Licitación de la hidrovía. Un negocio en beneficio de las cerealeras y el extractivismo

El tráfico de cocaína no es el único negocio millonario que baja por las aguas del Paraná hacia Europa. Por la Hidrovía navegan fortunas: es la principal vía comercial de exportación de los puertos de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay y por donde circula el 80 % de las exportaciones argentinas y el 75 % de las importaciones. Sobre los márgenes del Paraná y del Paraguay hay 79 puertos; la enorme mayoría de ellos, privados. La principal vía del comercio exterior del país está en manos privadas.

Jan De Nul nunca pierde

A principios de los ‘90, el menemismo privatizó esta vía navegable y la entregó a la empresa belga Jan De Nul, sin que el Estado argentino tenga ningún tipo de control. Y desde entonces sigue operando el dragado y el balizamiento bajo todos los gobiernos. Bajo la administración de Cristina Kirchner se le prorrogó el contrato y, cuando venció durante el mandato de Alberto Fernández, la Hidrovía pasó formalmente a estar bajo la órbita de la Administración General de Puertos. Pero pese al coqueteo con una estatización con la que amagó inicialmente el gobierno del Frente de Todos, bajo el pretexto de no tener los recursos técnicos, pasó a contratar nuevamente de manera “temporal” y sin licitación alguna a la misma Jan De Nul.

El llamado a licitación que el gobierno de Javier Milei publicó este 20 de noviembre otorga a la empresa ganadora la concesión -re privatización- por 30 años y extendible a otros 30 años de la Hidrovía. Hasta el 2085. En el mundo cinco empresas manejan el 80% del negocio del draga: la conocida Jan de Nul y DEME -también belga-; Boskalis (por la que hace lobby Eurnekián, Macri y la reina Máxima Zorreguieta) y Van Oord -ambas neerlandesas-, y la estatal china CCCC Shanghai Dredging. Pero los pliegos del gobierno libertario establecen dos condiciones: excluye a “toda persona jurídica que sea controlada, directa o indirectamente por Estados soberanos” (en el marco de la disputa geopolítica con Estados Unidos la estatal china queda excluida) y que además debe contar con antecedentes de trabajos de características similares a las condiciones de la Hidrovía. Nuevamente Jan de Nul es la única empresa que cumple con ambos.

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Un negocio en beneficio de las grandes cerealeras

Parte central de la discusión de los pliegos de licitación es el calado -la profundidad- que debe tener el río Paraná. El gobierno ya anunció que mantendrá el calado de 34 pies más 2 de seguridad (10,97 metros) desde el océano hasta Timbúes, en la provincia de Santa Fe. Los pliego planifican un calado a 42 pies más 2 de seguridad. ¿Por qué hasta Timbúes? Allí termina el complejo aceitero, de donde sale el 75% de la producción agroindustrial de Argentina. Las cerealeras son de las principales interesadas en profundizarlo, con el objetivo de aumentar la capacidad de carga de los buques y abaratar costos. “La expectativa es que el Gobierno pueda cumplir con los plazos y finalmente adjudicar la concesión larga, es decir, 30 años y llegar a los 44 pies de profundidad con una tarifa competitiva”, dice Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de Argentina. El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro reclama que se garanticen 25 pies de profundidad hasta la ciudad de Santa Fe. Y los gobiernos de las provincias del Litoral reclaman intervenir en la licitación.

Los ríos: una vía comercial para exportar ganancias o parte de los bienes comunes naturales

Pero lo que nadie cuestiona es el concepto de “Hidrovía”. Éste significa reducir el paso de los ríos y su biodiversidad a una vía comercial en función de un modelo extractivista ligado al agronegocio; para ser usufructuado por uno u otro grupo empresario. La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas alertó que “el Paraná no debe ser considerado simplemente como una vía fluvial para el comercio internacional. Debe ser reconocido como un sistema ecológico complejo que sustenta a millones de personas y alberga una rica biodiversidad. La transformación del río en una “hidrovía” ha llevado a una serie de intervenciones destructivas, incluyendo dragados y canalizaciones que han alterado su régimen hidrológico”. Las consecuencias ya las vemos: bajantes y subidas históricas, contaminación, destrucción de los humedales, la flora y la fauna.

Al mismo tiempo reclaman que se realicen estudios de impacto ambiental y alertan que “la profundización, que se planea llevar de 36 a 42 pies, provocará mayores niveles de desertificación a lo largo del Delta del Paraná, uno de los humedales de mayor importancia de nuestro país. La misma está liderada por el sector privado, el poder económico concentrado del agronegocio en el polo agroexportador de Rosario, con todos los privilegios del descontrol.”

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Desde la izquierda rechazamos la concesión y entrega de nuestros ríos a los empresarios del agropower y sus socios, que sólo buscan aumentar sus ganancias sin importar las consecuentes crisis ambientales. Creemos que hay que discutir qué se produce, qué se comercializa y para qué. La acumulación de riquezas cada vez mayores en un puñado de empresarios no puede estar por encima de los bienes comunes naturales, como los ríos, y del hambre y la miseria de millones. Y también el cómo: el desarrollo del comercio exterior por vía naval no puede llevarse a cabo destruyendo la cuenca de los ríos y el medio ambiente.

Al mismo tiempo, en las provincias del Litoral se abre otro debate: la necesidad de terminar con el monopolio privado de los puertos y los ríos que existe hoy y establecer el monopolio estatal del comercio exterior. En el marco de las políticas económicas del gobierno que hunden a la nación a los pies del FMI y los Estados Unidos hay que rediscutir la economía del país. ¿Qué hacer con los recursos y bienes comunes naturales? O son puestos en función de la ganancia de un puñado de agroexportadoras o se discute democráticamente como utilizarlos para terminar con la pobreza y el hundimiento de la nación en armonía con el medio ambiente.