Economía. Uno de cada cuatro inquilinos no puede pagar el alquiler

La organización Inquilinos Agrupados realizó una encuesta en la Ciudad de Buenos Aires. Los resultados muestran la caída de los salarios, el aumento de los precios y que pese a la recienteLey de Alquileres, las amenazas de desalojo son moneda corriente.

La mitad de los inquilinos encuestado manifestó tener ingresos inferiores a los que percibió el mes pasado, motivo ineludible a la hora de planear si se llega a abonar el alquiler o no. La vivienda alquilada se encuentra en estado crítico

En relación al Decreto 320/20 - vigente hasta el 30 de septiembre, que congela alquileres y prohíbe desalojos- "es notable la desobediencia del mercado inmobiliario a cumplir con las normas públicas, aún en emergencia sanitaria inédita", señaló la agrupación. Los aumentos de precios y los desalojos crecen.

Tres de cada diez inquilinos sufrieron algún tipo de amenaza de desalojo y otro 30% no recibió el CBU obligatorio para poder transferir el pago del canon locativo; mientras que el 28% sufrió amenazas de desalojo o no renovación de contrato.

Ante la catástrofe económica que amenaza el bolsillo de los trabajadores y el pueblo pobre, es necesario un programa que incluya medidas de emergencia.

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Son necesarias medidas de fondo como un plan de obras públicas, que incluya la construcción de viviendas para dar respuesta a las millones de familias que se ven privadas de un derecho tan elemental como el acceso al techo propio. En ese sentido el diputado Nicolás del Caño del Frente de Izquierda Unidad presentó un proyecto de impuesto a las grandes fortunas en el Congreso el cual incluye la construcción de 100 mil viviendas a partir de los ingresos que se generarían con un impuesto de ese tipo.

Si se habla de salidas de fondo para el problema habitacional no se puede dejar de mencionar las grandes cantidades de hectáreas de las que son propietarios grandes holdings inmobiliarios, las miles de inmuebles ociosos o los grandes terrenos que le fueron donados a la Iglesia a lo largo de la historia por parte del Estado. Cuestionar la legitimidad en la posesión de de éstos inmuebles, que en casi su totalidad se encuentran ociosos o con fines especulativos, se hace esencial si se quiere pensar en el cumplimiento del derecho a la vivienda digna para todas las familias trabajadoras.

A su vez, impuesto extraordinario a las grandes fortunas, el desconocimiento soberano de la deuda junto a medidas de fondo como la nacionalización de la banca y el comercio exterior.