Noventa familias esperan la entrega de su vivienda ubicada en la etapa 1 del barrio Pereyra Rosas, en la zona norte. Son parte de las 72.000 familias que en Salta no tienen una vivienda propia para vivir. Mañana volverán a reclamar en el IPV.
Jueves 10 de junio de 2021 11:19
Vecinos y vecinas de distintos barrios de la ciudad que están inscriptas hace años en el IPV, esperan hace 4 años la entrega de la vivienda que el Instituto Provincial de Vivienda les adjudicó y de la que ya pagaron una parte fija entre 2017 y 2019.
Según informó Eliana, una de las damnificadas, “las viviendas ya están listas y la inspección de la municipalidad de Salta aprobada. Eso es lo que nos dijo el ingeniero Panzeti que es el que está a cargo de la obra”.
Vecinos no saben aún qué parte es la que han pagado porque “no nos dan un importe final de la casa. Simplemente son cuotas mensuales durante 30 años. Cuotas de las que no tenemos el importe tampoco, eso es lo que tenemos que preguntar el viernes cuando volvamos al IPV porque esa información tampoco nos la dan. La entrega ya fue saldada hace más 2 años y medio, que es cuando terminaba el plazo. Si no llegabas ahí con la plata, te la sacaban”.
“Hay gente que vendió cosas, se metió en préstamos. Así como nos apuraron para pagar la entrega de la casa porque si no la perdíamos, nos dieron un plazo, ahora queremos un plazo de entrega para que podamos empezar a vivir con un techo propio. Ahora nosotros ya no podemos esperar más”, comentó Eliana.
“Solo falta que el gobernador Sáenz ponga una fecha. Nosotros no queremos quedar en el medio de la campaña política y que nos terminen entregando la vivienda en agosto, porque ya pagamos y hace meses están en condiciones. Primero nos habían dicho que las entregaban el año pasado, luego en enero, luego en marzo, y así nos van pateando la pelota. Vamos al barrio y la construcción y el acceso a los servicios ya está listo. Entonces, ¿por qué no nos entregan? No podemos esperar más. Hay familias que viven enteras en una habitación, hay gente que está esperando su casa adaptada por problemas de salud, familias numerosas que se inscribieron hace 30 años en el IPV. Esto es una burla y no podemos esperar más. Estamos en una situación de pandemia donde gente que perdió el trabajo no puede seguir pagando el alquiler, gente que perdió el trabajo. Somos todos familias trabajadoras, en su mayoría precarizadas”, contó la vecina.
En Salta son más de 72 mil las familias que necesitan un techo para vivir, situación que no se modifica año tras años. Políticos de turno, antes Juan Manuel Urtubey y ahora Gustavo Sáenz, saben de esa problemática y en lugar de impulsar un plan de obras públicas, de construcción de viviendas, que además generaría puestos de trabajo, aprueban las construcción de un puñado de viviendas que tardan años en ser entregados, no dando solución de fondo mientras garantizan la explotación de tierras a los amigos del poder y el desalojo de comunidades originarias en forma constante.
El año pasado vimos cómo, en el marco de la pandemia, miles de familias salieron a pelear por un pedazo de tierra para vivir. En el caso de Salta el desalojo a 8 mujeres víctimas de violencia machista que ocupaban con sus niños un terreno en San Lorenzo, escapando del agresor, se difundió por todo el país. Ahora, en La Lajitas, en el departamento de Anta, más de 500 familias permanecen ocupando un terreno desde mayo y Sáenz solo les manda la Policía.
