PATEANDO EL TABLERO. Tres días de furia bajo el régimen del FMI

En la editorial última nos preguntábamos si podría traer algo bueno para los trabajadores un acuerdo con los grandes empresarios, terratenientes y el FMI como propuso la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en su carta de la semana pasada.

Los hechos que vamos a repasar acá resuelven en gran medida el interrogante y plantean una serie de conclusiones, que recuperando lecciones del pasado, pueden ser útiles para el presente. Veamos.

1) El martes, un día después de la publicación de la carta de Cristina Kirchner donde se advertía de una “extorsión devaluatoria” por parte de grandes actores económicos, el ministro Guzmán, inició una ronda de endeudamiento a la medida de los buitres financieros. Son 254 millones de pesos de nueva deuda la cual supera, por dar un ejemplo, el presupuesto de las 57 universidades nacionales para todo el 2021. A diferencia de las y los docentes universitarios que como el resto de los trabajadores estatales van a recibir ajustes por la vía inflacionaria en sus ingresos, los especuladores que compraron los bonos del ministro van a tener un seguro ya que su rendimiento estará atado al dólar con tasas de interés siderales de entre 15 y 18% cuando en el mundo las tasas están cercanas al cero por ciento. Pero esta medida es solo el inicio de un festival de bonos, se espera emitir deuda por 750 millones de dólares el próximo lunes, una forma de garantizar que aquellos fondos buitres que compraron bonos en pesos durante el gobierno macrista, ahora puedan llevarse dólares.

2) El jueves pasado el Congreso dio media sanción al presupuesto 2021 que anticipa más ajustes en el gasto social del Estado como es en salud, educación, universidades, y en especial, el retiro del IFE a 9 millones de personas sin empleo. Estos recortes son algunos de los requisitos de la “sustentabilidad” que exige el FMI al gobierno, al momento de sentarse a la mesa de renegociación del crédito más grande de su historia otorgado a un país, cuando el fondo apostó a la reelección de Macri, aunque ahora sea el gobierno de Fernández el que decida pagarlo y atenerse a las órdenes del organismo que implica más ajuste sobre el pueblo. El diario La Nación advierte que este lunes, el ministro Guzmán tuvo una reunión con un grupo de empresarios, a los cuales estuvo dirigida la carta de Cristina, entre ellos, Héctor Magnetto de Clarín, Paolo Rocca de Techint, Miguel Braun de supermercados La Anónima o Alfredo Coto, ante quienes el ministro les confesó que en realidad el FMI pretende un ajuste mayor al pautado en el presupuesto y que el gobierno está en vistas de satisfacer esta indicación.

3) El mismo jueves pasado en el Senado los dueños del agronegocio tuvieron una más a su favor, lograron que tenga media sanción la extensión de la Ley de Biocombustibles, en esta ocasión los votos de los senadores de Cambia Jujuy y del PJ-Frente de Todos jujeño se sumaron a sus pares del resto del país. El poder de los ingenios azucareros, grandes cerealeras de maíz y de soja se hizo sentir y recibieron un nuevo favor. Recordemos que estos mismos sectores, casi a excepción de los ingenios en este aspecto, son los que están especulando con cerca de 6000 millones de dólares acumulados en cereales sin vender a la espera de una nueva devaluación. En octubre cuando rigió el primer mes de baja de las retenciones, la liquidación de dólares del campo fue menor que en septiembre. Con estos chantajistas el gobierno se va a volver a reunir para escuchar más de sus reclamos. La contracara es la situación de los trabajadores rurales. La semana pasada entrevistamos a uno de ellos, y nos contaba como solo de la seccional Ledesma de 2300 trabajadores del citrus, la ayuda estatal de intercosecha cubre a 700, mientras el pago es de 7 mil pesos, apenas un 40 por ciento del nuevo salario mínimo, vital y móvil.

4) Ese mismo jueves a tempranas horas comenzó el operativo de desalojo de las 1400 familias de Guernica al mando del ministro de Seguridad Sergio Berni. El saldo fueron mujeres, niños, jóvenes y hombres reprimidos por el solo hecho de buscar resolver por sus propios medios, la falta de vivienda durante años, el hacinamiento en el medio de la pandemia, agravado por la pérdida del empleo. El gobierno ha venido haciendo lo imposible para justificarse, aunque el propio gobernador, Axel Kicillof, admitió que podrían no haber acatado la orden del Juez, y sin embargo, lo hicieron. Tampoco les importó considerar ya no la necesidad de vivienda de las familias, sino que las tierras habían sido el resultado de un negociado durante los últimos meses del gobierno de facto iniciado por el golpe militar de 1976, involucrando a un funcionario de Videla en la compra de los terrenos, incluso con un origen de los fondos para la operación más que sospechoso. Toda la saña del Estado, sus funcionarios, medios de comunicación que dispararon físicamente y verbalmente contra las familias, lo hacen en defensa de la propiedad privada, o sea, la propiedad de unos pocos dueños de prácticamente todo en el país, aquellos y aquellas, que sea el gobierno que sea, hacen negocios y más negocios a costa de la vida del pueblo trabajador.

Los hechos en pocos días contestan por sí solos quienes pueden ganar y quienes perder con el acuerdo que propone la vicepresidenta. Pero, no es la primera vez, que un gobierno peronista convoca a este tipo de pactos entre el gran empresariado y la clase trabajadora. En 1973, un requisito ante la vuelta de Perón, fue la firma de un pacto social entre las principales cámaras patronales y la CGT con el cual se buscó, “alcanzar un consenso entre los distintos intereses de las facciones burguesas y de las direcciones sindicales, sobre la base de una tregua relativa que contribuyera a reducir el costo de la mano de obra, permitiendo así un nuevo margen de ganancias para el conjunto de la patronal”, explican Ruth Werner y Facundo Aguirre en el libro, “Insurgencia Obrera en la Argentina 1969-1976”. Este pacto terminó volando por los aires, a partir del ataque lanzando por el gobierno en nombre de las patronales, el cual despertó acciones de respuesta que confluyeron con miles de trabajadores que en junio y julio de 1975 protagonizaron la primera huelga general a un gobierno peronista, derrotando el ataque y provocando la renuncia del ministro de Economía, Celestino Rodrigo.

Más allá de todas las señales favorables que les da el gobierno nacional, los gobernadores como Gerardo Morales que abonan también la idea llamando a colaborar con el Presidente, el gran empresariado no solo tiene reparos sino sobre todo intenciones de imponer aún más condiciones a su favor en cualquier eventual "mesa" que se sienten. Saben que pueden sacar mucho más a su favor.

Sabiendo como empieza y cómo terminan los acuerdos nacionales, te dejamos esta reflexión: Vos, ¿de qué lado vas a estar? ¿De lado de los que adhieren o del lado de las y los que enfrentan este nuevo acuerdo?