Como parte de la clásica demagogia de los partidos patronales, y enmarcado en la conmemoración del 8 de marzo, el gobierno de Córdoba hizo anuncios con respecto a la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Laura Vilches Concejala PTS - FIT Córdoba. Legisladora provincial PTS-FIT (mandato cumplido) | @VilchesLaura
Miércoles 23 de marzo de 2016
Viejas recetas: precarización y miseria para todas
El pasado 8 de marzo, durante la inauguración del “Polo Integral de la Mujer en Situación de Violencia”, el gobernador Schiaretti anunció el programa “Un nuevo rumbo”, para prevenir y asistir a las víctimas de la violencia machista en Córdoba. Este programa no es otra cosa que la respuesta a las demandas que miles de mujeres pusimos en las calles el 3 de Junio y 25 de noviembre del 2015 bajo la consigna NiUnaMenos, y que renovamos movilizadas este pasado 8 de marzo.
El programa posee cuatro ejes, que son “acumulables”: un subsidio personal a las mujeres víctimas de violencia de hasta $3000; un subsidio a empresas que contraten a mujeres en situación de violencia por $3030, que se completaría con un monto igual puesto por la propia patronal; un subsidio de hasta $5000 para pagar el alquiler de una mujer en situación de vulnerabilidad que requiere cambiar el lugar de residencia y el pago de una obra social a las mujeres que integren el programa y sus hijos.
Pero, como acostumbra Unión por Córdoba, las propuestas son un copy&paste degradado de los proyectos legislativos que hemos presentado las organizaciones de mujeres. La necesidad de subsidios, plan de viviendas, licencias y trabajo genuino, así como refugios y asistencia integral a las mujeres víctimas de la violencia machista están contenidas en el Plan de Emergencia que presentamos junto al diputado Nicolás del Caño en la órbita nacional y provincial. Es evidente que esta respuesta del gobierno se la arrancamos con la organización y la lucha sostenida.
Los números al desnudo
Según la Secretaría de Lucha contra la violencia a la Mujer y la Trata de Personas, por año se reciben 40.000 denuncias por violencia machista, pero los 63 millones del presupuesto asignado al área para este año (que La Voz delInterior destacó un día antes de negar en sus páginas la masiva movilización del 8 de marzo) apenas alcanzaría para que 7.862 mujeres se beneficien de la cobertura del alquiler y un subsidio (o la incorporación al trabajo). Sin embargo, la Secretaria Claudia Martínez anunció que el programa busca llegar sólo a 2.500 mujeres. Los números no cierran por ningún lado.
Con respecto a las medidas propiamente dichas, siguen la línea del delasotismo de crear planes que generan mano de obra barata para las patronales por dos años, puesto que el máximo salario al que aspiraría una mujer que forme parte del plan es de $6000 mensuales: no llega ni a la mitad de la canasta básica familiar. Lo mismo vale decir para el subsidio de $3000 “no reintegrable” que se le otorgaría a cada mujer que, aspirando a independizarse económicamente, se tendría que conformar con apenas una quinta parte de la canasta básica.
En un marco de ajuste contra el pueblo trabajador en que las mujeres son blanco predilecto de los despidos, el gobierno garantiza que las mujeres de por sí violentadas económicamente-por ser quienes mayoritariamente trabajan precarizadas y en negro-, no puedan acceder a un trabajo digno. En el proyecto que presentamos con Nicolás del Caño, exigimos que el subsidio o el salario de los puestos de trabajo destinados a las mujeres víctimas de violencia sea igual a la canasta básica familiar.
De más está decir que, como expresan las propias trabajadoras de la Dirección de Violencia Familiar, entrar a trabajar bajo el estigma de ser “la chica del programa de violencia”, no favorece que las mujeres comiencen “un nuevo rumbo” en sus vidas.
¿Se alquila?
Si pensamos lo que significa que una mujer pueda mudarse de la residencia en la que está siendo maltratada y pueda alquilar una vivienda para ella y sus hijos, podríamos saludar el subsidio para alquiler que otorga el programa en cuestión. Pero alcanza con mirar los clasificados del diario para darse cuenta de que no hay casa o departamento para alquilar a menos de $4000 mensuales, salvo que pretendan que empezar un “nuevo rumbo” sea hacinarse en un monoambiente.
La mentira se extiende no sólo al plano presupuestario. La panacea que presenta el gobierno esconde una realidad muy distinta.
Las trabajadoras del área recientemente “renovada” denuncian que la directiva emanada desde la Secretaría consiste en decir ante cada consulta de una mujer interesada que “los cupos ya están cubiertos”. Manoseo y cinismo recargados.
El panorama se completa con otra denuncia de las trabajadoras: las mujeres beneficiarias de la beca “Nueva vida” (que rige desde el anterior gobierno de Schiaretti por decreto 1030/08) suelen cobrar en enero la cuota correspondiente a agosto; siempre y cuando no se les pague salarios atrasados a las becarias del área con esos cheques.
¿Y por casa cómo andamos?
Por si todo lo anterior fuera poco, todo este “mega plan” se asienta sobre las condiciones de trabajo miserables que las empleadas de la Dirección de Violencia y la ex Secretaría de Trata vienen denunciando: contratos temporarios desde hace años; salarios que apenas llegan a los $4000; psicólogas, trabajadoras sociales y otras profesionales anotadas como “administrativas”; un equipo de dos trabajadoras para dar respuesta a los 900 botones antipánico distribuidos en toda la provincia (que son entregados frente a situaciones de alto riesgo). A ello se suma la existencia de sólo dos refugios (uno de ellos con seis camas) para dar contención inmediata a las víctimas que lo solicitan en todo el territorio provincial.
Y todo ese trabajo, como lo refirieron las propias trabajadoras en su documento para el 8 de marzo, escuchando “relatos de dolor a diario, tiene consecuencias. Trabajamos presionadas, por la tensión permanente de no dar a basto para cubrir la demanda, por la planilla a mansalva, por la urgencia, por la paga”.
“Un shopping de la mujer”
Las trabajadoras, que fueron reincorporadas gracias a su lucha tenaz y la organización democrática en la propia dependencia, describen las nuevas directivas que llegan desde la Secretaria Martínez: “Quieren hacer una especie de shopping de la mujer maltratada que llega, hace la denuncia, pasa a otra sala y le ponen el DIU y mientras hace todo eso puede dejar a los chicos en la sala cuna”. Como si la situación de violencia se revirtiera con algunos trámites burocráticos.
La propia Secretaria Martinez se encarga de aclarar que esa será la dinámica del flamante Polo Integral: “Este es el lugar donde puedan venir todas las mujeres que sufren la violencia, para recibir la atención médica o psicológica, para que puedan estar sus hijos acá ya que hay una sala cuna y también se le va a agregar a este polo la presencia de los juzgados correspondientes por parte del poder judicial”.
La familia, ¿en perspectiva de género?
La violencia contra las mujeres se ejerce sistemáticamente de diferentes formas bajo este sistema capitalista, y el femicidio es el último eslabón de una cadena de violencias cotidianas que va desde lo material hasta lo simbólico. El plan “PorlaFlía”, que complementa y le da fundamento ideológico a la política del schiarettismo, lejos está de cuestionar los prejuicios y sentidos comunes que le dan socialmente un lugar subordinado a las mujeres. Para Alejandra Vigo, esposa del gobernador y Secretaria de Equidad y Promoción del empleo, la política que desplegará la gestión apunta a la familia como institución capaz de “recuperar el entramado social”.
En primer lugar, el gobierno provincial concibe a la familia como heterosexual y monogámica. “La familia es y será el grupo natural al servicio de las personas más apto para proporcionar la satisfacción de aquellas necesidades básicas y lograr el auténtico bienestar”, afirman. Aquello que las leyes de Matrimonio Igualitario y de Identidad de Género consagran como derecho instituido hace algunos años, después de innumerables luchas del colectivo LGTTTBI, le es ajeno. La homofóbica afirmación del gobernador en el discurso de presentación, sentenciando que aquel que le pega a las mujeres es “poco hombre”, aclarando que “cuando digo poco hombre no hablo de preferencia sexual”, hace evidente que la perspectiva de género en su lucha “contra la violencia de género” brilla por su ausencia. No sólo se silencia que hay familias de parejas homosexuales, transgénero, etc, sino que además se desconocen deliberadamente nociones básicas del feminismo, sosteniendo la “naturalidad” y no el carácter social y por lo tanto histórico (es decir, pasible de ser transformado) de cualquier institución familiar.
Trabajo “invisible” y ganancias patronales
Como aditamento a lo anterior, sostienen que “el gobierno de la provincia de Córdoba entiende que en la familia, la mujer es el sostén moral que desde el amor, asume el rol principal en lo económico y social; es transmisora de valores y la única capaz de reconstruir los vínculos rotos”.
Esta conceptualización oculta lo que todo gobierno defensor de los intereses patronales busca: que la carga de las tareas domésticas recaigan sobre la espalda de las mujeres.
El trabajo “invisible”, no remunerado, que consiste en que las mujeres resuelvan las “necesidades básicas” del grupo familiar (preparación de la comida, lavado de la ropa, cuidado de los menores y de las personas ancianas o enfermas); permite que millones de asalariadas y asalariados se levanten todos los días para ir a su trabajo, que a cada generación de asalariados le siga otra generación de asalariados, y que todos los miembros de la familia trabajadora que no son “productivos” (como las personas enfermas y ancianas) para el capitalismo, sean mantenidos sin que la patronal tenga que gastar un peso. En síntesis, mayor ganancia para el capital.
Una familia a medida de la que pretenden Schiaretti, Vigo y Martínez, lejos de liberar a las mujeres, las “esposa” aún más a la cadena de violencias cotidiana que significa la sujeción a un rol social estereotipado que le quita las horas de ocio y esparcimiento, que les impide el desarrollo personal, agobiadas por todas esas tareas. Es casi imposible que las mujeres en estas condiciones puedan lograr “el auténtico bienestar” de ellas mismas o sus familias.
Esto se ve agravado cuando las mujeres trabajan y además siguen haciéndose cargo de las tareas hogareñas (porque su salario no les alcanza para pagar niñera, lavandería o ayudantes para la cocina), ya que ello significa que se agregan aproximadamente 5 horas de trabajo a cada jornada laboral fuera de la casa. Además, el 54 % de las mujeres que trabajan en la Argentina lo hacen bajo condiciones de precariedad o directamente en negro, por lo cual la jornada laboral excede largamente las 8 h.
La violencia del estereotipo
Es claro que el rol económico y productivo de la mujer le da la importancia que ocupa en el seno familiar, y no sus rasgos “morales” que tampoco son “naturales”. La afirmación contraria no hace más que fortalecer el sentido común que indica que las mujeres son más “sensibles” y “sentimentales” y que por ello, espontáneamente, desde el amor asumirían el rol familiar a la que la sociedad patriarcal desde hace siglos la tiene confinada.
Nuevamente, el gobierno revictimiza a las mujeres convirtiéndolas en destinatarias de una violencia simbólica que las responsabiliza como “transmisora de valores y la única capaz de reconstruir los vínculos rotos”, aún a costa de la violencia que contra ellas pueda ejercerse también en el ámbito más inseguro para las mujeres: su propia casa. Pobre rol se les atribuye a los varones, además, que no serían capaces de nada de lo anterior, es decir, amar y cuidar a sus hijos y a su pareja, compartir el rol de mantener económicamente a la familia, hacerse cargo de pensar y actuar para resolver situaciones conflictivas y por lo tanto, mejorar los vínculos en el seno familiar y con la comunidad, entre otros roles sociales que deberían pensarse por fuera de cualquier estereotipo de género.
Ante tanta evidencia junta, sigue siendo imprescindible la organización independiente las y los oprimidos, junto a nuestros compañeros trabajadores y la juventud, para defender y conquistar nuestros derechos como mujeres.

Laura Vilches
Concejala PTS - FIT Córdoba. Legisladora provincial (mandato cumplido) PTS-FIT Córdoba. Docente. Miembro de la dirección nacional del PTS y de la Agrupación de Mujeres "Pan y Rosas".