A la pelea por recursos financieros se suman los cruces por los cambios de gestión en municipios y comunas.
Maximiliano Olivera @maxiolivera77
Jueves 7 de enero de 2016
Durante el último tramo de la gestión de Julio Miranda, su por entonces ministro de Economía José Alperovich diseñó un “Pacto Social” entre el Ejecutivo Provincial y los municipios. Firmado por casi la totalidad de los intendentes, implicaba que la Provincia se hacía cargo de la planilla salarial de los municipios, que permanecía congelada mientras dure el pacto, y la obra pública a cambio de que los municipios cedan sus recursos federales a las arcas provinciales. Aplicado durante las tres gestiones de Alperovich, le permitió un respaldo político por parte de los municipios y una cierta "paz social".
Sin embargo, el “Pacto Social” fue una de las primeras fricciones que tuvieron Alperovich y su otrora socio en la capital, Domingo Amaya. La caída del acuerdo en diciembre de 2014 avivó las diferencias y precipitó el paso de Amaya a la oposición. Aquí también tuvo que ver las condiciones del pago de la deuda de la ciudad. Los amayistas denunciaron el “ahogo financiero y la extorsión”.
El duelo se reedita, pero con cambios de protagonistas. El intendente Germán Alfaro y la gestión encabezada por Juan Manzur cruzan acusaciones y cifras de deudas. El Ejecutivo afirma que la Capital le adeuda alrededor de $ 500 millones, mientras que la intendencia sostiene que la Provincia mantiene una deuda de $ 280 millones.
El ministro del Interior Miguel Acevedo y de Economía Eduardo Garvich serán los encargados de definir qué hacer con la deuda municipal. Sostienen que por ahora no habrá una retención de la coparticipación municipal, para mostrar una disposición de diálogo. Desde la Ciudad rechazan cualquier tipo de retención en la coparticipación y retrucan que las conversaciones deben tener en cuenta los $280 millones adeudados por una ley educativa y otros $10 millones por la Sociedad Aguas del Tucumán.
El amayismo ya llevó el pleito a la Legislatura, en donde el ex ministro de Hacienda capitalino, Silvio Bellomio, presentó un proyecto para que las deudas municipales se puedan financiar con un plazo máximo de 20 años, y para limitar la retención de fondos coparticipables.
Protestas de municipales
El “Pacto Social” permitía a cada intendente una estabilidad en torno a los empleados municipales y evitar los conflictos que eran cotidianos a fines de los 90. El fin del “Pacto Social” junto a los movimientos tectónicos que siguieron a la crisis por el fraude de los acoples, suscitó una serie de conflictos en los traspasos de las intendencias.
El primero, con repercusión nacional incluida, fue en Concepción, cuando el nuevo intendente recibió de su antecesor el nombramiento de 460 trabajadores, que no ingresaban a planta debido al “Pacto Social”. En los últimos días se sucedieron una serie de conflictos del mismo tenor en otros municipios.
En Simoca, 78 empleados protestaron en la sede de la intendencia para exigir la renovación de sus contratos. Aquí, el intendente Marcelo Herrera (FpV) sostiene que se tratan de contratados para realizar campaña electoral por Luis González (UCR-ApB), ex intendente y actual legislador.
Con el mismo motivo, el martes una treintena de empleados transitorios tomó el edificio de la administración de Los Ralos. La comuna también tuvo notoriedad nacional por las urnas quemadas durante los comicios provinciales. Las acusaciones son entre el nuevo delegado Juan Brandán (del acople Tucumán Innovador, liderado por los “mellizos” Orellana) y el saliente Mario Tizeira (FpV). Tanto en Simoca con en Los Ralos, la solución dada fue mantener a los trabajadores como contratados o en el marco de algún programa social, lo que implica mantener las condiciones de precarización laboral en diferentes tareas de limpieza y mantenimiento.
Tras estos conflictos se abrieron otros. Unos 50 empleados protestaban frente al edificio de la municipalidad de Famaillá, mientras que otro grupo cortó la ruta 38 a la altura del río Chico, en reclamo a la administración de Rio Chico. Afirman que "trabajaron" para Manzur y ahora son hechos a un lado.
En el marco de la puja por recursos y los conflictos locales, Manzur se prepara para una reedición del “Pacto Social”, que será adecuado según el municipio. Enero será el mes en donde se contemplará el nuevo diseñó de esta herramienta –financiera y política– heredada del alperovichismo. Pero para esto necesitará de una batería de recursos que por lo que ahora se ve no está para nada asegurada. Esto último también es herencia del alperovichismo.
Presentaciones por los fondos de la coparticipación
Manzur viajó para reunirse hoy con el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, para tratar los fondos de la Coparticipación Federal correspondientes a Tucumán. La reunión será después de las dos presentaciones judiciales que realizó la Provincia parar recuperar cifras millonarias retenidas por la Nación, según sostiene, indebidamente.
A fines de noviembre, la Corte Suprema de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la norma que dispuso la detracción del 15% de los impuestos coparticipables a los distritos provinciales, a raíz de una presentación de San Luis, Santa Fe y Córdoba. “Reciben coparticipación plena y el resto, un 15% menos que ellos”, se quejó Manzur.
En concepto de Coparticipación, Tucumán recibió en 2015 un promedio de entre $ 800 y $ 1.000 millones mensuales. Según estimaciones oficiales, la retención actual de los fondos rondaría los $ 200 millones mensuales.
Los puntos en la agenda de Manzur también incluye el atraso en los fondos de obras públicas, que se regularizarían pronto, y el aumento del porcentaje del bioetanol en las naftas.
