Alejandro Vilca Diputado PTS/FIT Jujuy | @vilcalejandro
Jueves 26 de mayo de 2016 02:51
DESDE LA llegada del Frente Cambia Jujuy (UCR-Frente Renovador) al gobierno, no han cesado un solo día en el atropello de los más elementales derechos democráticos de los trabajadores, la juventud y el pueblo pobre. El primer paso de Gerardo Morales fue constituir una justicia adicta, ampliando el número de jueces para tener una mayoría automática. A partir de ahí se inició una campaña permanente buscando demonizar cualquier reclamo de los trabajadores, para dejar las manos libres a las patronales y el Gobierno en los planes de ajuste y despidos.
El segundo paso fue el escandaloso encarcelamiento de Milagro Sala que lleva ya cuatro meses en prisión, primero por “tumulto” por un acampe y luego reactivando causas con más campaña mediá- tica que pruebas en la Justicia. Esto les sirvió como excusa para buscar disciplinar y poner “orden” al reclamo de los trabajadores, pretendiendo quitar legitimidad a cualquier lucha.
Morales despidió a 2000 trabajadores estatales, muchos de ellos afiliados a ATE, efectuaron despidos persecutorios en Agricultura Familiar, como el de Natalia Morales, que fue la tercera candidata más votada por el FIT; avalaron los despidos y suspensiones en Zapla del empresario vaciador Sergio Taselli, incluyendo el pedido de juicio oral contra el Sec. General, Víctor Aguirre, y los delegados gremiales Walter Calapeña y Julio Mamani, este último candidato a intendente por el FIT. Anunciaron 800 despidos en el ingenio La Esperanza, donde ya empezaron las suspensiones, como la del miembro de la Comisión Directiva, Silvio “Choper” Egüez, referente del FIT; se planea el cierre de Mina Pirquitas dejando a 600 familias en la calle; la obra pública y las cooperativas de viviendas paralizadas con miles de nuevos desocupados; detuvieron a tres miembros de la Directiva del SEOM, Adrián Mirkin, Santiago Seillant y Álvaro Sandoval, por un reclamo sindical, y se impuso un nuevo Código Contravencional represivo que apunta contra la juventud, la protesta y la pobreza.
Y la Justicia provincial avala mi expulsión arbitraria del SEOM pese a las presentaciones que hicimos con los abogados del CeProDH. Como contracara, el genocida Blaquier recibe con honores a Macri, los empresarios se sienten con más espaldas para despedir y ajustar a los trabajadores. Lo que Morales expresa desde su gobierno es una clara revancha de la clase empresarial contra los trabajadores y sectores populares que enfrentaron los ajustes en los 90 volteando a cinco gobernadores, tomaron tierras para resolver la falta de vivienda, hicieron control obrero en el ingenio La Esperanza y llegaron a poner ante la Justicia al genocida Blaquier.
En solo seis meses han transformado a Jujuy en un laboratorio del ajuste y la represión, que si triunfa, intentarán trasladar a nivel nacional. Así como el FPV tiene en Tierra del Fuego y Río Gallegos sus propios modelos de ajuste y represión, la UCR y el Frente Renovador compite con el gobierno de Macri en instaurar gobiernos anti populares. Los diputados del PJ-FPV, mientras acompañan los proyectos del oficialismo, están más preocupados en que no prosperen las causas de corrupción que caen sobre sus funcionarios ligados al exgobernador Fellner.
Hacen oídos sordos ante la persecución política y frente al plan de ajuste sobre el conjunto de los trabajadores en curso en la provincia. Desde el PTS en el FIT llamamos a la más amplia unidad para frenar la embestida del gobierno de Morales, apoyar cada lucha que den los trabajadores, reclamar la libertad de todos los presos políticos y el cese a las persecuciones, exigir el fin a la persecución a la juventud y la derogación del Código Contravencional y todas las leyes represivas.
