embajador de EEUU de agentes del FBI para investigar los incendios en Los Alerces y la estigmatización del pueblo Mapuche.

Torres manifestó en otro pasaje de su discurso que “nos unimos todos para combatir este flagelo, como nos unimos para recuperar la educación, defender nuestros recursos o terminar con tantos años de desidia. Hoy toda la ciudadanía estamos unidos para recuperar el orden y para eso es necesario tener calidad institucional, orden institucional”.

Palabras de Torres, que muestran su doble discurso para disimular su plan de ajuste y entrega, ya que mantiene a las y los trabajadores de la educación con uno de los salarios más bajos del país y a los cuales les aplico un ataque al derecho a huelga y al derecho a enfermarse, y que por otro lado, acaba de firmar un acuerdo por el cual le entrega el agua a la empresa del Estado israelí, Mekorot, acusada por Amnistía Internacional de apartheid y genocidio contra el pueblo palestino.

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Además de que vuelve a repetir la remanida frase de derecha de “recuperar el orden”, que es una impostura, ya que es imposible como demuestran los ejemplos de Rosario y de distintos puntos del país, donde se instaló el Comando Unificado de resolver el problema, ya que son parte de los que lo han generado y manejan el crimen organizado, es decir, la casta política, los empresarios, la policía provincial y las fuerzas federales de seguridad.
Para reprimir hay plata

Mientras Trelew es la ciudad con más pobres e indigentes de la Patagonia, superando la media nacional, con casi el 50% de pobres y el 12% de indigentes y en medio de la suba de precios y tarifas que licua el bolsillo del pueblo trabajador, además de la oleada de despidos de trabajadores estatales nacionales, que también afecta a trabajadores de la provincia, por nombrar solo algunos ejemplos, el gobernador de Chubut, que se jacta de estar aplicando un ajuste más fuerte que el del propio Milei, si tiene plata para reprimir.

Mientras no dan ningún tipo de solución para superar el estado de pobreza de casi la mitad de la población trelewense, con situaciones sociales que son un caldo de cultivo para la violencia de todo tipo, el gobierno provincial, municipal y nacional se “refugian” en propuestas sobre “seguridad” que solo agravarán la situación.

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Viejas recetas

Entre los gobiernos de derecha y la oposición peronista no hay grieta a la hora de sostener campañas de control social y represión con la excusa de intentar enfriar el “mapa del delito”.
En el marco de la profunda crisis económica y social que atraviesa el país, la provincia y la ciudad producto de ello, la degradación en las condiciones de vida de las mayorías, el reforzamiento de los dispositivos represivos del Estado tiene el principal objetivo de controlar a la población a fin de evitar al máximo que la bronca y el descontento social se organicen y expresen en forma de lucha colectiva.

Pensar que las cuestiones relacionadas con el delito y la violencia urbana se solucionan con más policías, en el contexto actual es un sinsentido. Nada bueno podrá venir de “recetas” securitarias como las de Torres, Bullrich, Milei y sus representantes locales. Sumado a que son los propios agentes del Estado quienes garantizan que el gran delito continúe, con lo cual el planteo del Frente de Izquierda de cortar de raíz con todas las condiciones que se crean para el gran delito es el primer paso para empezar a pensar en una forma diferente de abordar estas cuestiones.

En el marco del brutal ajuste implementado por el gobierno nacional y el gobierno provincial al servicio del FMI sin dudas el reforzamiento de las fuerzas de seguridad con el Comando Unificado es parte de los amedrentamientos que buscan criminalizar la protesta social, y atemorizar y perseguir a aquellos y aquellas que se organicen para resistir este plan.