Se estima que en México existen 270 000 personas viviendo con VIH de las cuales 81 000 no lo saben. Uno de los mayores retos para el sistema de salud público, sigue siendo el diagnóstico oportuno, un reto en el que se retrocedió durante la pandemia.
Martes 17 de agosto de 2021
De acuerdo al Manual de Procedimientos Estandarizados para la vigilancia Epidemiológica de VIH, durante el 2020, 9,220 personas fueron diagnosticadas a nivel nacional, sin embargo, al revisar las estadísticas lo que salta a la vista es que por lo menos desde 2016, primer año que abarca la tabulación que se muestra, anualmente no se habían reportado menos de 13 mil nuevos casos en nuestro país.
Durante 2018 se reportaron 17,407 nuevos casos en todo el país, mientras que en 2019 el registro oficial muestra 17,216 nuevos casos. Lejos de una disminución de los casos, lo que expresa el registro, es que el año pasado se retrocedió gravemente en el diagnóstico oportuno aun cuando la propagación del virus no se detuvo.
Esto está directamente relacionado con la gestión de los recursos económicos y materiales en el sector salud, que en medio de la crisis sanitario tuvo que convertir varias de sus unidades hospitalarias para atención únicamente de Covid- 19 o detuvo la producción y distribución de antirretrovirales, sólo por mencionar algunos ejemplos.
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Otro factor determinante en el diagnostico oportunos, fueron la limitante de la movilidad, la pérdida de derechos laborales, como atención médica, así como la precarización de la vida que vivió la población de manera generalizada.
Violencia doméstica y VIH
Ángela Sepúlveda, directora de Procuración de Fondos de La Casa de la Sal, señaló que el 20% de los nuevos contagios registrados en el país pertenecen a mujeres y que la violencia domestica que aumentó durante la pandemia, generó condiciones aún más cruentas para la propagación del virus, pues muchas mujeres dejaron de tener la posibilidad de acceder a preservativos que permitieran prevenir el contagio.
En palabras de la directora, la violencia, exponenciada durante el confinamiento generó un "ambiente propicio para los contagios de VIH/sida y con el tema de la pandemia pasan varios fenómenos: el primero es que la violencia aumentó, la capacidad de las mujeres para negociar el uso adecuado de métodos de barrera es nulificado, existieron dificultades para el acceso a los servicios de salud y los relacionados para prevenir la violencia disminuyeron”.
Esta situación se vive de manera generalizada en el mundo, por lo que Sepulveda también comentó que ONUsida tuvo que modificar sus metas debido a la pandemia.
La intención era que para 2020 se lograra 90-90-90, es decir, que 90 por ciento de la población que vive con VIH sepa su diagnóstico, que 90 por ciento acceda a terapia antirretroviral y que 90 por ciento alcance la supresión viral, es decir que con el tratamiento puedan controlar la carga viral, que se vuelva indetectable, y así las posibilidades de transmitir el virus se nulifican. (…) Esas metas se afectaron por la pandemia y se pasaron para 2030, aumentando en cinco por ciento; ahora es 95-95-95.
Sepúlveda también reconoció que la mejor forma de frenar la letalidad de los contagios de VIH es mediante la aplicación de pruebas que permitan un diagnóstico y un tratamiento oportuno, situación que se ha visto mermada a nivel internacional por la pandemia.
En México, los pacientes contagiados de VIH, que durante la pandemia han exigido el acceso a antirretrovirales, son apenas un eslabón en una larga cadena de deficiencias en el sector salud que en el último año se han exacerbado.
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Las mujeres de la mano de las personas LGBT+, debemos seguir organizándonos para exigir el acceso a anticonceptivos de calidad, así como diagnósticos oportunos de enfermedades de transmisión sexual como el VIH o el VPH, cuya variante puede provocar Cáncer Cervcouterino, segunda causa de muerte entre mujeres en México.
Para garantizar esto, desde la Organización de Mujeres y LGBT+ Pan y Rosas exigimos que se destine mayor presupuesto al sector salud, disminuyendo el presupuesto que se destina a otros sectores como la Guardia Nacional o los megaproyectos. Sólo así se podrá garantizar el acceso al derecho a la educación sexual integral, la salud gratuita e irrestricto para todas y todos.

Mariel Ochoa
Estudiante de la FCPyS